El fallo que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner no solo estremece el mapa político nacional: también proyecta una sombra larga sobre la política jujeña. La decisión de la Corte Suprema sienta una jurisprudencia demoledora que, por extensión, anticipa lo que podría suceder con los imputados en la Mega Causa de Jujuy, en especial con el intendente de San Salvador, Raúl “Chuli” Jorge, histórico referente de la UCR. Si la Corte fue implacable con la expresidenta, ¿podrá ser indulgente con sus propios socios políticos? ¿Se atreverá Jujuy a dar el paso coherente que exige la historia?
No lo dice cualquier actor: la UCR nacional, presidida por Martín Lousteau, definió la confirmación de la condena a CFK como “un paso adelante” en la lucha contra la impunidad. Pero lo que parecía una estrategia partidaria para destruir al adversario peronista, ahora se convierte en una espada que cuelga sobre las propias cabezas radicales. Porque no se puede aplaudir la vara que mide al otro sin aceptar que esa misma vara caerá sobre los propios. Si la justicia no condena con la misma severidad a los intendentes implicados en el desvío de fondos públicos en Jujuy, la UCR quedará entrampada en su propia doble vara moral, desnudando una hipocresía institucional imperdonable.
La causa que investiga el manejo discrecional de fondos nacionales para cooperativas durante la gestión del radicalismo en Jujuy ya tiene múltiples procesados. La pregunta no es si hay pruebas: las hay. La pregunta es si la justicia jujeña –tan afín al poder político local– tendrá el coraje de aplicar el mismo criterio que la Corte aplicó contra Cristina Kirchner. Porque si no lo hace, el mensaje será claro: en Jujuy, la justicia es selectiva; los amigos del poder son intocables; la impunidad tiene domicilio radical.
El pueblo jujeño observa. En medio de la pobreza estructural, los bajos salarios públicos, el colapso de los servicios y el vaciamiento institucional, la sensación de privilegio e inmunidad de algunos sectores del poder ya resulta obscena. Jujuy no necesita más discursos republicanos: necesita hechos que demuestren que la justicia no es una herramienta partidaria sino un bien público.
¿Dará Jujuy el paso adelante que celebró Lousteau? ¿Permitirá que el proceso judicial avance hasta sus últimas consecuencias sin interferencias políticas? ¿Se animará a quebrar el pacto de protección mutua entre el poder judicial y los intendentes radicales? Si no lo hace, la UCR perderá toda autoridad para hablar de ética pública o combate a la corrupción.
La historia es implacable. Lo que hoy se aplaude como jurisprudencia, mañana puede ser la guillotina que corta cabezas propias. Si la vara no es pareja, el republicanismo se transforma en una farsa. Y los pueblos cansados de farsas suelen escribir nuevos capítulos con su voto o en las calles.
