El cierre de Vialidad Nacional: la coartada perfecta del Mileísmo para desmantelar el Estado y tercerizar el país

El cierre de Vialidad Nacional: la coartada perfecta del Mileísmo para desmantelar el Estado y tercerizar el país


¿Vialidad cerró por ineficiencia o por ideología? El gobierno de Javier Milei, con Federico Sturzenegger como su ejecutor técnico, intenta convencer a la opinión pública de que el cierre de Vialidad Nacional es una medida racional, un ahorro, un paso hacia la eficiencia. Pero detrás del relato de la “reestructuración” hay algo mucho más profundo y peligroso: la destrucción planificada del Estado como garante de lo público y la entrega obscena de la soberanía a empresas privadas.

El «símbolo de la corrupción» o la excusa para la motosierra

Sturzenegger sostiene que Vialidad fue siempre un “aguantadero de militantes” y un “ícono de la corrupción kirchnerista”, tomando como excusa la causa contra Cristina Fernández. Pero el cierre de una institución con más de 90 años de historia, que construyó y mantuvo los corredores estratégicos del país, no se explica por un caso judicial ni por supuestos sobreprecios: se explica por un modelo económico que desea vaciar el Estado para que el capital privado pueda hacer y deshacer sin control ni regulación.

El oficialismo reduce el cierre a una simple operación contable: “las rutas cuestan menos si se tercerizan”. Pero no dice que eso implica pérdida de control, despidos masivos, precarización laboral y concentración de obra pública en manos de pocos grupos económicos, muchos de ellos cercanos al poder actual.

Vialidad no solo hacía bacheo

¿Solo cortaba pasto? ¿Solo tapaba baches? No. Vialidad Nacional planificaba, inspeccionaba, desarrollaba tecnología propia, formaba cuadros técnicos y garantizaba que las obras se hicieran bien. Al disolverla, el Gobierno se saca de encima uno de los últimos bastiones técnicos del Estado argentino, y lo hace en nombre de una supuesta “modernización” que es, en realidad, una reconversión regresiva hacia el viejo país de la obra pública privatizada y cartelizada.

¿Y ahora quién pavimenta las rutas del Norte?

El impacto para las provincias del NOA será demoledor. La Ruta 34, la 66, la 9 y la 40 son arterias vitales para el comercio, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias. ¿Qué pasa si esas rutas quedan en manos privadas y se concesionan con peajes impagables? ¿Quién controlará que esas obras se hagan? ¿Quién fiscalizará si se cumplen los estándares? Nadie. Porque el órgano de control será también una agencia tercerizada.

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¿Y qué pasa si no hay licitaciones? ¿O si se caen por falta de fondos? ¿Quién se hace cargo de los 30.000 km de rutas que no son rentables? Nadie. Porque no hay negocio para las empresas. Entonces, el norte profundo queda literalmente desconectado.

El drama jujeño: rutas sí, sueldos no

En Jujuy, Carlos Sadir dice que “Jujuy Construye”, pero con sueldos destruidos y hospitales sin insumos. Asumir obras de Vialidad Nacional sin financiamiento federal ni garantías soberanas es una locura. Es endeudar aún más a una provincia quebrada. Es firmar con una mano y hipotecar con la otra. El pueblo jujeño no quiere ver más rutas brillantes mientras se come arroz con té.

El relato de la eficiencia, el humo de la antipolítica

La narrativa de Sturzenegger es clara: achicar, eliminar, tercerizar. Pero no hay Estado moderno sin capacidad pública. La privatización de funciones clave no es eficiencia, es deserción del Estado. Y peor aún: es preparar el terreno para una matriz donde la vida, la seguridad y el territorio se subastan al mejor postor.

Y lo que viene es aún más grave: se plantea que los propios empleados de Vialidad se «autogestionen» como empresas privadas. Es decir, que acepten su despido, renuncien a su estabilidad y luego pidan ser contratados por la misma estructura que los despidió. Una trampa laboral con disfraz de emprendedurismo.


Conclusión:

El cierre de Vialidad Nacional no es un simple ajuste: es una amputación institucional. Es la coartada ideológica de un gobierno que no cree en lo público. Es un golpe a la infraestructura federal, al trabajo estatal calificado y a las provincias que dependen de una red vial sostenida por décadas. Y es, también, un mensaje para todos: «el Estado no te cuida más». A partir de ahora, que cada quien se salve como pueda… si puede.

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