Galuccio y De Vido se cruzan denuncias de corrupción por los barcos de gas licuado

 Galuccio y De Vido se cruzan denuncias de corrupción por los barcos de gas licuado

Dromi dijo que los contratos son secretos e YPF lo acusó de cobrar comisiones. Gastan más de 4 mil millones de dólares.

Julio De Vido y Miguel Galuccio se cruzaron durísimas denuncias por presuntos actos de corrupción en la importación de gas licuado, que demanda más de 4 mil millones de dólares, poco menos de la mitad del déficit energético previsto este año.

La disputa la abrió Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Menem y titular de la consultora Dysan, que hasta hace unos años asesoraba al Ministerio de Planificación en la operatoria para traer gas licuado a través de Enarsa.

El abultado gasto del Gobierno para importar energía alteró a Cristina desde que empezó su segundo mandato y cayó en la cuenta de que el déficit energético sería una carga durante su gestión. “Se pasaron de rosca con los barquitos”, bromeaban en la Casa Rosada.

En una entrevista con La Nación, Dromi contó que dejó de participar en las licitaciones de Enarsa desde que Axel Kicillof tomó el control de la compra de energía y afirmó que los contratos “no se ajustan a la ley argentina”, no tienen ningún tipo de control estatal y están escritos en inglés. Además reveló que ya han sido impugnados judicialmente.

El ex ministro de Carlos Menem explicó que al pasarse de Enarsa a YPF la contratación de los barcos de gas licuado, estos dejaron de ser controlados por los órganos de contralor del Estadi y peor aún, adquirieron condición de «secretos» como el acuerdo que la petrolera estatal firmó con Chevrón.

La respuesta llegó por la tarde con un comunicado de Miguel Galuccio, que literalmente acusó a Dromi de quedar golpeado por no recibir las comisiones que cobraba hasta noviembre de 2012, cuando Kicillof le quitó el control de esas operaciones a Julio de Vido.

«A partir de ese encargo, YPF trabajó profesionalmente para cambiar el paradigma de compra de GNL en el país», dijo el CEO en el comunicado.

 

“La provisión de este insumo había quedado reducido a dos empresas, Gas Natural Fenosa y el trader Morgan Stanley, que eran los únicos proveedores al inicio de este proceso. Ambas accedieron al mercado local mediante el asesoramiento de la consultora Dysan que, como el propio Dromi reconoce en el reportaje del diario La Nación, es de su propiedad y cobraba una comisión por esa intermediación», denunció.

”El nuevo proceso licitatorio puso fin a esa práctica de intermediación y al pago de comisiones, quizás por esa razón se generan las críticas”, sentenció Galuccio.

Pocas veces se vio que un funcionarios del Gobierno acuse abiertamente de corrupción a un ministro de la misma gestión. Es bueno recordarlo: Cuando se realizaban esas operaciones que denuncia Galuccio los superiores de Julio de Vido, quienes le habían encargado esa tarea y lo confirmaron en el cargo que aún mantiene, no fueron otros que Néstor y Cristina Kirchner, sucesivamente.

Ante la feroz acusación, De Vido no tuvo más opción que ensayar una humillante autodefensa, como suele hacer, a través de «declaraciones» brindadas a la agencia oficial Télam.  «Jamás perdí ninguna pulseada con el ministro de Economía Axel Kicillof, porque ambos pertenecemos al mismo equipo liderado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y tenemos los mismos objetivos», afirmó sin rebatir ni una coma de la frontal acusación de cartelización de la compra de GNL.

Los contratos que no aparecen

Dromi denunció que el contrato que Enarsa tiene con YPF desde la llegada a Economía de Kicillof, evita la operación de controles porque la petrolera funciona como empresa privada y eso le permite evitar auditorías.

Sin embargo, el dinero para las compras sale de las arcas del Estado -no de la operación de YPF- y se trata de un monto millonario: Según admitió Galuccio en una audiencia en el Senado que cubrió LPO, cada barco cuesta 50 millones de dólares y este año harían falta entre 80 y 100 buques para cubrir el déficit energético, o sea, no menos de 4 mil millones de dólares, la mitad del déficit energético previsto (ver recuadro).

 

“Este es un tema del Ministerio de Economía y de la Presidenta de la república”, denunció el ex ministro de Menem, que supo asesorar al gobierno de Cristina.

 

Sabía de lo que hablaba: Este año Kicillof tomó total control del área al colocar como Secretaria de Energía a Mariana Matranga, quien todavía responde a su antiguo jefe, Nicolás Arceo, director de Administración y Finanzas de YPF, como reveló el periodista Francisco Olivera.

Arceo tiene una excelente relación con Kicillof al igual que su padre Enrique Osvaldo, vicepresidente del Banco Nación y titular de Nación Fideicomisos, donde el ministro deposita los pagos de la deuda externa que no son cobrados por los acreedores.

“Yo creo que los contratos tienen complicaciones, porque YPF compra, cobra una comisión a Enarsa para cobrar el gas. La plata la pone el Estado, se la da a Enarsa y Enarsa le da un mandato a YPF para que compre”, describió Dromi.

“Los trae YPF, paga Enarsa pero contrata YPF. Ese contrato se ha hecho en inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada. No se sabe”, amplió el ex ministro.

Dromi aseguró que los contratos “no tienen los códigos de transparencia que la ley le exige a Enarsa porque YPF tiene procedimientos para contratar en secreto, pero Enarsa no. Y Enarsa es el que pone el dinero”.

Explicó que Enarsa contrata a YPF para evitar el control de la Auditoría General de la Nación y celebrar contratos que nadie puede ver.

En su comunicado, Galuccio defendió las licitaciones. «Se instaló un proceso totalmente transparente con el objetivo de generar competencia entre los oferentes para que el país compre GNL al mundo, a los mejores proveedores y los mejores precios de mercado. Por ello, las licitaciones se hacen en inglés, para que puedan participar todas las empresas especializadas del mundo. No es por ocultar, sino por el contrario, para universalizar la convocatoria», explicó.

Pero en ningún momento detalló donde podían encontrarse esos contratos, que según Dromi no dejan rastros. “Si alguien los encuentra, que me avisen”, ironizó en la entrevista.

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