Empleados públicos con posibles reducciones salariales

Las medidas de aislamiento obligatorio, decididas con el firme objetivo de disminuir la tasa de contagio del virus covid-19, han generado una drástica caída de actividad económica de la mayoría de los sectores de producción y comercialización. El reciente anuncio de la continuidad del aislamiento, aún con ciertos cambios, implica que el nivel de actividad de muchos sectores continuará en niveles muy bajos y afectará la posibilidad de pago de los salarios del mes de mayo, al igual que lo que pasó con los de marzo y pasará con los de abril.

La paralización de la actividad se está registrando en todos los países del mundo y ha llevado a la implementación de paquetes fiscales y de asistencia de liquidez de gran envergadura. A nivel fiscal se genera un nuevo gasto público, concentrado en la asistencia social y en la salud. Se da tanto un aumento de las inversiones (sanidad) como del gasto corriente. Lo que hoy luce como transitorio es el paquete de asistencia social, pero sin una fecha determinada de vida, dada la dinámica del virus. Por otra parte, la caída de actividad económica está derivando en una merma importante de la recaudación tributaria de todos los niveles de gobierno. En consecuencia, se está produciendo un aumento del déficit fiscal, tanto por suba del gasto como por caída de ingresos. Esto ya es una evidencia concreta y particularmente acuciante en nuestro país, que ya se encontraba en un marco de debilidad fiscal y sin posibilidad de acudir al endeudamiento.

SEgún un informe del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF),Argentina llega a esta situación de pandemia con dos años previos de recesión y con una muy significativa caída de salarios reales, que fue lo que permitió que la caída del empleo no fuera tan grande. El salario real hizo un gran ajuste, tanto a nivel privado como público.

El efecto letal que está generando la pandemia sobre la actividad económica privada hace ilusorio pensar que los empleadores van a poder pagar la totalidad del salario de sus trabajadores. El gobierno se ha comprometido a abonar aproximadamente la mitad de los sueldos netos de empleadores que hayan visto reducidas sus ventas reales en aproximadamente un 50% o más entre el 20 de marzo y el 12 de abril, lo que resulta importante y correcto, aunque insuficiente porque no abarca a todas las empresas afectadas por una caída abrupta de ventas y porque muchas empresas tendrán ingreso cero para pagar el otro 50% de su obligación salarial. Esto es evidente en actividades como turismo, hotelería, gastronomía, transporte de pasajeros, esparcimiento, pero también en muchas actividades comerciales y de servicios completamente discontinuadas.

Es importante hacer el esfuerzo que sea necesario para evitar que la caída de empleo se vuelva importante. En primer lugar, por el efecto social que tiene y, en segundo, porque si esto sucediera, se generaría en el muy corto plazo una mayor demanda de asistencia social, que se sostendrá por un tiempo más largo y demandará un mayor gasto público de asistencia en el futuro.

La prioridad del empleo ha sido compartida por representantes sindicales que han avanzado en acuerdos de suspensión de personal con pago de alrededor del 70% de los salarios (a cuenta de los cuales se computará la ayuda gubernamental) y de hecho por el propio Poder Ejecutivo que dejó expedita la posibilidad de acuerdos de suspensión laboral con reducción de salarios contemplada en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo (LCT).

En consecuencia, es indudable que la extensión del aislamiento preventivo obligatorio producirá una reducción en los ingresos de trabajadores privados dependientes e independientes, salvo que el Gobierno se comprometa en muchos casos a compensarlos en su totalidad. La debilidad de la situación fiscal inicial argentina, el notable deterioro derivado de la caída de ingresos y del aumento de gasto público, generan un incremento significativo del déficit, que debe ser financiado casi exclusivamente con emisión monetaria que, en el marco de la poca confianza en la moneda nacional, se traducirá seguramente en el mediano plazo en niveles inflacionarios que deteriorarán aún más el salario real de los trabajadores privados e impactará también sobre el poder adquisitivo de los ingresos de los agentes estatales.

La situación extraordinaria que se afronta requiere que los esfuerzos y costos económicos sean equitativamente repartidos. Por eso es necesario que todos aquellos que tengamos niveles de ingresos superiores a los de subsistencia seamos solidarios para preservar las fuentes de empleo de los trabajadores de menores ingresos, que también es una forma de preservar la capacidad de financiamiento del sector público y sus puestos laborales.

En este contexto, sería esencial que los empleados dependientes y toda la planta política de los tres poderes del Estado, es decir Poder ejecutivo, Poder legislativo y Poder judicial de los tres niveles de gobierno, cuyos ingresos superen un determinado monto, reduzcan progresivamente sus salarios durante el mismo período que dure la reducción de las remuneraciones de los empleados privados. Obviamente, esta reducción no aplica para el personal esencial vinculado a servicios presenciales.

Esta reducción podría comenzar a partir de dependientes con ingresos netos mensuales de por ejemplo $50.000, con porcentajes de reducción crecientes por sobre ese piso, de manera tal que para niveles salariales importantes se acerque al 30%, porcentaje similar a la caída que seguramente experimentarán muchos trabajadores privados dependientes y muy inferior a la que sufrirán la mayoría de los independientes.

Un ejemplo de escalas de reducción y del impacto sobre los trabajadores, antes de impuesto a las ganancias, sería el mostrado en los cuadros a continuación.

El ahorro fiscal que se genere a nivel nacional, provincial y municipal debería destinarse a un fondo que financie gastos puntuales y esenciales por covid-19. En la actualidad una masa salarial pública debe estar en el orden de $230.000 millones mensuales. Cada municipio, cada provincia y el Poder ejecutivo nacional deberían explicitar el monto generado mensualmente, distribuido en cada uno de los tres poderes. Más allá de si el monto de dinero que esta medida genere sea significativo o no, es una señal concreta de solidaridad, clave en este momento tan complejo que se vive en nuestro país. //RNG