SEQUÍA EN GESTIÓN DEL FET  Y ASECHO SOBRE EL MISMO

 Jujuy. 20.08. 2014 – Además de enfrentar una reducción violenta del mercado por mala praxis “motus proprio” generada desde cooperativa; La Cámara del Tabaco de Jujuy  hace la plancha mientras en Bs As esperan 320 millones para ser aprobados.

Desde que la dirigencia tabacalera admitió el tifón a la vuelta de la esquina, el cual podría arrasar con una economía regional consolidada tras tres generaciones de esfuerzos, excepto que el Sr. Vice gobernador abra mercados en la India en los próximos meses de lo contrario según sus expresiones “Si no encontramos el remedio habrá una catástrofe”; los productores quedaron en manos de las gestiones que realice la Cámara del Tabaco de Jujuy ante el MinAgri para obtener las transferencias (FET) tan esperadas en momentos de profunda recesión.

En estos días salió el propio presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy admitiendo una apreciable autocrítica desde la dirigencia en su conjunto, asegurando que las gestiones del FET son vitales para sostener el nivel de empleo en la zona, para evitar la destrucción del tejido social en los valles apuntalando a los productores con recursos que le son genuinos y necesarios luego del proceso de trasplante, donde la mano de obra intensiva se hace fundamental. En el mismo sentido Pedro Pascuttini se reunió con el secretario de Trabajo Miguel Morales, para coordinar acciones que permitan un normal desarrollo de la actividad, evitando en lo posible intervenciones abruptas que contraen el empleo en la zona.

Sin embargo, los trámites para que se giren desde nación las transferencias (FET) carecen de peso y  seguimiento, ya que las autoridades responsables de las observaciones pertinentes (MinAgri) están con las manos vacías, esperando presentaciones regulares y eficientes para que haya un normal goteo hacia la producción jujeña. Entre esas desavenencias suscitadas por la indiferencia de la Cámara del Tabaco de Jujuy, esperan en el último despacho para aprobación definitiva, $320 millones de pesos (POa), que nadie se aflige en encaminarlos hacia la provincia de Jujuy, recursos que medianamente equilibrarían las desbastadas agendas bancarias vencidas de  los productores jujeños.

Nuevamente se hace impostergable que la Unidad Coordinadora, publique anticipadamente los ejes de los Programas que pretende que sean autorizados en el MinAgri, como también se aconseja un cronograma de presentación y la ilustración de la ruta de las  oficinas encargadas de las evaluaciones; de manera que el sector pueda realizar el seguimiento oportuno, dado que de los bolsillos de los productores se pagan  los servicios de la mencionada unidad (POa), cuya ineficacia lesiona el patrimonio de los tabacaleros jujeños y deteriora el tejido social de toda la región.

Los productores consideran necesario un debate abierto con las autoridades nacionales, para corregir la asignación del complemento directo del precio, limitado hasta ahora por una disposición de la OMC, que el propio gobierno nacional la señala de retrógrada, en el marco de justicia distributiva que debe instrumentarse. Este factor distorsivo genera un cúmulo de programas desordenados (POas), cargados de sospechas inconducentes a los objetivos de obtener una legítima rentabilidad de miles de productores (que ocupan el 3% de la mano de obra nacional).

Este tema fue uno de los objetivos apuntados por el propio Jefe de Gabinete de la Nación Jorge Milton Capitanich, cuando con buen tino identificó algunas problemáticas que postergan la recuperación del sector tabacalero.

De confirmarse  la indiferencia de la Cámara del Tabaco de Jujuy, en cuanto a concretar las transferencias del FET con la urgencia que las lamentables circunstancias demandan,  no habría espacio de tolerancia por parte de los productores, ya que una cosa es soportar las variables de la macro economía sobre la que poco pueden hacer; pero una muy distinta es continuar avalando un rosario de desaciertos originados desde los escritorios provinciales.

Otro punto que desde la producción se objeta de manera  controvertida, es el endeudamiento y descapitalización de cooperativa, la cual este año, y el próximo procesará 15 millones de kg menos, comprometiendo gravemente el empleo en planta de proceso y en toda la cadena de valor, lo que implica desatar una profunda crisis social dada la dependencia que se tiene con esta actividad.

Al respecto hay dos posiciones entre los productores; una que se opone terminantemente a que la empresa sea rescatada a través de los recursos provenientes del FET, ya que sería un maniobra discrecional e ilegal, pero por sobre todo injusta, ya que la cooperativa, -organismo destinado a poner equilibrio entre las fuerzas dominantes de la industria, el gobierno y los productores-, pasó a ser una operadora de clientes exclusivos, a  los cuales de concretarse el salvataje con fondos de los productores, además los convertiría en «grandes privilegiados».

Pero existe otra postura, de un número importante de productores que apoyan que se apruebe una serie de POas plurianuales, suficientes para establecer una plan de desendeudamiento a largo plazo de la institución que le permita además alcanzar una masa de capitalización para tener nuevamente determinación en la fijación del precio en la campaña en curso, ya que en las dos últimas negociaciones la cooperativa solo fué a tomar café; sin voz, ni voto por su evidente precariedad financiera.

Pero estos productores, previo a prestar acuerdo y acompañar tal rescate, piden a los actuales directivos que presenten un plan de negocios y factibilidad de proyectos de diversificación y planes complementarios de agregado de valor, en la línea recomendada por el MinAgri en la constitución del Plan Quinquenal; para garantizar la sustentabilidad de la actividad por los próximos 5 años, detallando además la reestructuración de la deuda, su composición, nómina de acreedores, así como un régimen de propuesta para quita de la misma que según sus declaraciones ronda los U$S 60 millones de dólares, aplicando un criterio proporcional «de acuerdo a las nalgas son los chirlos», para que los grandes acreedores realicen un esfuerzo solidario mayor por ser miembros de una empresa cooperativa donde debe primar la cooperación.

Además sugieren que los programas de pagos para los principales acreedores sean a 10 años al menor interés posible. Recomendando además que se termine con el mito de fondos depositados en el extranjero, que de existir  las autoridades pertinentes deberán repatriarlos; por último señalan como impostergable un sinceramiento que permita reglas democráticas y participativas para promover la unidad del sector.