El negocio de los impuestos que incendia al tabaco: privilegios fiscales, productores asfixiados

En la Argentina de las desigualdades estructurales, hay un escándalo que no emana del tabaco que cultivan miles de familias con esfuerzo y dignidad. Es el humo de la impunidad tributaria, el hedor de un sistema donde ciertos actores económicos —amparados en resquicios judiciales y maniobras legales— logran operar bajo condiciones extraordinarias, mientras el productor del interior profundo enfrenta incertidumbre, endeudamiento y precios que no cubren ni los costos de la cosecha.

La caída del Fondo Especial del Tabaco (FET) no es consecuencia de las inclemencias del tiempo ni de los vaivenes del mercado, sino de decisiones normativas y estructuras fiscales que permiten declarar precios artificialmente bajos, alterar el reparto de fondos y debilitar la sustentabilidad de toda la cadena tabacalera. Lo han señalado legisladores, economistas, periodistas y dirigentes del sector. Entre ellos, el analista Carlos Pagni y el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, quienes advirtieron públicamente sobre un régimen de desequilibrio tributario que afecta gravemente a los productores del norte.

Una deuda que interpela

En el marco de una causa judicial en revisión ante la Corte Suprema, se encuentra bajo análisis una situación que involucra a una de las principales tabacaleras del país, cuyo titular —según trascendidos periodísticos y documentos que circularon en comisiones parlamentarias— acumularía una deuda tributaria de magnitud con el Estado nacional, producto de controversias sobre la aplicación del impuesto interno mínimo a los cigarrillos. Esta discusión es pública y forma parte del debate institucional sobre la justicia fiscal en Argentina.

Mientras tanto, las provincias productoras como Jujuy, Salta y Misiones sufren las consecuencias: la caída del FET alcanza niveles alarmantes —en Jujuy, el retroceso ronda el 40%— lo que compromete pagos a productores, programas sociales, infraestructura y salarios rurales.

La inequidad convertida en sistema

Con medidas cautelares, estrategias de precios de transferencia y mecanismos legales discutidos por distintos actores del Congreso, se ha configurado un régimen que —según advierten expertos— permite ventajas fiscales significativas para ciertas empresas, en desmedro del resto del sector. Esto no solo erosiona el Fondo sino que socava la competencia leal, desincentiva la formalidad y golpea a quienes producen con arraigo territorial.

En palabras de un empresario fueguino —recogidas por medios nacionales—: “En Argentina se puede hacer negocio con los impuestos”. La frase, tan brutal como real, describe un fenómeno que desvía recursos del trabajo genuino hacia operaciones con menor compromiso productivo.

Misiones: ¿boom biotecnológico o distorsión estadística?

En paralelo, el vertiginoso crecimiento del acopio en Misiones, que pasó de 13 a 39 millones de kilos en un año, ha despertado interrogantes sobre el origen real de esa producción. Aunque se han citado avances con biofertilizantes, desde varios sectores señalan la posibilidad de que una parte del volumen declarado corresponda a tabaco de origen extranjero ingresado al país bajo mecanismos informales, fenómeno conocido como “contrabando verde”.

Esta situación afecta directamente a provincias como Jujuy, que ha perdido 9 puntos porcentuales en el reparto del FET. Se reclama una auditoría exhaustiva del sistema de trazabilidad y una revisión del mecanismo de distribución con criterios de transparencia y territorialidad efectiva.

El momento de la decisión

No se puede construir una política productiva sustentable sobre cimientos desiguales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad, la equidad tributaria y la protección del productor nacional. La omisión en los controles, la permisividad frente a desequilibrios fiscales y la falta de reglas claras ponen en jaque la soberanía económica del interior argentino.

Este no es un reclamo sectorial: es un llamado a la justicia. A recuperar el FET como herramienta de desarrollo regional. A exigir auditorías, a debatir con transparencia, y a intervenir cuando el equilibrio se rompe. Porque el verdadero escándalo no es que los productores reclamen: es que sigan esperando mientras otros se benefician sin reciprocidad.