¿La Legislatura pretende frenar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios?

 ¿La Legislatura pretende frenar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios?

Tres proyectos apuntan a fortalecer el sistema republicano

Jujuy.10.05.2014 – La Dra. Isolda Calsina (Lyder) y el Dr. Pablo Baca (UCR) presentaron iniciativas tendientes a frenar posibles enriquecimientos ilícitos de funcionarios. Obligación de rendir cuentas en Tribunal de Cuentas, Comisión de Ética Pública y oficina Anticorrupción.

Los aires que corren desde el sur están llegando a Jujuy, pues una serie de reformas que se impulsan en la legislatura porteña, como en los ámbitos legislativos de otras provincias están poniendo limitando re elecciones indefinidas y promueven control exhaustivo de la función pública.

Al parecer la demanda del electorado es eliminar la corrupción del estado, ante la evidencia del enriquecimiento patrimonial de miles de funcionarios, ejemplos que también abundan en la provincia de Jujuy, donde los ciudadanos pueden dar fé del incremento exponencial de los bienes de varios vecinos políticos.

Al parecer, desde la legislatura interpretan que si no dan muestras de propuestas que ya son demanda popular; el futuro político de los mismos está emplazado. Será por esa razón que ingresaron interesantes proyectos tendientes a fortalecer el sistema republicano.

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La Dra. Isolda Calsina presentó un Proyecto de Ley Sobre la Obligación del Funcionario Público de presentar Rendición de Cuentas de su Gestión ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El presente Proyecto de Ley propicia la obligatoriedad de presentar Rendición de Cuentas a todo aquel funcionario público con responsabilidad patrimonial en la función, sea que se desempeñe en un cargo ejecutivo municipal o provincial”. Reza el argumento que sostiene la iniciativa legislativa; sigue:

“La salud de nuestra democracia se fortalecerá con funcionarios que rindan cuentas de sus actos, para robustecer una cultura de la responsabilidad, del cuidado de los fondos públicos que se recaudan como consecuencia del sacrificado aporte de todos los jujeños”.

Consideramos que la propuesta es necesaria, pero debería ampliarse a los funcionarios legislativos, ya que las sospechas por enriquecimiento patrimonial también afectan a concejales y diputados.

Por su parte el Diputado Provincial Dr. Pablo Baca presentó junto a sus pares de la UCR un Proyecto de Declaración por la Creación de la Comisión Provincial de Ética Pública. “Resulta necesaria la articulación de mecanismos útiles como la creación de la Comisión Provincial de Ética Pública prevista en el Art. 17 de la Ley N° 5153 de para el combate de la corrupción que no se logrará plenamente si no tenemos presente que es esencial observar los valores de la ética pública en el ejercicio de la función en los tres poderes del Estado, en todas las jerarquías de sus empleos”.

Desde la UCR también presentaron un Proyecto de Ley de Creación de la Oficina Anticorrupción, la  cual sería un organismo independiente, de carácter administrativo, encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por ley N° 24.759, como así también de las violaciones a los deberes de funcionarios públicos y al régimen de Ética Pública de la Provincia.

Su ámbito de aplicación comprendería a todos los Poderes del Estado y organismos Públicos provinciales, así como toda institución, asociación o empresa que administre o reciba fondos públicos o que tengan origen en el Estado Provincial. La Oficina Anticorrupción estaría a cargo de un Fiscal Anticorrupción y durará cuatro años en sus funciones y podría ser reelecto sólo por un período consecutivo.

Las iniciativas de ambos partidos tomaron estado parlamentario, sin embargo el debate deberá extenderse mas allá de la casa de piedra, de modo de alcanzar la transversalidad necesaria para mejorar el sistema republicano jujeño con la participación efectiva de la ciudadanía. En la actualidad la oficina anticorrupción nacional registra el incumplimiento en la presentación de las DDJJ de la mayoría de los funcionarios jujeños, quienes no remiten vía Internet la DDJJ integral, la cual es obligatoria, sin embargo la multa que consisten en la retención del 20% de los haberes no se aplica porque no hay denuncias al respecto.

 

 

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