El vapeo de Massalin, la estocada final al tabaco argentino: si el Congreso cede, se hunde el FET

Perico Noticias // La designación pasó casi en silencio, pero sus efectos pueden ser estruendosos en Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán y Corrientes. Ignacio Devitt, ex hombre de Philip Morris–Massalin, asumió la Secretaría de Asuntos Estratégicos y se quedó con el vínculo clave entre la Jefatura de Gabinete y el Congreso. No llega a Casa Rosada para “pensar el país”: llega con una misión concreta y millonaria a cuestas que le encomienda su antiguo empleador:

abrir el negocio del vapeo y los cigarrillos electrónicos en la Argentina, hoy prohibidos por la Anmat, y hacerlo con una carga impositiva mucho más baja que la del cigarrillo común.

El movimiento cierra perfecto para la multinacional; pero para los productores de tabaco y para el Fondo Especial del Tabaco (FET), es una sentencia anunciada.

Del 73% de impuestos al 20%: la trampa del “nuevo negocio”

Hoy los cigarrillos tradicionales tributan cerca del 73% del valor del atado entre impuestos internos, IVA, contribuciones y FET. Ese esquema, ratificado por el Congreso en 2024, sostiene a una de las principales economías regionales del país en términos de empleo directo e indirecto: miles de productores, cooperativas, secaderos, transportistas y comercios viven de esa cadena.

¿Qué quiere Massalin?

• Legalizar el vapeo y los dispositivos electrónicos,
• con un impuesto del 20%, muy por debajo del cigarrillo clásico,
• y sin aportar al Fondo Especial del Tabaco, porque el vapeador no usa hoja de tabaco argentino, sino líquidos con nicotina.

El proyecto de Ricardo López Murphy va en esa línea: regulación “a medida” del vapeo, levantando una prohibición que rige desde 2011 y abriendo un mercado nuevo, pero sin discutir seriamente qué pasa con las provincias tabacaleras ni con el FET. Devitt llega justamente para asegurar los votos donde antes el lobby fracasó.

FET en caída libre: menos atados, menos tabaco, menos empleo

El punto central no es moral ni sanitario (aun cuando los riesgos del vapeo están lejos de ser inocuos): es económico y político.

1. El FET existe porque hay tabaco en el cigarrillo
   • El fondo se nutre de lo que se vende en atados producidos con tabaco nacional.
   • Cada paquete que se reemplaza por un vapeador es un aporte menos al FET.
2. El vapeo es un sustituto fuerte del cigarrillo
   • Sobre todo entre jóvenes urbanos y sectores medios.
   • Si el vapeo entra con impuestos bajos, el fumador migra: no deja la nicotina, cambia de tecnología.
3. La demanda de “nicotina” puede seguir igual… pero la demanda de tabaco se derrumba
   • Es decir, la gente sigue siendo adicta, pero ya no consume la hoja que se cultiva en Misiones, Jujuy o Salta.
   • El daño se concentra en las provincias y en la recaudación ligada al tabaco combustible.

Un mercado que era relativamente inelástico (aumentaban impuestos y la recaudación subía) se convierte, de golpe, en un mercado con vía de escape: el consumidor puede esquivar el FET y los altos impuestos pasándose al vapeador.
Resultado: menos atados vendidos, menos tabaco comprado, menos FET, menos puestos de trabajo rurales y de la cadena industrial.

El mapa del daño: el NOA/NEA en la mira

Detrás del FET no hay un número en una planilla de Excel: hay una economía regional completa.

• En Misiones y Jujuy, el tabaco es uno de los principales empleadores rurales legales.
• En Salta y Tucumán, articula cooperativas, secaderos, transporte y proveedores.
• Cada peso del FET financia desarrollo, asistencia técnica y reconversión parcial, pero sobre todo sostiene ingresos en zonas donde no hay alternativas inmediatas de empleo.

Si la ley de vapeo entra como la quiere Massalin:

• El FET empezará a caer mucho más rápido de lo que las provincias pueden reconvertirse.
• El impacto no será homogéneo: golpeará más fuerte a los pequeños productores que dependen del precio sostén y de los retornos del Fondo.
• La caída de ingresos rurales se trasladará a comercios, talleres y servicios de cada localidad tabacalera.

No es exagerado decirlo: es una amenaza estructural a una de las principales economías regionales del país en términos de empleo directo.

El Congreso en el centro: ¿representantes del pueblo o gerente de multinacional?

La jugada es transparente:

1. Devitt, ex Philip Morris, se sienta en la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
2. Se desplaza a quienes llevaban el vínculo con el Congreso.
3. Se relanza el proyecto de López Murphy para legalizar y gravar suave al vapeo.
4. El objetivo es claro: conseguir lo que la Ley Bases no pudo: que el cigarrillo electrónico entre al mercado con un traje fiscal a medida.

La pregunta que deberían hacerse los diputados y senadores del NOA y NEA es brutal en su simpleza:

¿Van a levantar la mano para abrir un negocio multimillonario que NO aporta al FET, mientras dejan sin piso a miles de productores que dicen representar?

Porque el problema no es regular o no regular el vapeo (algo que, bien hecho, podría incluso tener una lógica sanitaria y fiscal distinta).
El problema es hacerlo bajo la arquitectura que diseña una multinacional, priorizando su contabilidad global por sobre la supervivencia de las economías regionales argentinas.

Si el vapeo entra por la puerta grande y el FET no se actualiza, el campo tabacalero entra en terapia intensiva

La película, contada sin eufemismos, es esta:

• Massalin privatiza la renta del nuevo negocio,
• las provincias tabacaleras socializan la crisis de productores, cooperativas y trabajadores,
• y el Estado nacional resigna una fuente clave de financiamiento regional, sin presentar un plan serio de reconversión productiva.

Si el Congreso aprueba una ley que habilite el vapeo sin integrar estos productos al esquema del FET o a un fondo compensador equivalente, lo que viene es:

• caída fuerte y acelerada de la recaudación tabacalera,
• ajuste silencioso sobre provincias que ya están al límite,
• y un derrumbe gradual de una de las economías regionales más intensivas en empleo del país.

La discusión sobre el vapeo no es solo sobre salud ni sobre “libertad de elegir”.
Es, sobre todo, una discusión sobre quién paga la fiesta de un lobby multinacional:
¿las comunidades tabacaleras del norte argentino o los accionistas de Philip Morris?

La respuesta, hoy, la tiene el Congreso. Y tendrá consecuencias durante décadas.