Redacción Perico Noticias // En Jujuy, tierra de contrastes y resiliencia, el reciente presupuesto para 2025 ha revelado la estrategia más audaz y polémica del gobierno provincial: el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). Presentado como una solución para garantizar el derecho a la salud, este proyecto no es más que un «impuestazo» encubierto destinado a recaudar 20 mil millones de pesos anuales.
Detrás de los discursos sobre accesibilidad y solidaridad, se esconde una medida que vulnera derechos fundamentales, dejando a miles de jujeños sin opciones. Para quienes no puedan pagar, la vía es burocrática, discrecional y gris. Sin embargo, el verdadero golpe es estructural: se vacía el sistema público de salud para beneficiar al sector privado, perpetuando un modelo que enriquece a pocos a costa de muchos.
La carga económica que el SEPROSA impone es insostenible en una provincia donde la mayoría de los hogares ya enfrentan precariedad. Este sistema no solo exacerba la pobreza, sino que también reduce la capacidad de consumo, asfixiando a una economía que depende en gran parte del sector informal.
Jujuy se encuentra en un momento crítico. Las instituciones federales deben intervenir para garantizar los derechos de los ciudadanos. Este experimento, que somete a la población a un ajuste sin precedentes, no solo afecta a Jujuy, sino que establece un precedente nacional que no debe ser ignorado.
El SEPROSA no es una solución, es una estrategia de recaudación que castiga a los sectores más vulnerables. Es hora de que las organizaciones sociales, gremiales y políticas levanten la voz y exijan justicia. El pueblo jujeño necesita una intervención que proteja sus derechos, reconstruya la confianza en las instituciones y garantice una política pública verdaderamente inclusiva.
Jujuy no puede seguir siendo un experimento de ajustes neoliberales disfrazados de progresismo. La salud es un derecho, no un lujo, y cualquier intento de arrebatarlo debe enfrentarse con la unidad de una sociedad que no está dispuesta a rendirse.
«Impuestazo» Encubierto e Inconstitucional
La provincia de Jujuy enfrenta una controversia sin precedentes tras la reciente aprobación del Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). Presentado como una solución para ampliar la accesibilidad a la salud, este proyecto revela profundas fallas estructurales, económicas y sociales. Lejos de cumplir con su propósito declarado, parece configurarse como un mecanismo de recaudación que carga desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables. A continuación, se analiza desde una perspectiva jurídica, constitucional y política las implicancias de este proyecto.
La «Justificación» Presupuestaria «Fake»
El presupuesto aprobado para 2025 alcanza los 2 billones de pesos, de los cuales se argumenta que 516.140 mil millones están destinados a programas de salud. Sin embargo, esta cifra es cuestionable, ya que los datos oficiales de noviembre de 2024 indicaban un presupuesto provincial de 1 billón de pesos. Esto sitúa el SEPROSA como una herramienta de recaudación adicional, diseñada para cubrir un déficit encubierto, desdibujando las responsabilidades del Estado en materia de salud pública.
El SEPROSA obliga a quienes no tienen cobertura médica a pagar una cuota mensual equivalente al costo de cinco consultas médicas. Aquellos que no puedan pagar deberán demostrar su indigencia mediante trámites burocráticos, lo que genera discriminación y exclusión.
Críticas
- Inconstitucionalidad y Discriminación:
- El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la salud como un derecho esencial. Sin embargo, el SEPROSA condiciona este acceso al pago de un seguro obligatorio, dejando fuera a quienes no puedan cumplir con los requisitos económicos o administrativos.
- La obligatoriedad de presentar la inscripción al SEPROSA para realizar trámites municipales o provinciales vulnera derechos fundamentales, como el acceso igualitario a los servicios públicos.
- Competencia Desleal:
- Al exigir este seguro, el Estado provincial compite directamente con obras sociales y seguros privados, mientras destina recursos públicos para derivar casos complejos a prestadores privados. Esto consolida un sistema híbrido que beneficia a empresas específicas en detrimento de la infraestructura pública.
- Impacto Económico en los Hogares:
- Según las estimaciones, el SEPROSA recaudará 20 mil millones de pesos anuales. Esta carga adicional reducirá aún más la capacidad adquisitiva de los hogares jujeños, exacerbando los índices de pobreza y desigualdad en una de las provincias más desfavorecidas del país.
- Asociación Ilícita y Abuso de Poder:
- La implementación del SEPROSA muestra un esquema coordinado entre intereses gubernamentales y empresariales que priorizan la rentabilidad por encima del bienestar ciudadano. Este «impuestazo» encubierto carece de la transparencia necesaria y refleja un abuso de poder sistémico.
La ley «SEPROSA»
