El Gobierno Nacional presentó un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo que promete dinamizar el sector privado y fomentar la absorción de empleados públicos por parte de las empresas mediante incentivos fiscales. Sin embargo, en Jujuy, esta iniciativa pone en evidencia un desafío estructural: gran parte de los empleados públicos no están capacitados para insertarse en el ámbito privado, lo que obliga a repensar un ajuste enfocado en sectores estatales improductivos.
La iniciativa, que incluye beneficios como la devolución anticipada de IVA, desgravación de derechos de exportación y subsidios escalonados según el tamaño de las empresas, busca aliviar las cargas fiscales y facilitar la creación de empleo formal. No obstante, en una provincia como Jujuy, donde el aparato estatal ha crecido desmesuradamente y muchas áreas públicas operan sin aportar valor productivo, el desafío no se limita a fomentar la contratación de personal por parte del sector privado, sino a reducir una «casta» estatal que, en muchos casos, no justifica su existencia.
Empresas estatales que no son rentables, estructuras burocráticas sobredimensionadas y recursos humanos que no contribuyen de manera efectiva al desarrollo económico provincial son parte del problema. En este contexto, el ajuste debería enfocarse no en los empleados públicos de base, sino en sectores improductivos que acumulan años de ineficiencia. La posibilidad de licuar empresas estatales que no redistribuyen ni generan rentabilidad se perfila como una alternativa urgente para aliviar la carga del Estado jujeño.
Carlos Sadir, quien firmó el Pacto de Mayo comprometiéndose a reducir el tamaño del Estado, enfrenta ahora una decisión clave: avanzar en un ajuste profundo que ataque las verdaderas fuentes de ineficiencia y permita liberar recursos para el desarrollo privado y social. Hasta ahora, los pasos concretos en esa dirección han sido limitados, pero este proyecto de ley podría ser la herramienta que habilite cambios estructurales en la provincia.
Con incentivos claros para el sector privado y un énfasis en la formalización del empleo, la iniciativa del Gobierno Nacional representa una oportunidad para reestructurar el Estado en Jujuy. Sin embargo, los ajustes no deben recaer únicamente en los empleados públicos de base, sino en áreas y sectores que históricamente han operado como feudos improductivos, drenando recursos sin aportar al desarrollo provincial.
La necesidad de modernizar y racionalizar el Estado es ineludible. En Jujuy, la prioridad deberá ser un ajuste en la casta burocrática y la eliminación de empresas públicas que no cumplen funciones redistributivas ni productivas. De lo contrario, cualquier intento de transformación corre el riesgo de fracasar antes de comenzar.
EP
