“Jujuy no crece: un gobernador sin gabinete, una provincia en piloto automático”

Cuando un gobernador ordena la renuncia de todos sus funcionarios –ministros, secretarios, directores, responsables de entes y sociedades del Estado– envía un mensaje contundente: “asumo que la etapa política se terminó y necesito empezar otra”.
Si, como en este caso, el pedido alcanza al propio Jefe de Gabinete que firma la nota (Freddy Morales), el reconocimiento es aún más explícito: la conducción política admite su fracaso, incluido el resultado electoral del 26 de octubre.

El problema en Jujuy es que el reloj institucional siguió corriendo, el plazo del 10 de diciembre ya quedó atrás… y nada pasó. No hay nuevos ministros, no hay reconfiguración de equipo, no hay comunicación clara.
Solo silencio. Y el silencio, en política, es un diagnóstico brutal.

¿Qué pasa jurídicamente cuando se pide la renuncia “de todos”?

Desde el punto de vista del derecho administrativo argentino, hay una diferencia clave:

• Pedir la renuncia (o “ponerla a disposición”)
• Aceptar la renuncia mediante decreto o acto administrativo formal

Mientras la renuncia no es presentada y aceptada, el funcionario sigue siendo funcionario. No hay acefalía automática. Es frecuente que un gobernador “pida renuncias” como gesto político, pero que muchas de esas renuncias nunca se formalicen o se acepten de manera selectiva.

Ahora bien, en el caso que planteamos:

• Hubo un pedido formal, con plazo cierto (hasta el 10 de diciembre).
• Se comunicó como un relanzamiento de gestión, reconocimiento del desgaste político-electoral.
• Transcurrido el plazo, no hay rearmado de gabinete visible, ni aclaración pública sobre quién se queda, quién se va y bajo qué criterios.

Conclusión jurídica estricta:
Salvo que existan decretos no publicados ni comunicados (lo cual en sí sería gravísimo), los ministros y funcionarios siguen en funciones, aunque el propio gobernador les haya pedido la renuncia.

Conclusión política y jurídica combinada:
Estamos ante un fenómeno delicado: un “gabinete zombi”. Formalmente en funciones, políticamente desautorizado por el propio gobernador y socialmente percibido como agotado.
No es acefalía técnica, pero sí es una pérdida ostensible de autoridad y legitimidad de mando.

Un gobernador sin poder efectivo ni gabinete operativo

Cuando un gobernador pide la renuncia total de su equipo y luego no ejecuta esa decisión, el mensaje hacia adentro y hacia afuera es devastador:

1. Hacia los funcionarios:
   • Les dice, de hecho: “no confío en ustedes”…
   • pero al no reemplazarlos, también les transmite: “igual los necesito, aunque no los pueda ordenar”.
     Resultado: nadie se siente realmente responsable de nada.
2. Hacia los intendentes y comisionados municipales:
   • Esperan la famosa ley de coparticipación municipal prometida. Necesitan canales claros con ministros para gestionar obras, programas, financiamiento. Pero hoy se encuentran con un gabinete políticamente caducado, sin ratificación explícita ni recambio definido.
   En la práctica, eso se traduce en:
   • expedientes frenados,
   • decisiones demoradas,
   • intendentes que no saben si hablan con funcionarios “salientes”, “entrantes” o simplemente paralizados.
3. Hacia la ciudadanía de Jujuy:
   • El mensaje es que la provincia está en piloto automático, con un gobernador que anuncia cambios que no concreta.
   • Y cuando el poder ejecutivo pierde credibilidad, todo el sistema institucional se debilita.

El vacío de poder real: cuando la forma no alcanza

Desde lo jurídico, se puede decir:

“No hay acefalía, los ministros siguen en funciones hasta que se les acepte la renuncia o se los reemplace”.

Pero desde lo político y lo institucional, hay que ser claros:

• Si el gobernador ordena un recambio total y
• no lo ejecuta, queda expuesta la pérdida de capacidad de mando.

En los hechos:

• Los ministros saben que el gobernador los declaró prescindibles.
• El gobernador sabe que su orden no se tradujo en hechos.
• Los intendentes no tienen un interlocutor fuerte en la provincia.
• El pueblo percibe que la Casa de Gobierno está ocupada, pero no conducida.

Eso, en la práctica, es una forma de acefalía política: instituciones ocupadas por personas que ya no tienen poder real, ni rumbo, ni proyecto articulado.

La ley de coparticipación municipal: promesa rota, provincias atadas

La situación se agrava porque el gobernador había prometido una ley de coparticipación municipal que:

• ordenara las relaciones fiscales,
• diera previsibilidad a los intendentes,
• y permitiera planificar políticas públicas locales con un piso de recursos garantizados.

Nada de eso ocurrió.

Hoy los intendentes del interior:

• no tienen claro cuánto, cuándo ni cómo van a recibir recursos,
• carecen de un esquema estable de financiamiento,
• y además se topan con un gabinete provincial que formalmente sigue, pero políticamente está liquidado.

Es una combinación explosiva:

promesas incumplidas + gabinete desautorizado + silencio oficial = degradación institucional

“Jujuy no crece” porque el poder se encoge

Cuando un gobierno pierde reflejos políticos, se nota en tres planos:

1. En la gestión:
   Las obras se ralentizan, los programas se diluyen, las decisiones llegan tarde o no llegan.
2. En la comunicación:
   No hay explicación clara sobre por qué se pidieron las renuncias, quién se va, quién se queda, con qué objetivos.
   El vacío de información genera rumores, incertidumbre y desconfianza.
3. En el proyecto de provincia:
   Un gobernador que no puede ordenar su propio gabinete difícilmente pueda ordenar una agenda de crecimiento, inversión, empleo y desarrollo para Jujuy.

Mientras tanto, el reloj económico y social corre:

• La pobreza crece,
• la desigualdad se profundiza,
• los municipios siguen atados a la discrecionalidad,
• y Jujuy –literalmente– no crece.

No porque falten diagnósticos, sino porque sobra parálisis política.

El gabinete puede plantar bandera, pero el que responde es el gobernador

Que algunos ministros se resistan de facto a irse, que haya “desplantes” internos o juegos de poder en las sombras, es parte de cualquier interna.
Pero en un sistema republicano hay una regla innegociable:

El responsable final del funcionamiento (o del colapso) del Poder Ejecutivo es el gobernador.

Si el gabinete ignora una orden, el problema no es solo “la desobediencia”.
El problema es que el gobernador:

• no ejecuta la decisión,
• no comunica el nuevo esquema,
• no ratifica ni remueve con claridad,
• y permite que la provincia viva en una interminable transición que nunca empieza ni termina.

Eso se llama pérdida de autoridad política.
Y cuando la autoridad política se desvanece, la institucionalidad se resquebraja.

Un llamado urgente: o se ordena la provincia, o Jujuy queda a la deriva

Juridicamente, todavía hay margen para recomponer:

• Aceptar renuncias con decretos claros,
• nombrar un gabinete con respaldo político,
• enviar la ley de coparticipación municipal,
• fijar un plan de gobierno verificable y público.

Políticamente, en cambio, el margen es mucho más estrecho:

• La sociedad está cansada,
• los intendentes están desorientados,
• el gabinete está deslegitimado,
• y el gobernador aparece atrapado en su propia trampa.

Si no hay un gesto firme, explícito y ordenado en los próximos movimientos, Jujuy corre el riesgo de quedarse con un gobernador formalmente en funciones, pero políticamente neutralizado.

Y un gobernador sin poder real, con un gabinete fantasma y con intendentes sin respuestas, es la receta perfecta para lo que ya se empieza a ver en la calle y en los municipios:

Jujuy no crece. Y lo más grave es que, si nadie corrige el rumbo, puede empezar a caerse.