El gobierno busca controlar la inflación, con una Empresa Nacional, pero no convence

La decisión de la Casa Rosada de poner en la agenda oficial la creación de una nueva empresa estatal que regule los precios de los alimentos no solo sorprendió al sector privado, sino también a más de un encumbrado funcionario de Ministerios como los de Economía, a cargo de Martín Guzmán, cancerbero de las cuentas públicas, como en Agricultura, donde Julián Domínguez está abocado a reordenar la política agropecuaria.

Sin un plan económico a la vista, tal como dejó en claro la gestión de un acuerdo con el FMI, tampoco se constatan acciones conjuntas entre Ministerios para frenar la inflación. Por ello, muchos consideran que resulta difícil pensar que con medidas aisladas se lograra contener el ajuste continuo que exhibe el costo de vida.

En las empresas agropecuarias, bioindustriales y staff de especialistas en el rubro, las medidas adoptadas por Alberto Fernández para sujetar los precios no reportan una política clara ni prever un escenario para sostener la idea de una recuperación económica que requieren las cuentas públicas.

En este sentido, ahora el planteo de crear una nueva empresa estatal, pedida por Desarrollo Social, que regule precios en los alimentos habla a las claras de la falta de un trabajo conjunto entre ministerios. El empresariado, muchos lo hacen público ya desde las cadenas de valor, no para de reclamar la presentación de un programa económico que contenga las necesidades de enfrentar la inflación de un modo más legítimo y explícito.

Sin parches como los programas de precios, que les crean desmanejos a futuro entre sus precios y costos. Para la Rosada, quizás le juega en contra la debilidad que tiene políticamente el propio Alberto Fernández, para lograrlo y contener las pujas y pretensiones internas que sabe mostrar cada cuadro político que integra el Frente de Todos. Hoy, con tolerancia interna y un marcado alto al fuego tras los resultados obtenidos en la última elección legislativa de noviembre de 2021.

Sin duda hay intercambio de ideas y pareceres entre figuras como Roberto Feletti, en Comercio Interior; Matías Lestani, flamante secretario de Agricultura, rol que le concedió Domínguez tras situarlo como interlocutor con sus pares de Comercio y Desarrollo Productivo. En parte por su capacidad técnica y económica para ver en números la economía del campo tras su paso por CRA.

Sin embargo, a esas mesas o charlas de café, también llegan las propuestas del área de Juan Horacio Zabaleta, cartera que lleva varios temas a la vez vinculados al trabajo de cooperativas y organizaciones sociales gestoras de alimentos.

Tal como confirmó la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, ahora cobra fuerza la decisión de la Rosada de poner en agenda oficial la discusión de crear o no una nueva empresa estatal que intervenga en el rubro alimentos. La Empresa Nacional de Alimentos fue promovida públicamente por Klejzer, funcionario y colaborador de Zabaleta en Desarrollo Social. También referente de organizaciones sociales que operan en barrios humildes del Gran Buenos Aires.

Para Klejzer, programas como Precios Cuidados, son «importantes» pero «actúan en soledad», y por ello a su juicio estas acciones requieren medidas adicionales y complementarias. Como la creación de la ENI.

Empresa Nacional de Alimentos: fuertes críticas

Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la Nación del 2015 al 2017, aseguró a iProfesional que el proyecto que evalúa la Casa Rosada de crear una Empresa Nacional de Alimentos «no resuelve» la problemática del encarecimiento del costo de vida en la Argentina, y exhibe que «la gestión de Alberto Fernández, es un gobierno sin plan, sin rumbo ni autoridad, y que deambula explorando soluciones que nunca llegan a buen fin».

El actual diputado nacional (UCR – Formosa) aseguró que el proyecto de crear una nueva empresa estatal que fije precios testigo para los alimentos «son iniciativas tales como la IAPI, que funcionó de 1946 a 1955, en la época de Juan Domingo Perón, y conforman propuestas que no resuelven el problema de los precios e incrementa más burocracia en el sector público, que se paga con más impuestos».

«El problema de los precios de la economía, no lo crea el productor sino la actual estructura tributaria y la inflación que tiene Argentina», dijo Buryaile. También aseguró que los colaboradores de la Casa Rosada «buscan recetas viejas y perimidas para solucionar problemas actuales: adoptarlas es un fracaso anticipado, como lo fue el Cepo a la Carne, y restricciones a exportar, incluso planes como Precios Cuidados y Precios Máximos. La intervención estatal es más fracaso y gasto público».

Otro ex ministro, Luis Miguel Etchevehere, responsable de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca de finales del 2017 al 2019, consignó también que «está comprobado que este tipo de iniciativas, fracasan».

«Los productores grandes, medianos o chicos necesitan que haya una moneda estable, que no se devalúe a diario, que no haya inflación y que se reduzca sensiblemente la presión impositiva. Los fideicomisos como el del aceite y el que quieren crear en el caso del trigo y el maíz, solo perjudican al productor», expresó Etchevehere en declaraciones a iProfesional.

También Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, consideró que la propuesta que se promueve desde el Ministerio de Desarrollo Social «no tiene ningún fundamento económico o comercial serio, que es pretender bajar la inflación con medidas puntuales como las que viene promoviendo (el secretario de Comercio Interior, Roberto) Feletti ya desde hace tres meses».

«Allí mes a mes, Feletti fracasa rotundamente porque se adoptan medidas parciales que no tienen en cuenta el sistema comercial argentino, y tampoco el principal fenómeno que es la inflación, el problema es macroeconómico. Así las medidas puntuales son insuficientes y el destino de una nueva empresa como la ENI es el fracaso, como toda la política de control de precios que ha adoptado la administración de Alberto Fernández», explicó a este medio Regúnaga, quien también otrora fue secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación.

El problema no son los precios de los alimentos

Al respecto, David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, un conocedor del desempeño que puede tener el sector agroindustrial, planteó que «el problema no son los precios de los alimentos, sino el valor que tienen los pesos».

«¿Y si en lugar de una Empresa Nacional de Alimentos hacen una Empresa Nacional de la Moneda argentina? Bueno para eso está el Banco Central. Si eso hicieron con los pesos que circulan en la calle, hay que imaginarse qué harían con los alimentos», disparó Miazzo, para plantear que el problema inflacionario es monetario y no productivo.

Por ello, fuera de los despachos oficiales, se objeta que la ENI crearía más burocracia, gasto público y no se resolvería el alza en los precios. Algo que comprobaron políticas similares adoptadas por caso en México, Brasil e incluso en Venezuela.

Dentro de los despachos públicos optan por una posición más moderada, sabiendo que el debate interno dentro del Frente de Todos, siempre deja más heridos y la concreción de políticas.

Incluso pocos se sumaron a la posición expresada por el propio presidente Alberto Fernández, antes de su último viaje a Rusia y China, donde expuso públicamente sus objeciones a la «concentración» que exhibe el mercado de los alimentos en la Argentina, aunque claro sin dar detalles de qué tipo de políticas se podrán en marcha para frenar dicha tónica comercial.

Diferentes experiencias para controlar la inflación en el pasado, fracasaron

Entre los opositores, están los que recuerdan la falta de efectividad que supo proponer el antiguo Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que a través del decreto ley 15.350 en mayo de 1946 se promovió este organismo para intervenir en la compra venta de materias primas y que fue disuelto tras el golpe de Estado de septiembre de 1955 que destituyó a Perón. El rol central del IAPI era monopolizar el comercio exterior de carne y granos, principalmente trigo para atar el precio de productos como el pan y la harina.

Un poco más atrás en el tiempo nos debemos remontar al funcionamiento, con facultades similares, la regulación que imponía la Junta Nacional de Granos, que fue creada en 1933 y que oportunamente fue transformada en el IAPI durante la gestión del peronismo en el ’46. No hace tanto, sectores del Frente de Todos, fundamentalmente en el kirchnerismo, e inclusive dentro del massismo, avalaban su recreación.

Asimismo, la propuesta de crear una Empresa Nacional de Alimentos llega a la Casa Rosada desde Desarrollo Social, cartera a cargo de Juan Zabaleta. En este ministerio, desde que fue ocupado por el fallecido Mario Cafiero, se ocuparon de temas tales como dar solución a la crisis de SanCor o bien tender a la expropiación de una trader ganaria como Vicentin.

Empresa Nacional de Alimentos: el objetivo oficial

Para funcionarios como Rafael Klejzer, de Desarrollo Social, resulta vital ampliar las herramientas de las que dispone el Estado para actuar en materia de precios en el mercado. Buscando crear una empresa estatal como formadora de precios en los alimentos. Así es como llega la propuesta desde el área de Zabaleta a la Rosada. Sin mucho análisis por parte de otros ministerios como Agricultura o incluso en Desarrollo Productivo.

Al presentar su propuesta públicamente, Klejzer considera que la ENI le pondría un límite a la estrategia de precios que generan «diez empresas de alimentos, que determinan los precios» de la economía doméstica, y que según su visión inciden de modo directo sobre el bolsillo de la población.

Según Klejzer, hacen falta proyectos superadores para dar soluciones definitivas al encarecimiento del costo de vida que presenta la Argentina. Para el funcionario, «el programa de Precios Cuidados (que promueve Roberto Feletti, desde Comercio Interior) es muy importante pero plancha los precios. Allí deben intervenir también las provincias y municipios, para que la lucha no sea en soledad» desde una repartición oficial. El funcionario consideró además que se deben adoptar nuevas medidas gubernamentales para «fortalecer la competencia».

«El precio de la mercadería en Argentina es político –estimó Klejzer-, y no tiene nada que ver con el stock; el precio del tomate no es un tema de falta de stock, sino de avaricia. Hay que construir una correlación de fuerzas, tiene que haber una decisión política, hay que encontrarle el agujero al mate. Así que es muy importante la Empresa Nacional de Alimentos, porque se empieza así a discutir más allá del precio: hay que discutir soberanamente qué precio abaratás en las mesa de los argentinos».

Sin duda la posición de la Casa Rosada, quizás para evitar hablar de otros temas, fue abrirse al debate interno y público, tal como pasó con casos como Vicentin o SanCor, en áreas gubernamentales vinculadas a la política de alimentos en general. También se debe tener en cuenta lo sensible que puede ser el tema para determinadas áreas del gobierno, sabiendo que se puede perder espacio vital y político. En Agricultura sin más, el rol que tendría la ENI podría superponerse con acciones que ya se llevan adelante con programas como Cambio Rural, Agricultura Familiar o bien el FONDAGRO.

Estas áreas, año a año ven achicar su presupuesto. Al crecer la inflación y mantenerse sin ajustar los fondos disponibles. Este tipo de cuestiones de índole de espacio político, supo generar diferencias entre el área a cargo de Julián Domínguez y que concluyó con el alejamiento de funcionarios como Paula Español (en Comercio Interior) y Carlos Alberto Paz y Carlos Milicevic (en el SENASA).