Farsa jurídica en la CTPL: la falsa asamblea, un acto nulo que desnuda ignorancia, dolo y desprecio por el derecho cooperativo

---

Por Especialista en Derecho Cooperativo en Argentina
Análisis jurídico publicado en Perico Noticias

En el marco del lamentable intento de algunos asociados de la Cooperativa Telefónica de Perico Ltda. (CTPL) por autoconvocarse y remover al Consejo de Administración en funciones, corresponde realizar algunas aclaraciones jurídicas fundamentales que no pueden ser ignoradas si verdaderamente aspiramos a fortalecer el espíritu del cooperativismo argentino. El hecho de que este grupo haya intentado llevar adelante una “asamblea extraordinaria” sin los requisitos legales mínimos no sólo constituye un acto inválido, sino un ejemplo claro de improvisación jurídica, desconocimiento normativo y desprecio por la institucionalidad.

La asamblea que nunca existió

Es importante subrayarlo con claridad: la supuesta asamblea del 27 de julio de 2025 nunca existió jurídicamente. Fue formalmente desautorizada por los órganos competentes días antes de su realización. El propio Consejo de Administración de la CTPL rechazó la solicitud por vicios graves en el pedido, y el INAES —máxima autoridad nacional en materia cooperativa— no otorgó ningún aval ni designó fiscalización para dicho acto, tal como exige la Ley de Cooperativas N.º 20.337, tampoco las autoridades provinciales.

La nula convocatoria, carente de validez formal, además no alcanzó el 10% del padrón de asociados necesario para sustentar el pedido de asamblea extraordinaria, y mucho menos reunió los dos tercios del total de asociados requeridos para una eventual reforma estatutaria, lo cual desnuda el carácter doloso, falaz y fantasioso de toda la operación.

La comisión designada como normalizadora, para llamar a ellecciones nuevamente, cuando hay autoridades legitimas en ejercicio lejos del vencimiento de sus mandatos y la aprobación de un desembolso para que reconozcan los gastos que le insumió organizar la reunión destituyente, roza la indecencia y encuadra en delitos tipificados, ocurrió una estafa a la buena fé de los concurrentes.

El desconocimiento como trampa: no todo asociado es “dueño”

Como especialista en derecho cooperativo, no puedo dejar de lamentar la profunda falta de capacitación de los asociados que protagonizaron esta maniobra. Recordemos que toda cooperativa, por ley, debe destinar al menos un 5% de sus excedentes a educación y formación de sus miembros. Este tipo de hechos revela la urgente necesidad de que ese mandato no sea letra muerta.

Se ha instalado, con preocupante ligereza, la idea de que “todos somos dueños de la cooperativa”, confundiendo participación con propiedad privada. La realidad es otra: los asociados poseen aportes indivisibles, no acciones libremente comercializables, y esos aportes están sujetos a un objeto social específico, estrictamente regulado. La cooperativa, aunque nacida del impulso privado, es siempre del Estado, porque su finalidad es pública y social, no lucrativa ni patrimonial. En caso de disolución, los bienes no se reparten entre los socios, sino que se transfieren a otras instituciones solidarias, como lo establece la ley.

El Consejo de Administración: legal, vigente y protegido

El intento de remover en masa al Consejo de Administración —en funciones desde hace apenas unos meses y electo a derecho— constituye una afrenta institucional sin precedentes en la historia de la CTPL. Este Consejo no solo cuenta con el mandato de los socios, sino con el reconocimiento expreso de los órganos de control. Su conformación fue realizada en sinergia con el INAES y supervisada en todas sus etapas, desde la convocatoria hasta la proclamación.

La embestida orquestada por exconsejeros y otros asociados vinculados a la gestión anterior, caracterizada por vencimientos, desórdenes administrativos y desmanejos financieros, revela una clara intención de recuperar espacios de poder perdidos, al margen de la legalidad y el respeto institucional.

El cooperativismo es compromiso, no oportunismo

Es lamentable que, en lugar de encolumnarse en un proyecto común de reconstrucción, algunos asociados opten por el atajo, la argucia y el engaño. El cooperativismo es una herramienta transformadora, basada en la transparencia, la solidaridad y el crecimiento colectivo. No es una empresa privada, ni un club de amigos. Es una entidad con reglas claras, con controles estatales y con una misión que excede los intereses personales.

Lo sucedido el 27 de julio no solo dejó en evidencia la invalidez jurídica de la pretendida asamblea, sino que sirvió para constatar quiénes están dispuestos a jugar con las instituciones, manipulando a socios desprevenidos y desprestigiando a la CTPL ante la mirada de toda la comunidad.

Conclusión: la verdad jurídica prevalecerá

La intentona de reformar el estatuto sin quorum, de destituir un Consejo electo y de presentarse como “representantes de los socios” cuando ni siquiera cumplían con los requisitos legales mínimos, es un acto criminal, doloso y repudiable desde todo punto de vista. Es tiempo de que el movimiento cooperativo local abrace el conocimiento, la legalidad y la ética institucional como pilares innegociables.

No hay transformación sin educación cooperativa. No hay asamblea sin fiscalización. Y no hay propiedad sin responsabilidad.

---

Anticipo para www.periconoticias.com.ar
El intento de remover al Consejo de Administración de la Cooperativa de Perico fue un acto ilegal y doloso. La supuesta asamblea no existió. No tuvo quorum, ni fiscalización ni aval del INAES. Fue una puesta en escena promovida por socios que ignoran la ley y el espíritu cooperativo.

Etiquetas:
#CooperativaDePerico, #INAES, #DerechoCooperativo, #GolpeInstitucional, #EstatutoCooperativo, #CapacitaciónCooperativa, #PericoNoticias, #DesdeElNorte, #JorgeALindon