Esperando el temblor en el Concejo Deliberante de Perico

 Esperando el temblor en el Concejo Deliberante de Perico

Con mucha expectativa y anticipación, en medio de un clima tenso y potencialmente violento, se aguarda la sesión ordinaria correspondiente a esta semana, luego del pedido de juicio político contra Miguel Chein formulado por ediles radicales, que ya esta alcanzando dimensión nacional. Durante el día de ayer se procedió a instigar a la ciudadanía de Perico usando propaladoras callejeras para acudir al CD a condenar la posición de los dos concejales de la UCR y el concejal Antonio Asmuzi (PJ). Este hecho es una transgresión a las normas de convivencia del actual código contravencional en vigencia y una regresión democrática, ya que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes.

La semana pasada, la sesión terminó en un escándalo que no quedó circunscripto al recinto del legislativo comunal sino que tuvo repercusión provincial, luego de que los concejales radicales María Pintos y Ramón Nuñez impulsaran la realización de un juicio político en contra del concejal, y ex intendente interino, Miguel Chein.

El pedido de juicio político contra Miguel Chein se basa una serie de pruebas que lo vincularían a la posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, debido a los poco claros manejos que se sospecha tuvo el edil mientras estuvo al frente del ejecutivo municipal mediante una empresa que prestaba, y presta, servicios a la intendencia y al gobierno.

Se trata de la empresa Conmise SRL, presuntamente de propiedad del propio Chein;  de ahí la posible incompatibilidad de las negociaciones con el cargo que derivarían en un enriquecimiento ilícito.

Si bien el concejal Chein no figura como titular de la empresa, es de dominio público que es de su propiedad.  “Se lo ve a diario en el obrador de la empresa”, denunció Ramón Nuñez en una conferencia de prensa donde comparó al edil justicialista con Lázaro Báez.  Además aseguran que, a pesar de no figurar como titular o en el directorio, si figura en la SRL como “socio oculto”.

Existe un antecedente judicial sobre el caso de la obra pública de Perico en la Justicia, que obra en la fiscalía de Gustavo Araya.  En su momento, el  secretario de Hacienda de la Municipalidad, Mario Reynoso, había presentado una denuncia penal.

En cuanto a la denuncia en sí, Nuñez resumió “A través de la empresa Conmise recibió $77 millones para el mejoramiento de la plaza urbana, de la Avenida José Hernández. La empresa Casella presenta una factura de áridos comprados en Lanús Oeste por $5 millones, subcontrata a Conmise donde un pariente de Chein es socio. El árido se extrae del Rio Perico, cuando Conmise estaba en mora por un canon de extracción de áridos y explotación de canteras en ese rio. Ya venía siendo intimada y nunca fue ejecutada”.

SORPRESIVA DEFENSA CORPORATIVA DE SOCIOS RIVALES

Curiosamente, Miguel Chein encontró un escudo defensor en sus ex rivales políticos, los concejales Walter Cardozo y Mireya Sosa, y también de la ex azul grana Sara Tarifa.  Los dos primeros hasta el año pasado se oponían de manera acérrima y feroz, y hasta lo denunciaban públicamente, como es el caso de Walter Cardozo quien desfiló por radios y canales denunciando al ex intendente interino, no solo de actos graves de corrupción, sino de agredir a uno de sus aliados políticos.

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La sociedad de concejales que hoy defienden a Miguel Chein, que cuenta con quórum propio,  hizo que el pedido de juicio político recaiga antirreglamentariamente en la Comisión de Asuntos Institucionales, presidida por Mireya Sosa, “compañera” de Chein, y no en la Comisión Investigadora que debió formarse, tal como marca la Carta Orgánica y el reglamento Interno, y tal como ocurrió con el pedido de juicio político en contra del Juez de Faltas, Abel Pacheco.  Seguramente, gracias a los números, los “compañeros” logren que Cheín “safe” del juicio político.  “Acá está pasando algo raro”, advirtió el concejal Nuñez.

Sin embargo, previendo esta posibilidad, los radicales Pintos y Nuñez, quienes fueron respaldados por el Bloque de Diputados de la UCR y el Gobierno Provincial, insistirán con una denuncia penal ante la Justicia ordinaria.  En este sentido, la diputada nacional Alejandra Martínez realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.

CLIMA DE VIOLENCIA

El pedido de juicio político en contra del concejal justicialista Miguel Chein por parte de los radicales Pintos y Nuñez, provocó un terremoto político en el recinto donde inmediatamente comenzó a vivirse, la semana pasada, un clima de violencia que amenaza no solo al orden institucional sino a la integridad física de los denunciantes.

En respuesta al pedido de juicio político en contra del concejal, los socios de Chein hicieron lo propio y solicitaron el juicio político del actual intendente, Rolando Ficoseco, y del secretario de Hacienda, en una clara actitud destituyente de lo que mandó la voluntad popular, y obrando de mala fe para desviar la atención.  Además, de esta manera castigan al intendente por una presunta alineación con el gobierno provincial.

Además de ello, el pedido de juicio político contra Chein generó una desmesurada reacción del Bloque EDIJUS.  Trataron a los concejales radicales de “corruptos y vianderos”, y salpicaron en los exabruptos al propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, a quien trataron de “chorro y corrupto”, y hasta al intendente de la Capital, Raúl Chuli Jorge,  sobre quien sugirieron estaría exento del alcance de la Justicia provincial en las investigaciones que promueve el gobierno de la provincia para transparentar los turbios manejos de la obra pública.  Así lo vociferaron Cardozo y Sosa en medio de una acalorada discusión la semana pasada durante la última sesión.

Por otra parte los concejales radicales, Pintos y Nuñez, denunciaron ser víctimas de un clima de violencia que se vive no solo en el recinto del legislativo comunal, sino que trasciende a este y se traslada a la calle y a la vida privada de cada uno.

Un montaje de aprietes y amenazas sistemáticas, denuncian los concejales radicales, se vive en las sesiones y en los cuartos intermedios de las sesiones del Concejo Deliberante de Perico, donde son insultados y desafiados en términos cuyos agravios lesionan el estado de derecho y ponen en riesgo la integridad física, a tal punto que la edil Pintos debe acudir con su esposo para su protección.  Fuera del Concejo, Pintos aseguró haber sido víctima de una agresión, motivada por el pedido de juicio político contra Chein, que no se llegó a concretar gracias a la intervención de un familiar.

Además de esto, aseguran que son víctimas de una campaña sucia en las redes sociales.  Circulan videos e imágenes que la concejal radical endilgó directamente a “quienes acatan las órdenes de Chein”, y sindicó al concejal  Walter Cardozo como uno de los partícipes de la movida.

Por esta razón, la semana pasada los diputados provinciales María Eugenia Nieva, María Ferrín, Gladis Méndez, Néstor Sanabia, Carlos Amaya, Renán Dada, Victoria Luna Murillo, Ramiro Tizón, Rodolfo Nieto, Guido Luna, Osvaldo Cuellar, María Reynaga, la Diputada Nacional Alejandra Martínez y el ministro de la Producción Juan Carlos Abud Robles, respaldaron el accionar de los concejales radicales periqueños, repudiaron los hechos de violencia y desestimaron cualquier intento de desprestigiar Pintos y Nuñez.  «Rechazamos cualquier tipo de imputación contra la concejal María José Pintos y rescatamos la tarea legislativa de los concejales defendiendo los valores y principios de nuestro partido político», resumió el presidente del Bloque de Diputados de la UCR Alberto Bernis.

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