“Estado tutelado: cuando Washington te maneja la perilla del dólar”

Si algo quedó claro esta semana es que la Argentina ya no controla el timón. El propio secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, blanqueó que su gobierno compró pesos argentinos e instrumentó un “swap” por US$20.000 millones con el Banco Central “para estabilizar los mercados” en un contexto de “aguda iliquidez”. Lo dijo, textual, y lo publicó la prensa: no es rumor ni grieta—es intervención directa sobre nuestra política cambiaria.

Bessent, además, marcó el encuadre geopolítico sin ruborizarse: EE.UU. no quiere “más Estados fallidos” en Sudamérica y prefiere un anclaje financiero bajo su órbita—“swap line, no estamos poniendo dinero”, insistió—que mantenga a raya a China y discipline la plaza local. Es decir, el Tesoro fija el perímetro y Argentina juega adentro de la cancha que dibuja Washington.

El problema no es sólo simbólico. Cuando otro país opera tu moneda y define el ritmo del dólar, condiciona precios relativos, valorizaciones de empresas, patrimonio público y los incentivos de inversión. En el cortísimo plazo puede calmar el tipo de cambio; en el mediano, abarata activos argentinos y encarece el desarrollo productivo si el “plan de estabilización” se apoya en atraso cambiario y tasas altas. Eso no es “Plan Marshall”; es tutela financiera con objetivos estratégicos ajenos.

La otra pata es el FMI. Kristalina Georgieva fue diáfana: el ajuste “dramático” sólo puede “tener éxito si se lleva a la gente consigo”. Y para ilustrar de qué magnitudes habla, recordó que en Europa del Este hubo “líderes valientes” que recortaron salarios y jubilaciones 40–50%… y fueron reelectos. No dijo que ése sea el menú aquí, pero esa es la vara con la que el Fondo mide “coraje” fiscal. ¿Está la sociedad argentina dispuesta a ese costo? La respuesta—económica y moral—es nuestra, no de Washington.

Aun si el “swap” y las compras de pesos logran una “paz cambiaria transitoria”, la cuenta llega igual: más condicionamientos, menos autonomía, riesgo de extranjerización barata de activos (energía, minería, agroindustria) y provinciales atrapadas entre recortes y caída de actividad. No hay “magia”: sin programa productivo propio, la estabilización de otros se vuelve nuestra recesión.

Por eso llamar “rescate” a lo que ocurre es exacto en sus efectos y eufemístico en su nombre: estabiliza para ellos (mercados y geopolítica) y patea hacia adelante el costo para nosotros (salarios, empleo, actividad). Poner la bandera ajena en la torre de control no resuelve problemas de productividad, infraestructura o crédito local; los cubre. Y cuando se destapa, la factura vuelve multiplicada.

Frente a esto, el peronismo—con sus matices y autocríticas—está reaccionando con un planteo que vuelve al ABC: soberanía económica para ordenar precios desde el trabajo y la producción, no desde la mesa de dinero. Salarios que le ganen a la inflación, inversión público-privada en infraestructura estratégica, financiamiento barato a pymes, agregación de valor en litio, agro y energía, y reglas que cuiden el mercado interno mientras se exporta más y mejor. No es nostalgia: es la única secuencia que hizo crecer Argentina sin tutores.

El 26 de octubre no se plebiscita un gobierno: se plebiscita si aceptamos ser un “Estado tutelado”. Si se naturaliza que el Tesoro de otro país compre o no compre nuestra moneda según su conveniencia. Si resignamos la potestad esencial de decidir cómo estabilizamos, para quién, y con qué proyecto productivo.

Soberanía hoy no es un eslogan: es poder ordenar la economía sin que el precio sea quebrar provincias, licuar salarios y rematar el patrimonio productivo. Ese camino ya lo probamos—y duele. El otro camino, el nuestro, requiere decisión política, un programa serio y un mandato social claro. Eso se vota ahora. Y ahí, la diferencia entre un país en pie y un país de rodillas no la decide ningún swap: la decide la gente.