Perico Noticas, 18 de enero del 2026 // Hay políticas que no se imponen solo desde un decreto: se consolidan cuando los actores que deberían resistirlas deciden adaptarse, callar o —peor— acompañarlas. Si el discurso dominante instala que “la industria local no es competitiva” y que la solución es abrir importaciones para “abaratar precios”, la pregunta incómoda no es solo qué hace el Gobierno: qué hace la industria organizada cuando acepta ese diagnóstico como destino.
Porque “no somos competitivos” puede ser una descripción… o una coartada. La competitividad no es un atributo moral: es una combinación de tipo de cambio, energía, logística, escala, tecnología, financiamiento y reglas estables. Si a esa matriz le faltan dos piezas clave —crédito productivo y previsibilidad—, lo que se está discutiendo no es eficiencia: se está discutiendo la supervivencia del agregado de valor.
En ese escenario, el “industricidio” se vuelve política de Estado por la vía más silenciosa: asfixia financiera. Si la tasa real es alta y el crédito desaparece, la fábrica deja de invertir, no renueva maquinaria, pierde productividad, cae su margen, se endeuda caro, recorta personal y finalmente cierra. Después, el mercado se “ordena” solo: queda el importador y el vendedor de commodities. Se llama selección natural, pero es ingeniería económica.
La salida no es nostalgia proteccionista ni apertura suicida. La salida es capitalización competitiva: si el país decide que ciertos sectores deben existir, entonces debe existir un instrumento de potencia: crédito para inversión, innovación y escala. No para sostener ineficiencias eternas, sino para financiar el salto tecnológico que te pone en cancha. Sin banca de desarrollo, garantías, leasing industrial, líneas para transformación digital y energía competitiva, la industria queda peleando a cuchillo contra players globales financiados al 5% anual. Eso no es mercado: es desventaja estructural.
Y acá aparece la segunda pregunta: si la industria tradicional se resigna, ¿hay que sustituir empresarios? La respuesta práctica es sí: cuando un tejido productivo se queda sin reflejos, la política pública puede abrir el juego a empresarios emergentes con condiciones claras: financiamiento, asistencia técnica, compras públicas inteligentes, clusters regionales, y metas verificables (productividad, exportación, empleo formal). No es “repartir”; es gestionar un recambio competitivo para no perder capacidades.
Si no se hace, el país se “primariza” en serio: exporta materia prima, importa tecnología, importa bienes finales, importa incluso insumos estratégicos. El valor agregado se muda. La balanza comercial queda atada a precios internacionales y a ciclos; el empleo de calidad se achica; el sistema previsional se debilita; las ciudades industriales se convierten en economías de servicios de baja productividad. Y lo peor: se pierde soberanía económica sin necesidad de una invasión: alcanza con una planilla de costos y tasas.
Para el NOA esto es doblemente crítico. Porque la región tiene una oportunidad histórica con minería, energía y agroindustria… pero también un riesgo: quedar como zona extractiva si no se construyen cadenas de valor locales (metal-mecánica, químicos, servicios tecnológicos, logística, mantenimiento, insumos). Si el “modelo” es sacar y vender, sin industrializar, sin proveedores regionales, sin capacitación técnica y sin financiamiento, el derrame es mínimo y la dependencia es máxima. Y después nos preguntamos por qué la juventud migra.
Entonces, si la industria “ratifica” la política de exterminio —por acción u omisión—, el Estado y el sistema financiero deberían responder con una decisión de negocios: o se arma una estrategia de competitividad con crédito y productividad, o se acepta explícitamente que Argentina renuncia al agregado de valor. No hay tercera vía. La discusión real no es “industria sí o no”; es qué país paga salarios de país productivo y cuál paga sueldos de economía dependiente.
