Con el reciente anuncio del gobierno nacional sobre la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., la discusión sobre el fin del estado empresario ha cobrado fuerza en todo el país. Este enfoque, impulsado por la administración de Javier Milei, busca reducir el tamaño del Estado, eliminar el gasto deficitario y lograr un equilibrio fiscal. En este contexto, Jujuy, bajo la conducción de Carlos Sadir, se enfrenta a un dilema similar respecto al futuro de sus propias Sociedades del Estado (SE).
Durante años, el modelo de estado empresario en Jujuy ha sido cuestionado por su ineficiencia y su carga sobre los contribuyentes. Las sociedades estatales, creadas con la intención de gestionar áreas estratégicas de la economía provincial, han terminado en muchos casos generando pérdidas que se cubren con dinero público. En lugar de operar como motores de crecimiento, estas empresas han acumulado déficit que hoy, en medio de una crisis económica nacional, resulta insostenible. Los jujeños, a través de sus impuestos, han soportado el peso de estas pérdidas, lo que ha generado crecientes críticas al modelo.
Carlos Sadir, quien asumió la gobernación con la promesa de sanear las cuentas públicas, tiene frente a sí un reto complejo: decidir si continuar con estas Sociedades del Estado, reformarlas o simplemente cerrarlas. En un escenario donde el equilibrio fiscal es una prioridad impostergable, la decisión sobre qué hacer con las SE de Jujuy podría marcar un punto de inflexión en la política económica de la provincia.
El Modelo Empresario Estatal en Crisis
Desde la década de los 90, Argentina ha sido testigo de múltiples intentos de privatización de empresas estatales, con resultados diversos. El gobierno de Milei ha retomado ese camino, esta vez con un enfoque más radical, buscando desmantelar por completo el modelo de estado empresario. La lógica detrás de esta política es clara: reducir el tamaño del Estado, eliminar el gasto en empresas ineficientes y abrir sectores clave al capital privado.
En Jujuy, este paradigma también debe ser evaluado. Las Sociedades del Estado provinciales, que abarcan sectores como la energía, el transporte y la infraestructura, se enfrentan a una realidad compleja: la mayoría de ellas son deficitarias. Los ingresos que generan no cubren sus gastos operativos, y su viabilidad económica es puesta en duda. En un contexto de ajuste fiscal, la pregunta es inevitable: ¿tiene sentido que el Estado siga gestionando estas empresas, o es hora de transferirlas al sector privado o, en su defecto, cerrarlas?
El Desafío de la Privatización en Jujuy
Para Jujuy, la privatización de las SE podría ser una solución que alivie las finanzas públicas, pero también plantea serios desafíos. A corto plazo, privatizar implica la búsqueda de inversores dispuestos a hacerse cargo de empresas que, hasta ahora, han demostrado ser poco rentables. El contexto económico nacional, con alta inflación, restricciones cambiarias y una falta de confianza en el mercado, dificulta la atracción de capital privado. Además, la privatización de servicios esenciales como la energía o el transporte podría generar preocupación en los ciudadanos, temerosos de un posible aumento de tarifas o deterioro en la calidad de los servicios.
Sin embargo, mantener el status quo también es riesgoso. Continuar con un estado empresario deficitario implica seguir drenando recursos públicos, en detrimento de otras áreas clave como la salud, la educación y la seguridad. La gestión estatal ha demostrado ser ineficiente en muchos casos, y el costo de sostener estas empresas es cada vez más insostenible.
Reflexiones desde la Economía
Para los economistas, la situación de Jujuy no es única. Muchas provincias en Argentina enfrentan el mismo dilema. Según expertos, la solución no es simplemente privatizar por privatizar, sino encontrar un modelo que permita a las empresas ser viables y que el Estado no termine subsidiando las ineficiencias. Esto podría implicar, en algunos casos, la venta de parte de las acciones al sector privado, o la búsqueda de modelos mixtos de gestión, donde el Estado mantenga cierto control pero con criterios empresariales más estrictos.
En el actual contexto económico argentino, con un Estado que busca equilibrar las cuentas y un sector privado que aún desconfía de la estabilidad económica, cualquier decisión debe ser tomada con cautela. Jujuy, bajo la conducción de Carlos Sadir, tiene la oportunidad de liderar un proceso de transformación que no solo alivie las finanzas provinciales, sino que también establezca un modelo más sostenible de gestión empresarial.
El fin del estado empresario en Argentina es una realidad que ya comenzó a concretarse a nivel nacional, y Jujuy no puede mantenerse al margen. El futuro de las Sociedades del Estado provinciales dependerá de la capacidad del gobierno de Sadir para encontrar soluciones viables y equilibradas, que no solo beneficien a las arcas públicas, sino también a los ciudadanos que, en última instancia, son quienes han pagado con sus impuestos los saldos negativos de estas empresas.
