Redacción Perico Noticias // El anuncio del gobierno nacional de dar fin a la moratoria previsional el próximo 23 de marzo ha puesto en el centro del debate la crisis estructural del sistema jubilatorio argentino. Las cifras son demoledoras: solo una de cada diez mujeres podrá acceder a la jubilación a partir de abril, mientras que entre los varones, el porcentaje asciende apenas al 30%. Esto no solo refleja la precarización laboral y la informalidad, sino también un modelo que excluye a millones de argentinos del derecho a una vejez digna.
Un sistema que excluye a los más vulnerables
La moratoria previsional, implementada hace años, permitió a miles de personas que no contaban con los aportes necesarios acceder a una jubilación mínima. Este mecanismo era especialmente relevante para las mujeres, quienes suelen enfrentarse a trayectorias laborales discontinuas debido a responsabilidades familiares y la falta de acceso a empleos formales.
Sin la moratoria, el sistema deja expuestas las profundas desigualdades estructurales del mercado laboral argentino. En el caso de las mujeres, históricamente relegadas a empleos informales o no remunerados, esta medida representa una barrera insuperable para acceder a la seguridad social.
El impacto del empleo no registrado y la reducción de contribuciones patronales
El empleo no registrado sigue siendo uno de los mayores problemas del sistema laboral argentino. Según los últimos datos, más del 35% de los trabajadores se encuentran en la informalidad, lo que significa que no realizan aportes previsionales. La situación es aún más grave en el caso de las mujeres, con sectores como el trabajo doméstico representando el grueso de la economía informal.
Además, la rebaja de contribuciones patronales, una política que busca «incentivar la creación de empleo», ha debilitado aún más los fondos del sistema previsional, poniendo en riesgo su sostenibilidad. Este enfoque económico, si bien tiene objetivos legítimos, ha generado un déficit crónico que obliga al Estado a intervenir con transferencias presupuestarias.
La mirada política: ¿hacia dónde vamos?
Desde el punto de vista político, esta decisión puede tener un costo significativo. En un contexto donde la canasta básica supera el millón de pesos y más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, la imposibilidad de acceder a una jubilación será percibida como una señal de abandono del Estado. Esto podría reforzar la narrativa de un gobierno alejado de las necesidades del ciudadano común, especialmente de los sectores más vulnerables.
En términos de estrategia, el gobierno enfrenta un desafío enorme. Si bien argumenta que la eliminación de la moratoria busca «ordenar las cuentas públicas», el costo social de esta decisión puede ser devastador. A medida que las elecciones se acercan, la oposición seguramente capitalizará este tema para cuestionar la empatía y eficacia de la administración actual.
¿Qué se puede hacer?
La crisis previsional requiere un replanteo profundo y estructural. Algunas alternativas podrían incluir:
- Formalización del empleo: Implementar políticas efectivas para reducir la informalidad laboral, asegurando que más trabajadores realicen aportes al sistema.
- Equidad de género en el mercado laboral: Crear programas específicos para mejorar el acceso de las mujeres a empleos formales, con medidas como licencias parentales equitativas y mayor inversión en cuidado infantil.
- Fortalecimiento del sistema contributivo: Revisar la estructura de aportes y contribuciones para garantizar la sostenibilidad del sistema sin depender exclusivamente de transferencias estatales.
- Flexibilización para la jubilación: Diseñar esquemas híbridos que permitan combinar años de aportes con reconocimientos por tareas no remuneradas, especialmente en el caso de las mujeres.
Un sistema en deuda con la sociedad
La posibilidad de que millones de argentinos queden fuera del sistema previsional pone en evidencia la fragilidad de un modelo que no ha sabido adaptarse a los cambios del mercado laboral ni a las necesidades de la población. La eliminación de la moratoria podría ser el principio de una crisis mayor si no se toman medidas para garantizar el acceso universal a una jubilación digna.
La pregunta central es: ¿está Argentina condenada a perpetuar un sistema que deja atrás a los más vulnerables, o es este el momento para un cambio profundo y estructural? El futuro del país depende de la respuesta a esta encrucijada.
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