“Inocencia Fiscal”: el encubrimiento que deja a los bancos en jaque y a Milei con más preguntas que respuestas

Argentina aprobó a finales de diciembre la Ley de Inocencia Fiscal, un intento del Gobierno de atraer los famosos “dólares del colchón” que se mantienen fuera del sistema bancario desde hace décadas. La norma eleva el umbral a partir del cual un contribuyente puede ser investigado por evasión fiscal y crea un régimen simplificado para que los ahorristas puedan formalizar sus bienes sin justificar su origen ante el fisco. La idea oficial es que esta medida traiga liquidez al sistema, dinamice la economía y permita usar esos fondos dentro del circuito financiero y productivo.

Hasta aquí, la teoría oficial suena a panacea: “traigan sus ahorros y muévanlos con libertad y sin temor”, proclama el Ejecutivo. Pero en la práctica ese discurso rozó con una realidad que el Gobierno parece haber subestimado: los bancos no saben cómo aplicarla, temen violar normativas internacionales de prevención de lavado de dinero y están a riesgo de quedar expuestos legalmente.

De la proclamación al choque con la normativa bancaria

Las principales asociaciones bancarias de Argentina —privados, públicos y especializados— enviaron una nota formal al Banco Central (BCRA) exigiendo definiciones claras antes de comenzar a implementar la ley. Su preocupación es lógica: mientras la Ley de Inocencia Fiscal intenta “blindar” de responsabilidad penal al contribuyente que declara sus ahorros bajo este nuevo régimen, las instituciones financieras siguen sujetas a reglas estrictas de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y reportes de operaciones sospechosas que no pueden ignorar sin infringir obligaciones legales vigentes.

“La ley nos pide que no preguntemos, pero las regulaciones nos obligan a reportar todo movimiento sospechoso”, sintetizan fuentes del sector financiero formal. Esa contradicción —entre una legislación interna que alienta la entrada de dólares no declarados y un marco regulatorio internacional que penaliza la falta de información— coloca a los bancos en tierra de nadie.

El objetivo oficial vs. la letra chica

El Gobierno asegura que la Ley de Inocencia Fiscal no es un blanqueo tradicional, sino una forma de simplificar la formalización de activos no declarados bajo ciertos límites, como parte del régimen simplificado de Ganancias. Sin embargo, especialistas tributarios advierten que la letra chica aún deja dudas sobre si esos fondos realmente quedan “inocentes” en todos los planos, incluidos los impuestos, las sanciones administrativas y la obligación de demostrar el origen de fondos en operaciones financieras complejas.

¿Qué piden los bancos y por qué importa?

La exigencia de los bancos de convocar una mesa de trabajo interinstitucional con el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no es un capricho: es una búsqueda de seguridad jurídica. Sin parámetros claros sobre cómo cumplir simultáneamente con la nueva ley y las normas internacionales anti-lavado, las entidades corren el riesgo de:

• Incumplir regulaciones antilavado internacionales.
• Ser sancionadas por gobiernos extranjeros.
• Dañar su reputación en los mercados globales.
• Generar conflictos entre regulaciones domésticas e internacionales.

Estas inquietudes ponen de manifiesto que una política fiscal de esta naturaleza no puede improvisarse desde el discurso presidencial sin tener en cuenta la compleja red de normas que regulan el sistema financiero.

Milei, los “canutos” y la paradoja del ingreso de capitales

Javier Milei y su equipo han pintado la Ley de Inocencia Fiscal como un cambio cultural y económico radical en pos de recuperar dólares estancados en la economía informal. “Estamos protegiendo los ahorros de los ciudadanos”, proclaman. Pero los bancos, guardianes del sistema formal de dinero, hoy están en contra de avanzar sin reglas claras. Esa paradoja —querer que los ahorristas traigan sus “ahorros bajo el colchón” al sistema, pero no ofrecer un marco de cumplimiento seguro para los bancos— desnuda una fisura normativa preocupante.

Si la administración insiste en operar por decreto y presión política —como ya ha ocurrido con otras normas económicas— sin construir consensos regulatorios, el resultado puede ser peor que congelar los “dólares del colchón”: podría congelar el sistema financiero formal, llevando a bancos a limitar servicios o retraer créditos ante el miedo a sanciones internacionales.

La Ley de Inocencia Fiscal puede ser una herramienta útil para atraer fondos largamente estancados fuera del sistema formal. Pero en su versión actual deja a los bancos expuestos, cautelosos y exigentes de clarificaciones que no han sido resueltas por el Gobierno. La ambición política de “recuperar los canutos” no puede ignorar que el sistema bancario opera en un marco regulatorio global, y que sin certezas claras, los bancos están obligados a preferir la seguridad jurídica antes que la obediencia a un decreto confuso.

En última instancia, si el Estado quiere que los ahorros vuelvan —y que la confianza también— tendrá que sintonizar dos frecuencias que hoy están desconectadas: la política fiscal y la regulación financiera global.