Redacción Perico Noticias // En un país donde más del 50% de la población vive bajo la línea de pobreza y en Jujuy esa cifra asciende al 60%, los datos fiscales exponen una contradicción cruel. Jujuy presenta un superávit financiero de $227.462 millones, mientras la indigencia y la precariedad laboral crecen sin control. Este modelo de gestión no solo perpetúa la desigualdad, sino que revela un Estado desconectado de las urgencias sociales y concentrado en acumular recursos que no utiliza en los sectores más vulnerables.
1. Ingresos per cápita: Riqueza que no llega a la gente
Con ingresos totales de $1.057.735 millones y una población de 800.000 habitantes, el ingreso per cápita en Jujuy asciende a $1.322.169 anuales. A pesar de esta cifra teóricamente positiva, la provincia sigue siendo una de las más pobres del país. Esto se debe a una combinación de mala asignación de recursos, falta de inversión en seguridad social e incapacidad para generar un impacto real en las condiciones de vida.
2. Regalías: El saqueo del litio
Jujuy es una de las principales provincias productoras de litio en Argentina, un recurso clave para la transición energética global. Sin embargo, las regalías mineras representan apenas $5.296 millones, es decir, un irrisorio 0,5% de los ingresos totales de la provincia. Este dato refleja un modelo extractivista diseñado para beneficiar a las empresas privadas, mientras las comunidades locales soportan los impactos sociales y ambientales sin recibir una compensación justa.
En comparación, provincias como Neuquén generan $943.683 millones en regalías gracias a una negociación más justa con las empresas petroleras. Esto demuestra que la debilidad institucional y política de Jujuy ha convertido a la provincia en un simple proveedor de recursos, sin capacidad de capitalizar su potencial.
3. Gasto en personal: Un Estado caro y poco eficiente
El gasto en personal en Jujuy asciende a $457.325 millones, equivalente al 43% de sus ingresos totales. Este porcentaje es más alto que el de muchas provincias con una mayor población o ingresos similares. Por ejemplo:
- Misiones, con más de 1,2 millones de habitantes, destina menos al gasto en personal y más a infraestructura.
- Chubut, con una población menor a 600.000 habitantes, mantiene un gasto proporcionalmente más bajo en personal y genera un impacto social más equilibrado.
En Jujuy, el exceso de recursos destinados al sostenimiento de la burocracia estatal limita la inversión en áreas críticas como salud, educación e infraestructura.
4. Gasto de capital: Un abandono estructural
El gasto de capital, destinado a infraestructura y desarrollo, alcanza apenas $41.068 millones, menos del 4% de los ingresos totales. Esta cifra es insuficiente para enfrentar los problemas estructurales de la provincia, como la falta de acceso a agua potable, viviendas dignas o servicios básicos en zonas rurales. Este subejercicio de recursos perpetúa la precariedad y frena el desarrollo económico.
5. Superávit: ¿Eficiencia o indiferencia criminal?
El superávit financiero de $227.462 millones debería ser una herramienta para combatir la indigencia, generar empleo y fortalecer la seguridad social. Sin embargo, en Jujuy se interpreta como una excusa para la inacción. Este superávit es un reflejo de una gestión que prioriza la acumulación fiscal sobre las necesidades humanas, lo que podría calificarse como un «genocidio económico» en tiempos de crisis.
6. Comparación con otras provincias
Provincias como Santa Fe o Córdoba, con ingresos totales similares, logran distribuir mejor sus recursos, destinando mayores porcentajes a inversión social y programas de desarrollo. Esto demuestra que la pobreza de Jujuy no es una consecuencia inevitable de su economía, sino el resultado de decisiones políticas equivocadas.
7. Narrativa futura: El presupuesto 2025 y el desafío del cambio
El presupuesto proyectado para 2025 en Jujuy es de $2 billones de pesos, casi el doble del monto actual. Sin embargo, si las partidas presupuestarias se mantienen con la misma indiferencia, el superávit crecerá al costo de una herida social insoportable. El electorado ya no tolerará un gobierno que acumule dinero mientras el 60% de la población vive en la pobreza.
8. Consecuencias sociales y políticas
La desconexión entre el superávit y las condiciones de vida de la población genera un clima de descontento social que puede derivar en protestas masivas y un rechazo contundente en las próximas elecciones. El modelo de gestión actual está erosionando la legitimidad de las instituciones y fomentando una percepción de que los representantes políticos no son más que lobistas al servicio de intereses privados.
9. Alternativas: Un plan para revertir la pobreza
- Renegociar regalías mineras: Incrementar la participación provincial en los ingresos generados por la extracción de litio y otros recursos estratégicos.
- Redistribuir el superávit: Invertir en programas de empleo, infraestructura y asistencia social para reducir la pobreza y la indigencia.
- Reducir la burocracia estatal: Optimizar el gasto en personal y destinar los recursos ahorrados a áreas prioritarias.
- Diversificar la economía: Apostar por sectores como el turismo sostenible, la agroindustria y las energías renovables.
- Transparencia y participación ciudadana: Establecer mecanismos de rendición de cuentas para garantizar un uso eficiente y equitativo de los recursos públicos.
«Pobreza» una elección política insoportable
Los datos fiscales de Jujuy revelan que la pobreza de la provincia no es una fatalidad, sino una elección. Con ingresos suficientes para transformar la realidad social, el gobierno ha optado por priorizar el superávit y la acumulación fiscal sobre las necesidades humanas. Es hora de que la ciudadanía exija un cambio real, porque ser pobre en una provincia rica no es un destino, es una traición política.
