¡Escándalo en Jujuy! El Gobierno es uno de los dueños de EJESA y Abusa del Pueblo

Perico Noticias // En un golpe de realidad que expone la corrupción institucional, se revela que el Gobierno de Jujuy es socio directo de EJESA, el brazo recaudador de tarifas eléctricas que encarece brutalmente las facturas de los ciudadanos. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Acta de Asamblea General de EJESA número 40, fechada el 6 de febrero de 2023, Mario Alejandro Pizarro, actual Secretario de Energía de la Provincia de Jujuy (esx vocal de la SUSEPU) y Presidente de la Convención Provincial de la UCR, aparece como representante del Estado Provincial, titular de 3.538.471 acciones clase C.

Esta oscura maniobra, financiada con dinero público, ha convertido a EJESA en una máquina implacable de recaudación. Mientras la resolución 267/2024 emitida por el Ministerio de Economía prohíbe incluir impuestos y tasas en las facturas, el Gobierno, al ser accionista, impide que EJESA deje de percibir estos tributos, ignorando por completo el decreto presidencial. ¡Inconcebible!

La falta de transparencia es alarmante: se compraron acciones sin rendir cuentas al ciudadano, y hoy el Estado se beneficia de una doble recaudación. Pagamos tributos y servicios, pero parte de esa renta vuelve a engrosar los bolsillos del propio gobierno. La justicia federal ya se ha proclamado competente para analizar el incimplimiento del decreto 267/24, en medio de denuncias de que la normativa se utiliza para encubrir el saqueo sistemático de la cartera pública.

Este entramado perverso deja en evidencia cómo los recortes y abusos en las tarifas eléctricas no son fruto del azar, sino de una política maquiavélica que busca llenar de dinero al Estado, a costa del bolsillo del vecino. La ciudadanía jujeña merece saber la verdad: nuestros impuestos están siendo usados para sostener un sistema corrupto y opaco, donde la lealtad se mide en acciones y no en servicio público. ¡Basta ya de abusos!

Acta de Asamblea General de EJESA número 40:

En un escándalo que sacude los cimientos de la administración provincial, se ha revelado que Mario Pizarro, actual Secretario de Energía de Jujuy, ostenta roles incompatibles y contradictorios que atentan contra el interés público. Ex vocal de la SUSEPU, titular de la participación societaria del Estado en EJESA y, además, presidente de la convención provincial de la UCR, Pizarro encarna una dualidad de funciones que no solo viola los principios constitucionales, sino que también resulta moralmente reprochable.

1. Incompatibilidad de Funciones Públicas y Privadas

La Constitución de la Provincia de Jujuy establece, en consonancia con los principios de transparencia y de imparcialidad del servicio público, que ningún funcionario debe acumular cargos que puedan generar conflictos de intereses. Al ser Secretario de Energía, Pizarro tiene la responsabilidad de regular y fiscalizar el sector energético, incluyendo a las empresas privadas que suministran servicios a la provincia. Sin embargo, su condición de titular de acciones en EJESA –la empresa encargada de la recaudación de tarifas eléctricas– lo coloca en una situación de doble cara. Esta acumulación de funciones vulnera el deber de actuar en beneficio del interés general, ya que sus decisiones podrían estar influenciadas por intereses económicos privados.

2. Contradicción Normativa y Desacato al Decreto Nacional

En octubre del año pasado, el Ministerio de Economía emitió un decreto nacional que prohíbe la inclusión de tributos y tasas municipales en las facturas de energía. Este mandato tiene como objetivo evitar cobros abusivos que perjudican a los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno de la provincia, al mantener a Mario Pizarro en el directorio de EJESA, impide la aplicación íntegra de esta normativa. Al ser parte activa en la estructura de EJESA, Pizarro favorece la continuidad de cobros que no corresponden a la verdadera prestación del servicio, desobedeciendo el decreto y, por ende, vulnerando normas de carácter nacional y provincial.

3. Falta de Transparencia en la Adquisición de Acciones

Resulta especialmente polémico que, con fondos públicos, se hayan adquirido acciones de EJESA, sin que exista una rendición de cuentas clara y transparente a la ciudadanía. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Acta de Asamblea General número 40, fechada el 6 de febrero de 2023, Mario Alejandro Pizarro figura como representante del Estado, titular de 3.538.471 acciones clase C. Esta situación genera dudas sobre la legitimidad de la gestión pública, ya que el mismo dinero del contribuyente se utiliza para financiar intereses empresariales que terminan perjudicando al usuario final.

4. Inmoralidad y Doble Cara Política

La situación se agrava aún más por la inaceptable combinación de roles que asume Pizarro. Al presidir la convención provincial de la UCR, se espera de él una postura ética y comprometida con la defensa del ciudadano. Sin embargo, su vinculación directa con EJESA –la entidad que encarece las tarifas eléctricas a costa del bolsillo del vecino– denota una colusión inexcusable entre intereses privados y públicos. Es inadmisible que un dirigente político, que debería velar por la transparencia y la eficiencia en la administración de recursos, se beneficie personalmente a través de una participación accionaria que influye en decisiones que afectan directamente a la economía del hogar jujeño.

5. Ilegalidades y Posibles Sanciones

Desde el punto de vista jurídico, las conductas de Mario Pizarro podrían ser objeto de sanciones tanto administrativas como penales. Entre las irregularidades se destacan:

• Incompatibilidad de cargos: La acumulación de funciones en el ámbito público y en la dirección de una empresa de recaudación vulnera los principios de imparcialidad y probidad exigidos a los funcionarios públicos, tal como lo dispone la Constitución provincial.
• Desacato a la normativa: La omisión de adherirse al decreto nacional que prohíbe el cobro compulsivo de tributos en las facturas de energía implica un claro incumplimiento de las directrices estatales, lo cual podría derivar en sanciones por abuso de poder.
• Falta de transparencia: La adquisición de acciones con dinero público, sin rendición de cuentas adecuada, vulnera el derecho de la ciudadanía a una administración transparente y abierta, lo que podría conllevar investigaciones por corrupción administrativa.

Las sanciones previstas para estas irregularidades, de conformidad con el marco legal vigente, pueden incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas significativas e incluso la apertura de procesos judiciales por abuso de poder y corrupción.

Mario Pizarro se encuentra, sin lugar a dudas, en el epicentro de un entramado de ilegalidades e incompatibilidades que manchan la imagen del servicio público en Jujuy. Su doble rol –como regulador y partícipe directo en la recaudación de tarifas abusivas – es una clara muestra de cómo los intereses privados se han entrelazado de manera nefasta con la gestión estatal. Además, su liderazgo político en la UCR le resta credibilidad y evidencia una grave falta de ética en la administración de recursos públicos.

La ciudadanía jujeña merece una respuesta firme y transparente. Las autoridades competentes deben actuar sin demora para investigar y sancionar estas prácticas, restaurando la confianza en las instituciones y garantizando que los principios constitucionales y democráticos prevalezcan sobre los intereses particulares. ¡Basta ya de doble cara en el servicio público!