“El Súperavit de Señores y la Provincia en Supervivencia: la entrevista que incomoda a Jujuy”

Perico Noticias, 20 de enero del 2026 // En un Jujuy que exhibe superávit como trofeo en plena economía fría, la discusión de fondo no es contable sino política: quién paga el costo del orden fiscal y quién cobra el premio del “alivio”. Con la Ley N° 6491 sobre la mesa, el diputado provincial del FIT, Gastón Remy, plantea una impugnación frontal al esquema de incentivos: sostiene que el Gobierno direcciona beneficios hacia una franja acotada de grandes jugadores y deudores fiscales, mientras la mayoría productiva —comercio, cuentapropismo y pymes chicas— continúa financiando el Estado con margen cada vez más estrecho.

—Diputado Remy, usted afirma que Sadir “amasa superávit” y luego “reparte un botín”. ¿Dónde lo ve en la ley?
—En el corazón de la norma. La Ley 6491 arma un régimen de incentivos donde el beneficiario central es la industria manufacturera: si está encuadrada en el código de actividad “C” (CLAE/ARCA) y factura hasta $3.000 millones anuales, puede acceder a beneficios fiscales. No es un programa general para el conjunto del entramado productivo: es una ingeniería selectiva.

—¿Qué beneficios concretos cuestiona?
—El mensaje político. La ley habilita exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un plazo que la propia norma ata a estabilidad fiscal “por cinco años”, pero para un universo específico. La discusión no es “industria sí o no”; la discusión es: ¿por qué el paquete fuerte no viene con un paquete equivalente para el comercio, la economía popular, el cuentapropismo y las pymes chicas? Si la provincia está en recesión, el salvataje no puede ser por ventanilla VIP.

—Usted usa una frase fuerte: “esto no es democracia”. ¿Por qué?
—Porque cuando el Estado se financia con el esfuerzo cotidiano de la mayoría y devuelve oxígeno a una minoría con capacidad de lobby, se rompe el contrato social. La democracia no es solo votar: es cómo distribuís costos y oportunidades. Si el superávit existe con salarios bajos y consumo planchado, y encima el alivio llega primero a los grandes, entonces hay pobreza administrada, planificada, normalizada.

—La ley también incluye beneficios para “cumplimiento fiscal”. ¿No es una herramienta para ampliar la base formal?
—Sí, pero incluso ahí el enfoque es incompleto. La norma crea un Régimen de Incentivos al Cumplimiento Fiscal para contribuyentes que se inscriban espontáneamente en Ingresos Brutos: exención del 100% por un año, con rebajas sobre anticipos y el impuesto mínimo. Eso puede sumar formalidad, pero sin crédito barato, sin demanda y con tarifas en alza, la formalidad no se sostiene: se transforma en una puerta giratoria.

—También hay un “Plan Especial de Regularización de Deudas”. ¿Qué lectura hace?
—Que el Estado reconoce que la economía no da y que muchos quedaron colgados. El plan habilita regularización hasta el 31 de marzo de 2026, con condonaciones sobre intereses/sanciones según el esquema. Bien: es realismo. Pero mal si se lo presenta como política de desarrollo. Una moratoria es un “parche financiero”, no un plan productivo. Si el Gobierno quiere hablar de reactivación, tiene que hablar de crédito, consumo, salarios, obra pública inteligente, logística y competitividad real.

El punto ciego que Remy le marca a oficialismo

Lo más grave, dice Remy, es el silencio estratégico del sistema político: se discute la espuma (anuncios, selfies, marketing fiscal) y no el problema de fondo: la provincia se está quedando sin “motor interno”. Jujuy depende fuerte de la coparticipación; si la actividad se enfría, se achica la recaudación real y el ajuste baja como lluvia ácida sobre comercios, changas, construcción, feriantes y servicios.

La entrevista deja una advertencia nítida: si el superávit se convierte en argumento de autopromoción pero no en plataforma de reactivación, el “orden” termina siendo una forma elegante de administrar la caída. Remy exige que el debate se corra del marketing fiscal a un paquete integral con crédito accesible, alivio a pequeños contribuyentes, estímulos por empleo y políticas que sostengan consumo y actividad. En esa tensión se juega el 2026: o Jujuy diseña un contrato económico más equitativo, o consolida —por decisión u omisión— un modelo donde la estabilidad se compra con pobreza planificada.