Redacción Perico Noticias // La reciente ratificación del presupuesto 2025 con déficit cero por parte de Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, dejó al descubierto el complejo panorama económico y político que enfrenta la provincia de Jujuy. Durante su exposición en el Senado, Francos no solo reafirmó la intransigencia del artículo 1 del proyecto enviado por Javier Milei, sino que también marcó un límite que deja poco margen para la supervivencia de estructuras provinciales que dependen históricamente del auxilio nacional.
Jujuy, con su estructura gubernamental caracterizada por el sobredimensionamiento y un superávit provincial que descansa en salarios atrasados y tarifazos, se encuentra en una encrucijada. La provincia no solo deberá ajustar su presupuesto para alinearse con el mandato de déficit cero, sino también afrontar el descontento creciente de los trabajadores estatales y privados, quienes soportan una de las mayores cargas del sacrificio en nombre de la estabilidad fiscal.
Una estructura provincial insostenible
La gestión de Jujuy se ha sostenido durante años sobre una base endeble. Si bien el gobierno local presume de un superávit fiscal, este se explica más por el ajuste en salarios estatales y el aumento de tarifas que por un crecimiento real en ingresos genuinos o eficiencia administrativa. Con el presupuesto nacional poniendo un freno al financiamiento adicional, el gobierno provincial enfrenta la necesidad de repensar su modelo.
La estructura elefantiásica del aparato estatal, sumada a las demandas de un sector privado estrangulado por la falta de dinamismo económico, ha llevado a la provincia a un estado de fragilidad. Este modelo, que se sostuvo gracias al sacrificio de los jujeños, podría estar al borde del colapso con la nueva línea de déficit cero.
Un horizonte político complicado
El escenario electoral de 2025 se presenta oscuro para el oficialismo jujeño. El descontento social, acumulado por años de ajustes y precarización laboral, podría traducirse en una feroz desaprobación en las urnas. Los jujeños, quienes han cargado con el peso del modelo de austeridad, están reclamando un cambio en las políticas provinciales que priorice su bienestar.
La administración provincial deberá enfrentar preguntas incómodas:
- ¿Cómo sostener el empleo estatal sin los recursos nacionales que antes lo respaldaban?
- ¿Cómo aliviar la carga de los trabajadores privados, que enfrentan costos crecientes y un mercado laboral estancado?
- ¿Es viable mantener la estructura actual sin comprometer servicios esenciales como salud y educación?
La necesidad de un cambio estructural
Para evitar una catástrofe política y social, Jujuy deberá abandonar su modelo de supervivencia basado en el sacrificio de sus ciudadanos. La clave estará en implementar reformas estructurales que reduzcan la dependencia del financiamiento nacional, impulsen la inversión privada y generen empleo genuino.
El desafío no es menor: con un año electoral en puerta, el oficialismo podría optar por medidas de corto plazo para mitigar el impacto social del ajuste. Sin embargo, esta estrategia solo pospondría lo inevitable. La provincia necesita un plan estratégico de largo plazo que priorice la eficiencia en el gasto, la transparencia en la gestión y la diversificación de su economía.
Conclusión
El mandato de déficit cero impuesto por la Nación no solo redefine las prioridades presupuestarias a nivel nacional, sino que también pone a prueba la capacidad de las provincias, como Jujuy, para adaptarse a un nuevo paradigma económico. En este contexto, la provincia deberá elegir entre continuar con un modelo insostenible o tomar las decisiones difíciles que permitan un crecimiento real y sostenible.
Los jujeños, cansados de ser la variable de ajuste, exigirán respuestas claras en las próximas elecciones. Si el oficialismo no logra modificar su política de supervivencia y responder a las demandas de la ciudadanía, el rechazo será inevitable. El futuro de Jujuy dependerá de su capacidad para reinventarse, dejando atrás los modelos que sacrificaron a su gente en nombre de una estabilidad fiscal ficticia.
