El exintendente de Monterrico enfrenta cargos por malversación de fondos públicos en la «megacausa» jujeña. Sin fueros y con pruebas contundentes en su contra, podría recibir hasta 10 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua. El entramado de corrupción local ya se asemeja a las causas más emblemáticas del kirchnerismo nacional.
La Justicia jujeña se prepara para elevar a juicio oral una de las causas más paradigmáticas de corrupción institucional de las últimas décadas en la provincia: la ya conocida como “megacausa”, que involucra a exfuncionarios por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales y programas de infraestructura.
Entre los principales imputados se encuentra Nilson Ortega, exintendente de Monterrico, quien enfrenta cargos por fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. La carátula del expediente P-140750/2016, radicado en el Juzgado de Control Penal Económico y Delitos contra la Administración, incluye pruebas documentales, auditorías y dictámenes del Tribunal de Cuentas que lo responsabilizan por no rendir más de $123 millones de pesos entre 2011 y 2015.
La defensa de Ortega ha intentado desligarlo de la administración directa de esos fondos, atribuyéndolos a terceros o a la operatoria con cooperativas sociales, pero la evidencia apunta al incumplimiento doloso de sus deberes como funcionario público. El Ministerio Público Fiscal sostiene una acusación firme y está decidido a solicitar una pena que podría llegar a los 10 años de prisión efectiva, más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La situación de Ortega se agravó políticamente al no lograr ser electo diputado provincial en la última elección: su ingreso dependía de alcanzar la cuarta banca por el PJ jujeño, cosa que no ocurrió. Sin fueros, sin padrinos visibles y sin estructura que lo contenga, el caudillo de Monterrico enfrenta la etapa judicial más dura de su vida. Tiene 62 años y un fallo adverso lo llevaría directo a prisión efectiva.
Un camino paralelo al de los grandes condenados K
Nilson Ortega parece seguir el derrotero de varios exfuncionarios kirchneristas que, tras años de acumulación clientelar y abuso del Estado, terminaron enfrentando condenas ejemplares. Tal es el caso de:
- Lázaro Báez, empresario ligado a la obra pública K, condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.
- José López, exsecretario de Obras Públicas, detenido in fraganti con bolsos repletos de dólares, condenado a 6 años.
- Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, cumpliendo condena por múltiples hechos de corrupción vinculados al sistema ferroviario.
A diferencia de Cristina Fernández de Kirchner —quien, aunque condenada en primera instancia, aún no enfrenta prisión gracias a fueros y estrategia judicial—, Ortega quedó fuera de toda cobertura política. Su intento de volver al poder fue leído como una maniobra desesperada para evitar el juicio.
Pero el viento cambió. En un país donde el hastío social se traduce en condena anticipada en las urnas, el clientelismo y la prebenda ya no alcanzan. Monterrico le soltó la mano a su ídolo de barrio. Lo que sigue es la justicia, sin épica, sin blindaje, sin retorno.
Un entramado que arrastrará a otros
La investigación no termina en Ortega. Hay cooperativas, exfuncionarios, testaferros y empresarios involucrados en una red que durante años lucró con la pobreza estructural. Lo que parecía una “gestión política eficiente” terminó siendo una matriz mafiosa disfrazada de política social.
El juicio oral, cuya fecha será oficializada en las próximas semanas, promete abrir un proceso de revelación que sacudirá no solo a Monterrico, sino al PJ provincial y a varios dirigentes que aún creen que con el silencio pueden comprar impunidad.
Esto no es un Lava Jato, ni un golpe blando. No hay operación judicial. Aquí, simplemente, el que las hace, las paga. Y esta vez, el caudillo que construyó poder a fuerza de favores, plata pública y silencio cómplice, se deshace en sus propios excesos.