El nuevo esquema de planes genera tensión con movimientos sociales e intendentes

IProfesional.Com || El Gobierno otorgó el 5% de los beneficios que pedían los piqueteros. La implementación de la Ley de Emergencia Social genera diferencias con las organizaciones, que ahora preparan nuevas medidas de fuerza y reclaman la ejecución de $10.000 millones.

Cerca de 50.000 trabajadores de la economía informal ya percibieron el salario social complementario, hoy en $4.030. El dato del Ministerio de Desarrollo Social, al que tuvo acceso iProfesional, muestra el lento avance en la liberación de los $30.000 millones dispuestos por la Ley de Emergencia Social (27.345) hasta 2019 y refleja el nuevo esquema de reparto de fondos, que genera tensiones con movimientos e intendentes.

Las autoridades informaron que el 5 de junio pasado se empezó a pagar el beneficio, casi medio año después de aprobada la norma y dos meses desde su reglamentación. El programa está destinado a quienes no forman parte de otras ayudas económicas, con excepción de la asignación universal, y está atado al salario mínimo, ya que según la ley debe cubrir la mitad de ese piso, que en julio alcanzó los $8.860 luego de que el Gobierno lo actualizara en junio de forma unilateral.

«No son 100.000, el salario social no llega a 50.000 beneficiarios», confirmó una fuente de la cartera de Desarrollo, que encabeza Carolina Stanley. El cálculo oficial difiere del que maneja el «triunvirato piquetero», la alianza formada por el Evita en la CTEP, Barrios de Pie y la CCC que se postulan como los principales interlocutores territoriales del Gobierno. «Las organizaciones entraron en una lógica de boquearla para captar gente», señalan en Desarrollo.

Con todo, los grupos del denominado tridente de San Cayetano consideran insuficientes los cambios. Por caso, la cifra de beneficiarios equivale al 5% del millón de puestos que esperaban crear en tres años y representa un gasto proyectado de $1.200 millones para 2017, muy por debajo de los $25.000 millones previstos hasta 2019 por la Emergencia Social, que contempla la posibilidad de $5.000 millones extra.

El otro foco de conflicto gira en torno al Consejo de la Economía Popular, un organismo creado en el ámbito de Desarrollo Social que, según el triunvirato, debería funcionar de manera regular para llevar adelante una agenda de trabajo. Desde diciembre, hubo tres reuniones. Y el último encuentro ocurrió por fuera de ese espacio, cuando Stanley y el viceministro de Gabinete, Mario Quintana, recibieron a la dirigencia piquetera, luego de una ola de cortes en marzo.

Esta semana esperan una reunión del Consejo con la ministra de Desarrollo. Los movimientos reclaman la ejecución de al menos de $10.000 millones en lo que resta del año, mayor agilidad en las inscripciones y fondos a las cooperativas para comprar herramientas. Sin instrumentos de trabajo, aseguran, se repite el esquema K de planes sin prestaciones laborales.

«Hay diálogo, pero tienen que implementar las medidas necesarias, no somos garantes de la paz social», señaló Vanesa Sosa, dirigente del Evita en Lanús.

Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que la ley no fija montos anuales a ejecutar y defienden los criterios de selección que, según sus registros, dejaron afuera solo a 2.000 personas.

En la cartera de Stanley priorizan los proyectos con existencia previa. Ese sería el caso –afirman– de un grupo de madres que cocinan tortas, mientras que los vendedores ambulantes o aquellos que «se quedan en su casa» son excluidos.

«Ellos sabían que era un delirio pretender un millón de puestos, la ley no habla de cantidades en ninguna parte y tampoco dice que el volumen de dinero es solo para pagar el salario complementario», explicaron en Desarrollo.

Los intentos de dar de baja programas y pensiones también generan cortocircuitos. «El intento de ajustar las pensiones, programas para discapacitados y el plan Progresar a los estudiantes hizo entrar en crisis el acuerdo que teníamos», advirtió Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie. Su organización lanzará esta semana cortes para recolectar un millón de firmas en apoyo a la ley que impulsan de Emergencia Alimentaria.

Por otra parte, tal como lo adelantó iProfesional, el triunvirato piquetero prepara una movilización para el 7 de agosto, día del patrono del trabajo, que coincidirá con un sector de la CGT y las dos CTA. El regreso de bloqueos pondrá de nuevo a prueba al Gobierno, que hace dos semanas en un gesto de endurecimiento reprimió una manifestación del Frente Milagro Sala, integrado por grupos cercanos al kirchnerismo.

Nuevo esquema de reparto
En paralelo a los contactos con la CGT, el Gobierno se dio la tarea el año pasado de fogonear una pata piquetera «friendy», con la finalidad de contener la protesta social y desplazar al kirchnerismo. La jugada implicó en el conurbano bonaerense la incorporación de los movimientos a las Unidades Ejecutoras, organismos que administran el programa de empleo Argentina Trabaja y que durante la gestión anterior estaban en manos de los intendentes.

«Con el kirchnerismo los intendentes se gastaban los recursos de las cooperativas en el municipio, hubo corrupción. Ahora como el Gobierno no tiene intención de un armado similar, articula con movimientos no alineados a los municipios y hay una pelea abierta por el territorio«, explicó Menéndez.

El Gobierno también intentó sacar provecho de la Emergencia Social. La asistencia en dosis le permite a los funcionarios mantener un diálogo con el sector más conciliador. En efecto, el tridente fue el sector más beneficiado entre las 24 organizaciones que adhirieron a la ley. Desde la izquierda, se sumaron el MST, la AGTCAP, el FOL y el Frente Darío Santillán.

En cambio, quedaron afuera el Polo Obrero y el Frente Milagro Sala, impulsado por la Tupac Amaru, Descamisados, La Cámpora y un sector de Quebracho. Todos ellos rechazaron una cláusula de paz social prevista en el acuerdo y denunciaron la «instititucionalización» de las organizaciones en el Consejo.

La dispersión de los movimientos K se agudizó a fines del año pasado con la creación del «triunvirato piquetero», bendecido por el Papa Francisco.  En respuesta, surgió el frente Milagro Sala. Pero el agrupamiento no tardó en sufrir defecciones, como la Coordinadora Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), que maneja la mayoría de los planes de Argentina Trabaja.

«La vez anterior que fuimos al Ministerio de Trabajo nos desaprobaron todas las presentaciones de proyectos y nos mandaron a hablar con el tridente por el salario complementario, cosa que no aceptamos», señalaron desde Descamisados.

Los grupos de impronta K –como La Martín Fierro, el MUP y el 26 de julio– tampoco se sumaron a la Emergencia, ya que al igual que sus pares rechazan la conducción del Evita, liderado por el exfuncionario Emilio Pérsico, aunque el Gobierno les reconoce una mayor apertura al diálogo. Un tercer espacio kirchnerista es el de la Federación Tierra y Vivienda y el Partidos Miles, liderado por Luis D’Elía, cuyo frente fue excluido de la lista de Cristina Kirchner para las PASO.

En un contexto de reacomodamientos en el mapa piquetero, la política social del macrismo no es azarosa: está teñida por la disputa electoral. Mientras la gran mayoría del Frente Milagro Sala se encolumna detrás de Unidad Ciudadana, la plataforma lanzada por Cristina Kirchner; buena parte de los piqueteros dialoguistas se alinean con el Frente Renovador (Barrios de Pie) y Florencio Randazzo (el Evita), variantes que aspiran a restarle votos a la expresidenta.

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