El dilema de las provincias ante el ajuste centralista: ¿Federalismo en extinción?

Mientras la Casa Rosada avanza con el serrucho en mano sobre los ingresos coparticipables que por ley deben llegar a las provincias, el equilibrio fiscal en el interior argentino cruje peligrosamente. La reciente eliminación de un nuevo impuesto coparticipable por parte del gobierno de Javier Milei—sin que se hayan reducido a su vez los tributos nacionales exclusivos—ha encendido las alarmas en las gobernaciones, que ya advierten: el federalismo está siendo vaciado desde adentro.

La dependencia y el ahogo financiero

Para provincias como Jujuy, con una matriz productiva limitada, escasa recaudación propia y alta dependencia de la coparticipación federal (más del 80% de sus ingresos provienen de estas transferencias), el golpe es directo al corazón. Si el gobierno nacional recorta sistemáticamente los fondos sin establecer mecanismos de compensación ni mejorar la coparticipación primaria, el destino de estas jurisdicciones se vuelve insostenible.

Jujuy—como muchas otras provincias del Norte Grande—no cuenta con una base impositiva sólida ni con economías diversificadas que le permitan generar ingresos propios de manera autónoma. La consecuencia de los recortes es inmediata: ajuste, despidos, congelamiento de la obra pública y una alarmante pérdida de poder de gestión política.

De la promesa de libertad al centralismo fiscal

Paradójicamente, el gobierno que se autoproclama defensor de la “libertad” económica, ejecuta desde el centro un recorte compulsivo que socava la autonomía provincial. En nombre del déficit cero, la Casa Rosada conserva todos sus impuestos, mientras obliga a los gobernadores a absorber el impacto político del ajuste. Ellos deben recortar sueldos, eliminar subsidios y suspender proyectos, quedando expuestos y debilitados frente a sus pueblos.

Esta dinámica produce una peligrosa consecuencia política: los gobiernos provinciales pierden legitimidad y margen de acción, mientras el poder se concentra cada vez más en la Nación. En los hechos, no hay un Estado más delgado sino más autoritario, que se apropia de recursos y decide quién se salva y quién cae.

Un federalismo decorativo

Lo que se vive hoy es una inversión del contrato constitucional: ya no son las provincias las que delegan parte de su soberanía para construir una Nación, sino una Nación que les arrebata su autonomía, las degrada al rol de unidades administrativas y las empuja a la obediencia forzada.

El federalismo se vuelve decorativo, simbólico, sin capacidad real de decisión. Y esto no es una discusión menor: está en juego la cohesión territorial, la paz social y la democracia representativa. En la historia argentina, cada vez que el centralismo se impuso con brutalidad económica, el resultado fue pobreza extendida, conflictos sociales y crisis de representación.

¿Y ahora qué?

La pregunta es urgente: ¿Qué futuro pueden construir las provincias si cada día reciben menos, pero se les exige más? ¿Cómo sostener políticas públicas, salud, educación, obra pública o incentivos productivos si no hay recursos ni respaldo?

Frente a este escenario, los gobernadores deberán tomar una decisión estratégica: o resignan sus proyectos y su poder, o construyen alianzas horizontales para defender un nuevo pacto fiscal federal que les devuelva capacidad de acción y protagonismo.

En el caso de Jujuy, el riesgo es aún mayor. La provincia ha apostado en los últimos años a la reconversión energética, el litio y el turismo, pero esos proyectos requieren infraestructura, inversión estatal y planificación a largo plazo. Sin recursos, todo ese potencial puede desmoronarse como castillo de naipes.

Conclusión

El destino de las provincias está en una encrucijada. O luchan por recuperar su autonomía o serán arrastradas por la lógica del ajuste eterno. Porque no hay república sin federalismo real, ni democracia efectiva con provincias arrodilladas.

La historia lo demuestra: cuando las provincias se empobrecen, se empobrece la Nación. Y si el gobierno nacional no lo entiende, tarde o temprano también pagará el precio de una política de tierra arrasada.