En el marco de las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025, el gobierno de Milei cuenta con un fondo de 5.000 millones de dólares de organismos multilaterales destinado a la obra pública en las provincias. Estos fondos, que solo pueden ser liberados con la firma del Ministerio de Economía, se convierten en una herramienta clave de poder, ya que permitirán al gobierno condicionar la voluntad de los gobernadores. En un año electoral, esta «chequera» ofrece a las provincias la posibilidad de acceder a recursos cruciales para proyectos de infraestructura, alineando así a los gobernadores con el Ejecutivo y asegurando los votos necesarios para aprobar el presupuesto en el Congreso.
Este poder centralizado en el gobierno nacional podría tener un impacto directo en la UCR de Jujuy, que enfrenta un desgaste absoluto de su clase dirigente, bajos salarios y un fracaso en la propuesta de cambio de matriz productiva. Como provincia altamente dependiente del estado y con un mercado privado acotado, Jujuy sufriría especialmente bajo las nuevas reglas de contención del gasto público aprobadas en el Presupuesto 2025. El nivel de endeudamiento de la provincia y su incapacidad para generar ingresos sostenibles profundizarían su crisis, lo que podría llevar a la UCR a perder representatividad en ambas cámaras y a ceder el poder en las elecciones de 2025, ante la LLA o el peronismo, que capitalizarían la desaprobación generalizada.
