“Inocencia Fiscal”: el Gobierno va por los dólares del colchón y la UIF estalla por el costo institucional

Perico Noticias, 22 de enero del 2026 // La reglamentación de la llamada Ley de Inocencia Fiscal entró en fase de definición y ya genera su primer terremoto político: la renuncia del titular de la UIF, Paul Starc, junto con una salida en bloque de parte de su equipo, en medio de presiones para adecuar la normativa antilavado a la nueva estrategia económica.

Qué está pasando y por qué es relevante

El Gobierno busca acelerar un cambio de régimen: pasar de una lógica persecutoria y de bajo incentivo a la formalización, a un esquema que premie la regularización y “desactive” el miedo de los ahorristas y contribuyentes. En términos simples: hacer que el ahorro informal vuelva al circuito, se mueva, se gaste, se invierta, y oxigene actividad.

Pero el conflicto aparece en el “back office” del sistema: para que esa narrativa funcione, el Estado necesita que el sistema financiero y los organismos de control acompañen con reglas operativas claras. Ahí es donde explota la interna.

Las objeciones de Starc: “esto choca con el antilavado y expone al país”

Según lo trascendido, Starc resistía modificar resoluciones de la UIF porque entendía que la aplicación práctica de “inocencia fiscal” colisiona con la Ley de Lavado y pone a la Argentina bajo una lupa más dura en el marco del seguimiento internacional del GAFI (organismo que evalúa estándares antilavado). En otras palabras: para abrir la puerta al “colchón”, había que tocar reglas sensibles, y él no quiso firmar esa ingeniería.

El dato que explica el trasfondo: los bancos y sujetos obligados no pueden “mirar para otro lado”. Aunque haya un incentivo fiscal, el antilavado exige controles y reportes. Por eso, el eje real no es el discurso: es cómo se reglamenta sin romper compliance ni dejar al país expuesto.

Qué implica la Ley de Inocencia Fiscal

La norma (Ley 27.799) se enmarca en una reforma tributaria/penal tributaria que, entre otros puntos, eleva umbrales para delitos tributarios, redefine criterios de denuncia y ajusta plazos de prescripción, además de impulsar un régimen simplificado.
En paralelo, se van conociendo lineamientos operativos: por ejemplo, ARCA dispuso que la aplicación de un artículo específico se postergue a 2027 en litigios penales, lo que muestra que la reglamentación y la implementación vienen con bisturí, artículo por artículo.

Entonces… ¿irá “por los dólares del colchón”?

Sí, el objetivo político-económico es ese: generar condiciones para que el ahorro que está fuera del sistema aparezca como consumo, inversión o formalización, sin que el contribuyente sienta que se está metiendo en una trampa.

Pero hay una verdad operativa que no se puede maquillar: si los montos y movimientos encienden alertas, el circuito antilavado sigue vigente. La pregunta no es si el Gobierno quiere esos dólares: la pregunta es cuánta fricción habrá entre el relato de “alivio” y la realidad de los controles.

Lectura política

La renuncia en la UIF es una señal de que el Gobierno decidió priorizar el objetivo macro (remonetización y reactivación) por encima del costo de tensión institucional. En criollo: empuja el plan y asume el conflicto.
El mercado mirará una sola cosa: la letra chica de la reglamentación. Ahí se define si esto será un puente hacia la formalidad o un nuevo capítulo de incertidumbre regulatoria.