Redacción Perico Noticias // La implementación del SEPROSA en la provincia de Jujuy ha generado un profundo rechazo por parte de diversos sectores sociales y civiles que denuncian que este sistema representa una privatización y arancelamiento de la salud. Este modelo obliga a muchos ciudadanos a elegir entre su sustento diario o el derecho a la atención médica, un derecho inalienable que no debería estar sujeto a lógicas de mercado.
En una provincia caracterizada por su riqueza cultural y tradiciones, pero también golpeada por la desigualdad, este sistema ha significado una condena para los 300.000 jujeños que apenas superan ingresos mensuales de 600.000 pesos y que, con hijos a su cargo, no pueden asumir una cuota de 50.000 pesos. Para ellos, el acceso a la salud ya no es un derecho, sino un lujo. SEPROSA se presenta como un sistema compulsivo y obligatorio que, lejos de sanar, excluye y descarta a los más vulnerables de la sociedad. Este sistema ha sido calificado como anticristiano, una afrenta a la Constitución y un golpe al corazón del bien común.
La ley ha sido criticada no solo por la falta de idoneidad y capacidad de los gobernantes que la impulsaron, sino también por revelar una ambición empresaria desmedida que prioriza la rentabilidad económica por encima de los valores democráticos y sociales.
Una resistencia moral y ciudadana
Frente a este escenario, diversas instituciones han emprendido una resistencia moral contra el SEPROSA. Organizaciones sociales, iglesias, asociaciones civiles y sindicatos han levantado su voz en defensa de los descartados, demostrando que todavía existe un fuerte compromiso con la justicia social. Además, se reconoce el trabajo de los escasos medios de comunicación que han optado por divulgar una verdad sana y despojada de intereses mezquinos, desafiando la narrativa oficial que intenta naturalizar esta injusticia.
Sin embargo, no basta con resistir. Es necesario construir alternativas que devuelvan la dignidad a los sectores más vulnerables y que restauren el sistema de salud como un bien público, inclusivo y accesible. Nadie debería quedar fuera del cuidado médico debido a su condición económica. Cada persona merece ser tratada con amor y respeto, independientemente de su nivel de ingresos.
Un llamado a la conciencia
Los gobernantes deben repensar esta ley, abrir el corazón y los oídos a las necesidades del pueblo. El poder debe ser entendido como un servicio, y serán juzgados por el cuidado que brindaron a los más pequeños y desprotegidos, no por las ganancias generadas.
Es crucial mantener viva la llama de la solidaridad, porque en la unidad se encuentra la fuerza necesaria para cambiar realidades injustas. La lucha por la justicia social nunca es en vano, y aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena defender a los más vulnerables.
La salud no es un privilegio, sino un derecho. En estos momentos, se hace imperativo recordar que lo que se haga por los más pequeños de nuestra sociedad define el alma de una nación.
Que el SEPROSA no sea el destino final, sino el inicio de una lucha renovada por un sistema de salud justo, solidario y verdaderamente humano.
