Fallo ejemplar: la Corte Suprema devuelve al Fondo Especial del Tabaco —Justicia histórica con sello jujeño—

La lucha no fue de un día ni de un mes. Fue una cruzada de años, librada en silencio por cientos de familias tabacaleras que, mientras el humo de la injusticia nublaba el horizonte, siguieron sembrando, curando y cuidando su producción con la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se impondría. Bajo la conducción del Dr. Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, esa esperanza dejó de ser un deseo y se transformó en victoria: la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que Tabacalera Sarandí debe comenzar a pagar el impuesto mínimo interno al cigarrillo, derribando las cautelares que la protegían desde hacía años.

Ese fallo, que en términos económicos se traduce en más de 1.000 millones de dólares acumulados en seis años, es mucho más que un alivio financiero. Es la restitución de un derecho colectivo que sostiene el Fondo Especial del Tabaco (FET), columna vertebral del ingreso de los productores y garante de un delicado equilibrio sectorial. En Jujuy, donde la trazabilidad productiva está alineada a los más altos estándares internacionales —incluyendo los criterios de la OMS—, este triunfo tiene el sabor de la épica: reafirma que producir con calidad, responsabilidad y respeto al consumidor no es solo un discurso, sino una forma de vida.

Pascuttini, en la última reunión informativa con productores, fue categórico: “Todo lo atinente al pedido de justicia se había realizado de forma óptima, y confiábamos en la Justicia para dar esperanza al sector y seguir en pie”. Sus palabras hoy resuenan como el eco de una profecía cumplida. Esa confianza no nació de la ingenuidad, sino de una estrategia jurídica impecable, forjada junto a sus pares de otras provincias y un equipo técnico que nunca claudicó, resistiendo embates económicos y presiones políticas que hubieran quebrado a cualquier otro sector menos cohesionado.

La Corte, en un fallo contundente, desarmó uno a uno los argumentos de Sarandí. Sostuvo que la presentación empresarial carecía de “rigor argumentativo” y de “sustento fáctico y jurídico consistente”. Reafirmó que el impuesto mínimo al tabaco es una política fiscal con finalidad extrafiscal, diseñada no solo para recaudar sino para proteger la salud pública, y que su fijación es potestad exclusiva del Congreso, salvo en casos de discriminación arbitraria, lo que aquí no existió -sostuvo el fallo.

En palabras del máximo tribunal: “La escueta y dogmática alegación de inconstitucionalidad de una ley, desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente, no basta para que los jueces ejerzan la atribución… por constituir un acto de suma gravedad que debe considerarse como última ratio del orden jurídico”. También cuestionó a la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había favorecido al empresario con valoraciones extrajurídicas sobre “grandes tabacaleras” y “realidad de mercado”, ignorando fallos previos y la presunción de legitimidad de los actos legislativos.

Cada línea del fallo fue celebrada en Jujuy como si se tratara de un gol en tiempo de descuento. Porque lo es: significa recuperar recursos vitales, limpiar el terreno de competencia desleal y devolver al sector una herramienta para proyectar futuro. Es la confirmación de que cuando el trabajo se une con la estrategia y la convicción, la justicia puede imponerse incluso sobre los laberintos de un poder judicial que muchas veces parece más interesado en proteger privilegios que en amparar derechos.

Hoy, el sector tabacalero de Jujuy —y del país— puede levantar la frente. No porque la batalla haya terminado, sino porque esta victoria demuestra que la unidad y la coherencia son armas invencibles. Pascuttini y su equipo han dado una lección que trasciende lo productivo: en un país donde la desconfianza y la resignación son moneda corriente, todavía hay causas que valen la pena pelear… y ganar.