Un país rehén entre la supervivencia de Milei y el cálculo de los gobernadores
En una declaración que sacudió la escena política, el jefe de Gabinete Guillermo Francos denunció que «el Senado está cometiendo una especie de golpe institucional organizado por el kirchnerismo», en alusión a la sesión que podría convertir en ley los aumentos a jubilados, la moratoria previsional y otros beneficios sociales vetados por el presidente Javier Milei. La frase no fue improvisada: fue una señal de guerra y un llamado de urgencia a los gobernadores opositores, radicales y del PRO, que dudan si sumarse al gobierno o salvar su propia piel.
Lo que se debate ya no es un bono de $70.000 a jubilados ni un programa de apoyo a personas con discapacidad. Lo que se discute, en el fondo, es el control narrativo de la crisis económica y el liderazgo institucional del país. Milei, con su estilo confrontativo y autorreferencial, ve en cada votación un plebiscito a su figura. Los gobernadores, en cambio, sienten el aliento de sus pueblos en la nuca: no pueden seguir bancando un ajuste que les vacía las arcas provinciales mientras sus hospitales colapsan y los docentes reclaman en las rutas.
Francos rompe el cerco institucional
Las palabras de Francos representan un salto cualitativo en el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Acusar al Senado de «golpe institucional» por ejercer su rol constitucional —votar leyes y, eventualmente, rechazar vetos presidenciales— es romper el delicado equilibrio democrático. El gobierno no solo busca impedir que se voten leyes que considera “inflacionarias”, sino que intenta impugnar la legitimidad del Congreso como poder autónomo. Es un mensaje para los gobernadores que controlan a sus senadores: o están con Milei o serán marcados como traidores.
Pero no todos los gobernadores están dispuestos a suicidarse políticamente por sostener una motosierra que los dejó sin subsidios, sin obras y sin coparticipación suficiente. La mayoría sabe que el costo de votar contra los jubilados puede ser letal en términos electorales. Como reveló La Política Online, ni la UCR ni el PRO quieren aparecer como verdugos del bolsillo popular, sobre todo cuando el impacto fiscal de las leyes en discusión es menor al ahorro generado por la rebaja de impuestos a los ricos.
Una guerra de supervivencias cruzadas
Lo que se juega en estas horas no es una batalla ideológica. Es una lucha descarnada por la supervivencia política. Milei necesita que el Congreso le obedezca ciegamente para poder mantener su relato de «orden fiscal» frente al caos económico inminente. Los gobernadores necesitan distanciarse para no quedar pegados al ajuste brutal y a la insensibilidad social del régimen libertario. La amenaza no es un misil parlamentario, como fabuló Fantino en nombre del gobierno, sino una implosión institucional alimentada por la arrogancia del Ejecutivo.
La retórica de Francos intenta tapar lo evidente: el gobierno carece de mayoría parlamentaria, se está quedando sin caja política y sin discurso económico creíble. Ya ni siquiera puede garantizar el apoyo de su propia tropa. La situación es tan delicada que hasta los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada dudan si aparecer en la foto del naufragio. En esa tensión agónica, cada provincia evalúa con pragmatismo: ¿vale la pena seguir a un presidente que no devuelve ni recursos ni votos?
El pueblo, siempre en el medio del fuego cruzado
Como siempre, la ciudadanía queda atrapada en una pelea de titanes donde la política discute poder mientras la gente discute supervivencia. El debate por el bono a los jubilados o por una mínima moratoria previsional no debería ser materia de guerra. Pero en la Argentina de Milei, donde todo se convierte en una causa épica o en una traición, el drama de la vejez, la discapacidad o la pobreza se transforma en munición partidaria.
La narrativa libertaria es clara: si el Congreso legisla en contra del ajuste, es golpismo. Si el Senado rechaza el veto, es una amenaza a la gobernabilidad. Si un gobernador reclama lo que le corresponde por ley, es un enemigo del cambio. La Argentina está gobernada desde el resentimiento, no desde la planificación.
El desenlace se cocina en el Senado
El resultado de la sesión en el Senado marcará mucho más que la suerte de tres proyectos de ley. Puede ser la primera gran derrota simbólica del presidente Milei y el comienzo de una nueva etapa de reconfiguración del mapa político. También puede ser el comienzo de una embestida institucional más agresiva, en la que el gobierno decida romper todos los puentes con las provincias y radicalizar su relato victimista.
La acusación de Francos es peligrosa no solo porque niega la legitimidad del Congreso, sino porque preanuncia un quiebre institucional más profundo. Cuando el oficialismo comienza a ver fantasmas de “golpes” en las decisiones democráticas, la república entra en zona de riesgo.
Conclusión: gobernadores acorralados, un presidente atrincherado, y un país sin respiro
Lo que se vive hoy en Argentina es una tensión de final imprevisible. Todos pelean por lo suyo: Milei, por su liderazgo mesiánico y su relato épico; los gobernadores, por su viabilidad política y financiera. En el medio, una sociedad empobrecida y agotada, que mira cómo las peleas de cúpula se convierten en leyes que no se cumplen, discursos que no alimentan, y pactos que no construyen futuro.
El “golpe institucional”, en todo caso, no viene del Congreso. Viene de arriba, cuando un gobierno amenaza con arrasar la institucionalidad si no se le obedece.