Perico vivió un jueves político que quedará marcado en su historia institucional. En conferencia de prensa, el intendente Pascual Ficoseco declaró desierta la licitación del Centro Comercial San José, una obra largamente esperada por comerciantes y vecinos, pero que terminó convertida en un torbellino de sospechas y maniobras turbias.
Los pliegos y bases habían sido aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante, la mayoría bajo el sello de Jujuy Crece. Sin embargo, Ficoseco, visiblemente indignado, aseguró haber detectado irregularidades de gravedad extrema, lo que lo llevó no solo a bajar el martillo sobre la licitación sino también a deslindar públicamente su responsabilidad:
“Yo no tengo nada que ver con estas irregularidades. Estoy a disposición de la justicia, y espero que los concejales tengan la dignidad de renunciar”, afirmó el intendente, quien no ocultó su decepción y enojo con sus propios ediles.
El trasfondo jurídico: delitos tipificados
Las acusaciones que pesan en torno a este proceso licitatorio no son menores. desde hace días se viene enumerando figuras penales que podrían corresponder:
- Coimas y cohecho, que implican la recepción de dinero o favores a cambio de decisiones públicas.
- Asociación ilícita, dado que se trataría de una maniobra organizada y planificada.
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público, la falta de resguardo del interés colectivo frente a intereses privados.
De comprobarse estas conductas, se trata de delitos dolosos contra la administración pública, que llevan consigo penas severas, inhabilitaciones y un daño institucional irreparable.
Un hecho inédito en Jujuy
La gravedad de este escándalo no termina en la licitación. En paralelo, el Concejo Deliberante enfrenta una situación irregular por la destitución de una concejal. Una medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia ratificó que la edil sigue en funciones hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, emplazando a los concejales a actuar conforme a derecho.
Estamos, entonces, frente a un doble golpe institucional:
- Una licitación contaminada por sospechas de corrupción.
- Una destitución ilegal que desconoce la autoridad judicial.
El propio Ficoseco reconoció que estos hechos constituyen “un daño colectivo al progreso de Perico”, donde los comerciantes ven truncado el sueño de un centro comercial moderno por la irresponsabilidad y la ambición de unos pocos.
Repercusiones políticas
El escándalo tuvo eco inmediato en la Legislatura provincial. Desde el bloque Primero Jujuy Avanza adelantaron que impulsarán la intervención del Poder Ejecutivo y Legislativo de Perico, una medida excepcional que pone de relieve la magnitud del caso.
La crisis expone a Jujuy Crece como fuerza política en un laberinto de contradicciones: el intendente denuncia a sus propios concejales, exige renuncias y se muestra dispuesto a colaborar con la justicia, mientras parte de su bloque queda señalado como posible engranaje de un esquema de corrupción.
Lo que sucede en Perico trasciende un expediente administrativo: es una prueba de fuego para la democracia local y la credibilidad de las instituciones. Cuando la política se convierte en terreno fértil para la corrupción, se quiebra el pacto social con la ciudadanía.
Hoy, el intendente Ficoseco da la cara y exige explicaciones, pero la pregunta que queda flotando es si el resto de la dirigencia tendrá la misma valentía de renunciar, asumir culpas o enfrentar la justicia, aúnque esta ya esta actuando y no tendrá contemplaciones.
En palabras del propio mandatario:
“La dignidad se demuestra no escondiéndose, sino respondiendo ante la justicia. Eso es lo que Perico espera”.
Perico no merece ser rehén de las miserias políticas. La ciudad merece transparencia, progreso y la certeza de que la democracia sirve para construir y no para traicionar.