¡Escándalo en Jujuy! Intendentes y EJESA bajo la lupa por cobro indebido de tasas en facturas de energía

Perico Noticias // La reciente decisión de la Justicia Federal de declararse competente en el amparo presentado por el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (CODECUC) contra la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) ha encendido las alarmas en toda la provincia. Este fallo podría desencadenar una serie de repercusiones legales y políticas que pondrían en jaque a los intendentes y al gobierno provincial por el cobro indebido de tasas municipales en las facturas de energía.

El conflicto se originó cuando CODECUC, representando a los usuarios del servicio eléctrico, denunció la inclusión de una «Percepción Contribución Única» del 6% en las facturas de EJESA, considerada ilegal según la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Esta normativa prohíbe a las empresas prestadoras de servicios públicos incluir cargos ajenos al consumo real en las facturas. A pesar de ello, EJESA continuó aplicando la mencionada tasa, lo que llevó a CODECUC a interponer un recurso de amparo ante la Justicia Federal.

La gravedad del asunto se intensifica al considerar que el gobierno de Jujuy posee una participación accionaria en EJESA, lo que podría implicar una responsabilidad directa en estas prácticas cuestionables. Además, el Banco Nación, entidad encargada de procesar los pagos de las facturas, no habría acatado las disposiciones nacionales para eliminar estos cargos, lo que añade otra capa de complicidad en este entramado.

Este escenario se agrava con el reciente fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, que rechazó un amparo del municipio de Tigre que buscaba mantener el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Este precedente judicial refuerza la posición de CODECUC y anticipa posibles reveses legales para los municipios jujeños que persisten en estas prácticas.

La situación coloca a los intendentes y concejales de Jujuy en una posición comprometida, ya que podrían enfrentar responsabilidades legales por la implementación y mantenimiento de estas tasas en contravención a la normativa nacional. La presión recae también sobre EJESA y Naturgy (ex Gasnor), empresas que, según las denuncias, habrían actuado en connivencia con las autoridades municipales para perpetuar estos cobros indebidos.

Ante este panorama, se espera que la Justicia Federal avance con celeridad en la resolución de este conflicto, estableciendo responsabilidades y ordenando las medidas necesarias para resarcir a los usuarios afectados. La transparencia y el respeto a los derechos de los consumidores deben prevalecer, y las autoridades involucradas deberán rendir cuentas por sus acciones.

La normativa era clara y pública: el silencio cómplice de los intendentes y concejales

El decreto presidencial y la normativa de la Secretaría de Industria y Comercio que prohibía la inclusión de tasas municipales en las facturas de energía y gas eran de acceso público y ampliamente difundidas. No hubo margen para la ignorancia ni el desconocimiento de la ley. A pesar de ello, los intendentes y concejales de Jujuy, sin distinción de partido político, optaron por el silencio y la omisión, permitiendo que EJESA y Naturgy continuaran aplicando recargos ilegales en las boletas de miles de jujeños. Lo más grave es que el Estado provincial, socio de EJESA, tenía un conocimiento privilegiado de esta situación, lo que evidencia que no solo permitió el abuso, sino que se benefició directamente del mismo.

Este esquema de sobrecarga tarifaria no solo representó una violación a la normativa nacional, sino que además profundizó la crisis económica de los usuarios, estrangulando aún más sus bolsillos en un contexto de inflación descontrolada. La defensa de los vecinos, que debería haber sido una bandera de los representantes municipales, nunca existió. No hubo un solo intendente ni concejal en Jujuy que alzara la voz para exigir el cumplimiento de la ley y el cese de estos tarifazos ilegales. Todos, sin distinción de partido, fueron cómplices de un abuso que golpeó directamente a la ciudadanía, incumpliendo flagrantemente los deberes de funcionario público. La Justicia Federal ahora tiene en sus manos un caso que, de ratificarse en fallo definitivo, podría marcar un antes y un después en la responsabilidad política y criminal de quienes permitieron este atropello contra el pueblo.