Después de cruzar denuncias penales, el hombre fuerte de la salud del gobierno de Milei negocia con el líder de Uatre un manejo compartido de una caja de 50 mil millones.
La guerra por el control de la obra social de los peones rurales, la tercera más grande del país, desembocó en una negociación subterránea entre el gobierno y la conducción del gremio Uatre que controla José Voytenco.
Como explicó LPO, el descalabro de la obra social, que debe más de 1000 millones y tiene más de 750 mil afiliados en época de cosecha, desembocó en su intervención por parte del Gobierno, que adujo «graves deficiencias» e «irregularidades» en las prestaciones. A través de un decreto de Javier Milei, el gobierno designó a Virginia Montero como interventora.
Pero el juez federal de La Pampa, Juan José Baric, muy cercano a Voytenco, rechazó la intervención y le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud que devuelva el manejo de la obra social (Osprera) a Voytenco. En rigor, la obra social la controla el abogado Marcelo Urban, en una suerte de privatización de hecho de su managment.
El negocio es monstruoso, son más de 50 mil millones en juego. Del aporte individual del 3% que paga el trabajador, el 2,55% va a la obra social y el 0,45% a la Superintendencia de Salud. El gremio tiene 400.000 afiliados fijos, que en época de cosecha pueden superar los 750 mil. A eso se suma el aporte patronal del 6%, que se reparte en 5,10% para la obra social y 0,90% para la Superintendencia. Con un salario promedio de 600.000 pesos, la obra social recauda entre trabajadores fijos y de cosecha más de 50 mil millones. Por esa caja se pelean.
Como sea, el juez Baric también hizo lugar una denuncia del gremio contra el titular de la superintendencia, Gabriel Oriolo, por asociación ilícita y tráfico de influencias.
El juez Baric había designado desde marzo de 2023 hasta el 30 de junio de este año a su propio administrador, Néstor Acuña.
Ante la posibilidad que el conflicto terminara con funcionarios con problemas penales, Mario Lugones abrió una negociación subterránea con Voytenco que permita una administración acordada de la obra social, un negocio incalculable.
En principio el gobierno optó por desconocer la decisión del juez y la Superintendencia confirmó la intervención de Osprera y difundió los sueldos del presidente y el resto de las autoridades de la obra social, que rondan los 10 millones de pesos, un poco más que el salario que quisieron ponerse los senadores. Entre esas autoridades estaba el veedor judicial, que cobra más de 11 millones de pesos.
Pero ante la posibilidad que sus funcionarios terminara con problemas penales, Mario Lugones abrió una negociación subterránea con Voytenco que permita una administración acordada de la obra social, un negocio incalculable. El elemento más visible de ese enjuague es la decisión que Acuña siga como «veedor» en el directorio de Osprera, luego que el propio gobierno lo acusara de fundir a la obra social.
En el gobierno rechazaron de plano la negociación. «No hubo ninguna negociación, lo que hubo fue un intento de parte de quienes endeudaron la obra social y se autodesignaron sueldos millonarios de acordar con la Superintendencia», dijo a LPO un funcionario al tanto del conflicto.
«Propusieron que la actual interventora sea una veedora judicial con los mismos poderes plenipotenciarios que tenía el ex veedor judicial designado por la Superintendencia. Básicamente con esos poderes podía hacer lo que quisiera. El Gobierno no negocia con quienes endeudaron e hicieron negocios con la salud de más de 760 mil afiliados», agregó la fuente consultada.
No hubo ninguna negociación, lo que hubo fue un intento de parte de quienes endeudaron la obra social y se autodesignaron sueldos millonarios de acordar con la Superintendencia.
Lugones es el dueño del Sanatorio Güemes, socio de Enrique «Coti» Nosiglia y de Luis Barrionuevo, con quien entró en conflicto por este tema.
El otro enojado es Moyano que como reveló LPO, esperaba quedarse con el control de Osprera a través de un convenio con el sindicato del Vidrio, como tenía acordado con Voytenco. Pero el titular de la Uatre no cumplió y el convenio con el sindicato del Vidrio se cayó.
En estas negociaciones Lugones chocó también con el diputado Pablo Ansaloni, hombre de Massa que se pasó al bloque libertario, histórico enemigo de Voytenco. «La bronca con Ansaloni es tan grande que Lugones hasta planteó echarlo del bloque», confirmó a LPO una fuente al tanto del conflicto.
Sin embargo, la situación es frágil y los conflictos políticos para controlar esta caja siguen, como se vio esta semana en Necochea, ciudad natal del extinto líder y creador de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas, donde los delegados de la intervención no pudieron asumir el control de la obra social.
Copyright La Politica Online SA 2024
