El mensaje entrelíneas del recorte de Macri: se viene la «era del hielo» para los sueldos del sector público

Mauricio Macri confirmó lo que se sospechaba: como parte de su lucha anti-inflacionaria, está determinado a aplicar «mano dura» en el plano salarial.

Y, en particular, eligió a los ingresos de los empleados públicos como variable de ajuste.

La parte del anuncio presidencial que provocó más «ruido» político y mediático fue la prohibición de designar parientes en los cargos de Gobierno, así como la reducción de 25% de los cargos jerárquicos en la administración pública.

Es sobre lo que se polemizó en las últimas horas con intensidad en medios de comunicación y redes sociales. A fin de cuentas, un efecto buscado por el macrismo, en su afán por dejar atrás el escándalo que afectó a su ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Sin embargo, el aspecto que tiene más relevancia desde el punto de vista económico es el tercero: el del congelamiento de los salarios de los funcionarios.

Y no porque la masa salarial de esos jerarcas estatales sea tan grande como para que pueda mover la aguja fiscal, sino porque implica una señal al mercado respecto de la estrategia oficial.

El mensaje político enviado por el Presidente es el de «predicar con el ejemplo» en el punto de la austeridad, que eligió como centro de su nueva estrategia.Sobre todo, cuando el Gobierno vuelve a ser criticado por su falta de decisión en el recorte fiscal y cuando surgen dudas respecto del cumplimiento de la meta inflacionaria.

«La austeridad tiene que partir de la política. Como servidores públicos, nuestra única prioridad es trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos», fue la frase de Macri, que dejó en claro que el Estado no puede comprometerse a pagar cifras que no estén «de acuerdo con su propia realidad».

La alusión tuvo por objeto enviar un mensaje al sector privado que se encuentra en plena negociación de paritarias.

Con el tema de la «cláusula gatillo» como uno de los puntos polémicos sobre la mesa, el Presidente repitió un discurso habitual de los gobiernos en situaciones como esta: que cada sector empresarial se haga cargo de los aumentos que firma, pero sin pretender trasladar luego a precios las mejoras salariales a las que no pueda hacer frente.

Era, sin ir más lejos, el discurso que aplicó la propia Cristina Kirchner durante todo su segundo mandato, en sus momentos de tensión con el sindicalismo moyanista y cuando recurría al sector amigable, liderado por Antonio Caló, para marcar el «techo oficial» que pretendía que sirviera como referencia.

Como en esas ocasiones, también este año el sector público formará parte de una estrategia de «ancla salarial«.Por lo pronto, el Presidente insinuó que está tomada la decisión en cuanto a que no se aplique una cláusula gatillo entre los empleados estatales.

«El Estado, más allá de lo que querría, tiene que pagar solo lo que puede. En base a los impuestos que recauda el Estado, se debe decir `puedo pagar solo esto`. Y lamento si es poco. Hay que adaptarse a su propia realidad, no hay otra«, dijo Macri luego de haber anunciado el «congelamiento» de los salarios jerárquicos.

Interlocutores duros
Queda ahora por verse hasta dónde ese gesto le permite recuperar autoridad política ante la dirigencia sindical.

Por lo pronto, varios gremios, entre ellos la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), esgrimen las estimaciones de inflación de 2% para enero como argumento para rechazar la pauta oficial del 15%.

De hecho, uno de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, fue explícito al afirmar que la central sindical no cree en la nueva meta inflacionaria del Gobierno.

Según estos gremios, hoy los indicadores permiten suponer una inflación anual por encima del 20%, lo cual estaría justificando la necesidad de cláusula gatillo.

El otro indicador relevante a considerar en este momento es la expectativa de devaluación, ya que es una práctica recurrente, en momentos de inflación alta, que los funcionarios intenten atar los salarios públicos al dólar, de manera de no encarecer las remuneraciones en términos de moneda dura.

Si se considera el precio del billete verde que el mercado de futuros prevé para fin de año, la devaluación por delante será del 17%, que es la cifra que desde el Ministerio de Hacienda se ha insinuado como un número «aceptable» dentro del plan previsto para el 2018.

De todas formas, hay tiempo para negociar, dado que el convenio vigente para los públicos fue firmado recién en mayo.

Mientras tanto, el Gobierno busca utilizar en enero la paritaria de la provincia de Buenos Aires -que por un acuerdo del kirchnerismo en 2014, está separada de la negociación estatal nacional- como una guía para el resto del mercado.

Las primeras señales de la «temporada» de acuerdos salariales no son positivas para el Gobierno: los gremios grandes que suelen acordar al inicio, como bancarios y docentes, ya rechazaron la pauta oficial y dejaron clara su exigencia de la cláusula gatillo.

Por ahora, solo aparece la negociación con el sector de comercio como una posibilidad de mostrar al mercado una señal de ajuste «moderado«. Es por eso que el Ejecutivo busca adelantar esa paritaria que cierra en abril.

En paralelo al ajuste sobre el salario estatal, el Gobierno corre el riesgo de abrir un nuevo frente de conflicto, al avanza con recortes de empleo en organismos y empresas del Estado.

En los últimos tres meses, las cesantías superan las 3.000, en diversas áreas -desde Fabricaciones Militares hasta el INTI y hospitales públicos- y en su mayoría se dio por la modalidad de no renovación de contratos temporarios.

Y, claro está, se suma a este contexto el «ruido» que llega desde el ámbito judicial. La complicada situación de los Moyano, y la demostración de fuerza prevista para el 22 de febrero, son elementos difíciles de separar de la negociación.

Mientras el Gobierno «muestra los dientes» con medidas como el retiro de la cuota solidaria a los empleados bancarios, los sindicatos han endurecido su postura ante las propuestas de reforma salarial del macrismo.

Triaca, «marcado» de cerca
En ese delicado equilibrio en el cual el Gobierno intenta simultáneamente negociar y demostrar firmeza, el personaje que estaba destinado a ocupar el rol protagónico era Jorge Triaca. Pero el ministro, tras su paso en falso con el «caso Sandra», debilitó su posición.

Si bien el Presidente lo ratificó en público, lo cierto es que hacia la interna se transformó en blanco de críticas y su área de trabajo empezará a sufrir la intervención de la «mesa chica» macrista.

Por lo pronto, el anuncio sobre las prohibiciones de nombramientos de parientes parecen tener a Triaca como uno de los destinatarios principales.

Según confirmaron fuentes oficiales a iProfesional, renunciará su esposa, Cecilia Loccisano, que hoy está al frente de la subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. La funcionaria quedó en el ojo de la tormenta la semana pasada por «demoras» en licitar medicamentos para pacientes con VIH.