El Gobierno argentino ha cerrado un acuerdo con el Banco Mundial para tomar una deuda de US$ 2.000 millones, destinada a financiar subsidios en sectores clave como el transporte y la electricidad, principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida busca mantener la accesibilidad a estos servicios esenciales, en un contexto de inflación creciente y presiones económicas.
El monto, que será utilizado para sostener el esquema de subsidios que favorece principalmente a los habitantes del AMBA, ha generado críticas de diversos sectores. Si bien el gobierno defiende la medida como una forma de garantizar que los sectores más vulnerables puedan seguir accediendo a servicios básicos, los opositores cuestionan la sostenibilidad de este tipo de endeudamiento, especialmente a largo plazo, en medio de una crisis económica profunda.
Este nuevo endeudamiento refuerza la dependencia financiera del país en organismos internacionales y abre el debate sobre la distribución de los recursos, dado que los subsidios se concentran en el área metropolitana mientras otras regiones del país siguen enfrentando aumentos en las tarifas de servicios. Con esta decisión, el gobierno apuesta a evitar un impacto directo en el bolsillo de los usuarios porteños, aunque el costo será afrontado por toda la economía nacional.
