El nombre se puede cambiar, pero las consecuencias no

 El nombre se puede cambiar, pero las consecuencias no

Por HERNÁN DE GOÑI

Aunque el Gobierno aceptó enviar a tres funcionarios a dialogar a Nueva York, como pidió Thomas Griesa, los discursos empezaron a alinearse en forma diferente. El abogado que representa a la Argentina, Jonathan Blackman, había dicho que era casi imposible cerrar un acuerdo con los fondos buitre antes del 30 de julio, y reiteró que si el juez no habilitaba el pago de deuda que vence ese día el riesgo de cesación de pagos es inminente

Las palabras que pronunció ayer la Presidenta, en ese contexto, cobraron otro sentido: dibujó, por primera vez, el escenario del default. Aunque no lo identificó como tal y pidió asignarle otro nombre, aceptó que cuando el acreedor no cobre -más allá de que los fondos hayan sido depositados por la Argentina- igual se gatillará un impago. No será voluntario, como en el 2001. Pero sus consecuencias sí pueden ser similares.

El punto en el que está este pleito no obedece a una conspiración global. El riesgo de la cláusula RUFO, que pone en peligro la reestructuración de 2005, es real. Pero la Ley Cerrojo, que bloqueó los acuerdos extrajudiciales, no la hicieron los fondos buitres.

La firmeza K tal vez genere capital político, pero difícilmente sobreviva a una tormenta económica que haga más pesado el costo de la recesión.

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