El Cels, Amnesty Internacional y Adhes se presentaron ante la ONU para reclamar por Sala

 El Cels, Amnesty Internacional y Adhes se presentaron ante la ONU para reclamar por Sala
Esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Amnistía Internacional realizaron un pedido de llamamiento urgente ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en favor de Milagro Sala. En la presentación   aseguran, con las pruebas correspondientes, que Milagro Sala está siendo privada de un juicio justo e imparcial y que se han desconocido sus derechos políticos como diputada del Parlasur.
En el escrito presentado ante el Grupo de Trabajo de la ONU, el CELS, ANDHES y Amnesty Internacional consideraron que con el fin de impedir el desarrollo de una protesta social de sectores populares en la provincia de Jujuy «se ha desarrollado una profusa y activa estrategia estatal de hostigamiento y persecución penal de referentes de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales». Según indicaron los representantes de los mencionados organismos, tanto la detención original como la orden de desalojo dispuesta son producto de una causa penal armada para criminalizar la protesta.
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Tras señalar el conjunto de irregularidades al momento y durante la prolongación de la detención irregular de la parlamentaria del Mercosur,  Gaston Chiller y Gabriela Kletzer del CELS, Mariela Bleski de Amnesty Internacional y Ana Laura Lobo y Daniel Weisemberg de ANDHES indicaron que con la nueva causa con la cual después de 14 días de estar presa el juez Gastón Mercau dispuso un nuevo pedido de detención, «se procura justificar una detención arbitraria que conforme surge de las resoluciones en el expediente tuvo como único origen el rechazo del Ejecutivo y Judicial de la provincia a la protesta de la Red de Organizaciones». En ese marco, indicaron que a pesar del cese de detención otorgado en la primer causa, «Milagro Sala nunca abandonó la Unidad Penal donde aún está alojada. Ello pues en paralelo a que el Juez resolviera su excarcelación en la causa originada en la protesta, ordenó su detención por otra en la que ahora se la acusa de defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita. En esta segunda causa, los estándares de prisión preventiva a analizar por el juez son los mismos que respecto a la causa por supuesta instigación y sedición. Es decir, su detención continúa siendo arbitraria, pero ahora sobre la base de un pretendido nuevo ropaje legal».
En el escrito, los firmantes dan cuenta de las irregularidades del proceso penal y la afectación al debido proceso que se han producido desde la detención de la dirigente social. «A Milagro Sala, en tanto referente de la protesta del grupo de organizaciones sociales se le han imputado vaguedades y se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que procure habilitar su detención. En este caso, no solo tuvo lugar la decisión de criminalizar la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte de calle, sino también una formulación general de la instigación al corte de una vía pública. Y además, se agrega el delito de sedición con una imputación peligrosa, vaga y arbitraria», indicaron.
En relación al incumplimiento de un juicio justo e imparcial, desde el CELS, ANDHES y Amnesty Internacional recordaron que el Comité de Derechos Humanos señaló que el derecho a la igualdad ante los tribunales, Cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley y subrayaron que el requisito de la competencia, independencia e imparcialidadde un tribunal -en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos- es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. En ese contexto aseguraron que «éste no ha sido el caso en la Provincia de Jujuy, en donde autoridades como el Fiscal de Estado y el propio gobernador, entre otros, se han manifestado públicamente sobre la situación de Milagro Sala, acusándola de ser responsable de sendos delitos e inclusive dando indicaciones de hasta cuando debería permanecer detenida. Estas manifestaciones públicas y el accionar del poder judicial en la provincia constituyen, asimismo, una clara violación al derecho que tiene toda persona a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. La presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio».
Los representantes de los organismos responsables de la presentación ante el Grupo de Trabajo de la ONU justificaron la misma: «Los visos de irregularidad que se han dado en este caso, desde la persecución contra el acampe en diciembre de 2015, la criminalización de la protesta social, la selectiva persecución penal contra la Sra. Sala que continúa privada de su libertad, la “selección” arbitraria del juez a cargo de la causa y del Fiscal encargado de la persecución penal al momento de la feria judicial, la interpretación arbitraria y no sustanciada que condujo a la imposición de una privación de la libertad, y las manifestaciones incriminatorias constantes de los más altos funcionarios de la provincia de Jujuy, constituyen elementos que suponen hoy un riesgo concreto de falta de imparcialidad de la justicia y de derecho a un juicio justo».
Por último, los organismos denuncian también el desconocimiento de los derechos políticos de Milagro Sala como diputada del Parlasur. «En este punto, volvemos a resaltar que Milagro Sala es miembro del Parlasur y que, conforme al art. 16 de la Ley 27120,goza de inmunidad de arresto. Hasta el momento, este hecho ha sido desconocido por la justicia provincial».

 

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