El NEA-NOA acaparan el mayor cantidad de subsidios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Región Norte Grande // Un informe de la Anses da cuenta de la relevante importancia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en el pago de $10.000 mensuales, para paliar la grave crisis que padecen millones de familias a raíz del deterioro de la economía por la pandemia de Coronavirus.

En tal sentido en el Norte Grande (NEA-NOA) es el área donde más beneficios se otorgaron en relación porcentual a la cantidad de habitantes (en el rango etáreo de 18-65 años). No obstante también es en esta región donde se han detectado los casos mas graves de corrupción, al haberse descubierto en Formosa, Chaco, Jujuy, y Salta, que funcionarios, entre ellos concejales y hasta un delgado de la propia Anses, cobran el subsidio.

A nivel nacional, la cantidad de beneficiarios/as seleccionados/as para el primer pago del IFE fue de casi 8,9 millones de personas. A la hora de analizar la distribución de los beneficios en función del género 7, se observa una mayor proporción de mujeres (4,9 millones -55,7%-) respecto a los hombres (3,9 millones -44,3%-).

Esto podría ser explicado principalmente por tres fenómenos: por un lado, la desigualdad de género se siente más en los estratos más vulnerables de la población; por el otro, en caso de haber más de un/a solicitante por hogar se le dará prioridad a la mujer y, finalmente, alrededor del 27% de los beneficios de IFE se otorgaron a titulares de AUH donde la proporción de mujeres supera al 90%.

Por otro lado, el rango etario en donde más se concentraron los beneficios es entre los 25 y 34 años (3,0 millones -33,3%-), seguido por entre 18 y 24 años (2,5 millones -28,2%-), el rango etario más afectado por el desempleo (23,3% al IV Trimestre de 2019). El rango etario con menor concentración de beneficios es entre 55 a 65 años (0,6 millones -7,1%-).

Al analizar la cobertura del IFE por rango etario, es decir, el porcentaje de IFEs otorgados sobre el total poblacional de cada rango, se observa que la misma es decreciente respecto a la edad. Mientras que la cobertura entre 18 y 24 años es del 52%, entre 25 y 34 años es del 44%, entre 35 y 44 años del 28%, entre 45-54 es del 21% y en el grupo etario 55-65 años es del 14%.

Al desagregar la modalidad / situación laboral de las/os beneficiarias/os del IFE, se observa que 5,6 millones (61,7%) corresponden a trabajadores/as informales o desocupados/as sin Seguro por Desempleo, 2,4 millones (27,0%) a beneficiarios/as de la AUH/AUE, 0,7 millones (7,8%) a monotributistas (categorías A, B o monotributo social), 0,18 millones (2,1%) a trabajadores/as de Casas Particulares, y 0,12 millones (1,4%) a beneficiarios/as del programa PROGRESAR.

Al respecto, merece la pena aclarar que, si bien AUH y PROGRESAR no son una situación laboral, al ser dos prestaciones de amplio alcance compatibles con el cobro del IFE a fin de caracterizar mejor a la población seleccionada se optó por presentarla de esta forma. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la AUH, de los 2,4 millones de titulares aproximadamente 177 mil (7,4%) poseen monotributo social y alrededor de 89 mil (3,7%) aportan al Régimen de Casas Particulares (ANSES, 2020).

La proporción de beneficios liquidados en relación a la población total a nivel país es del 19,5%; porcentaje de cobertura que aumentaría considerablemente si contemplamos que la prestación es por hogar, es decir, cubre a más de una persona en promedio.

Este escenario es verdaderamente alarmante si consideramos que sus causas no obedecen exclusivamente a la situación extraordinaria de la pandemia mundial, sino que presenta rasgos estructurales.

Por otro lado, si desagregamos la cantidad de beneficios liquidados por provincia en relación a su población, se observa que las provincias del NEA (23,1% a 28,9%) y NOA (22,1% a 28,6%) son las que mayor cantidad proporcional de beneficios recibieron; un claro reflejo de la desigualdad regional al interior del país.

La contracara de esto son las provincias de la Patagonia (12,5% a 16,8%) y CABA (11,9%) que poseen una proporción relativa de beneficios sustancialmente menor al promedio país (Ver Gráfico 5). Cifras similares se observan al analizar el ratio beneficiarios/as IFE / población en edad de percibir la prestación (18 a 65 años inclusive).

El promedio nacional es del 31,6%, con guarismos más elevados en las provincias del NEA (36,8% a 45,6%) y NOA (34,2% a 48,9%) y más bajos en las Patagónicas (20,3% a 28,4%) y CABA (19,1%) (Ver Gráfico 6).

También, al relacionar los/as beneficiaros/as del IFE respecto a la población económicamente activa (PEA) de cada provincia, siendo las provincias del NOA (55,3% a 80,1%) y NEA (52,9% a 71,0%) las que presentan valores por encima del promedio nacional (44,0%), mientras que las Patagónicas (29,6% a 42,2%) y CABA (23,2%) se encuentran considerablemente por debajo (ver Gráfico 7).

Se define a la PEA como la cantidad de personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada (INDEC, 2003, p.63).

Al analizar la modalidad de cobro del IFE por provincia, se observa que son mayormente las provincias del norte argentino las que poseen la mayor proporción de beneficiarias/os que no informaron una cuenta bancaria.

Existen casi 4,6 millones de personas solicitantes del IFE que, por diversos motivos que serán analizados más adelante, no han sido seleccionadas. En cuanto a la distribución por género de esta población, se encuentra una mayor cantidad de varones (2,4 millones – 52,7%-) que de mujeres (2,2 millones -47,3%-). La tasa de rechazo entre las solicitantes mujeres fue del 30,4% y del 38,0% entre los hombres. El rango etario donde se concentra la mayor cantidad de personas no seleccionadas es el de 25 a 34 años (1,1 millones -23,8%- ) seguido por 35-44 años (1,1 millones -23,4%-). Sin embargo, al analizar el porcentaje de rechazos dentro de cada grupo etario se observa que, mientras que en el rango etario de 18 a 24 años y de 25 a 34 años el porcentaje de solicitantes no seleccionados/as fue del 25% y 27%, respectivamente, en los restantes grupos etarios fue mucho mayor: 38% entre aquellas personas solicitantes entre 35 y 44 años, 45% entre aquellos/as de 45 a 54 años y 49% entre las personas de 55 a 65 años.

El porcentaje de rechazados en relación a la población solicitante fue de 34,0%. La provincia que mayor porcentaje de personas no seleccionadas tuvo fue Tierra del Fuego (48,0%), seguida por CABA y Chubut (43,7% y 41,8% respectivamente). Las provincias del Norte Grande (NEA-NOA) son donde se observan los menores porcentajes de rechazos (Salta 28,4%, Catamarca 27,9% y Formosa 26,9%).

Si bien el IFE surgió como una respuesta a la situación económica y productiva coyuntural que implica el aislamiento obligatorio, pone sobre la mesa problemas estructurales. En particular, expone cómo la desigualdad también es un factor amplificador de los efectos negativos de la pandemia.

Las elevadas tasas de trabajo informal en el mercado de trabajo y la fragilidad de muchos sectores ante situaciones imprevistas quedan evidenciadas (DNEIG, 2020). Al analizar la focalización del IFE se observó que, en términos relativos, las provincias más vulnerables, es decir, aquellas con mayor incidencia de la pobreza e indigencia, presentan los mayores índices de cobertura. También que existe cierta tendencia a una mayor cobertura entre las mujeres y en los grupos etarios más bajos, que son el sector de la población más castigado por el desempleo, la desigualdad y la informalidad e inestabilidad laboral.

El monto del IFE, $10.000 mensuales, representa más de la mitad de un SMVM, sumado a su amplio alcance (8,9 millones de personas en cada liquidación) implica que cada tanda de pago de IFE represente transferencias por alrededor de 0,3% del PIB. El impacto del IFE ha sido fundamental para evitar que millones de familias cayeran en la pobreza y la indigencia. De acuerdo a microsimulaciones realizadas con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se estima que el IFE ha evitado que, entre abril y mayo de este año, alrededor de 1,4 y 2,8 millones de personas cayeran en la indigencia y pobreza, respectivamente. Esto implicó evitar aumentos de aproximadamente 3 puntos porcentuales en la indigencia y de casi 6 en la pobreza.