Jujuy, un feudo disfrazado de democracia: el poder secuestrado y la oportunidad de recuperarlo

Redacción Perico Noticias // En Jujuy, la democracia es un decorado, un teatro bien montado donde los actores principales no cambian, no envejecen, no se van. Lo que se presenta como un sistema republicano es, en realidad, una estructura feudal modernizada, donde un pequeño círculo de poderosos concentra recursos, justicia y decisiones, mientras la mayoría de los ciudadanos sobrevive atrapada en la precariedad estructural que ellos mismos han diseñado. No se gobierna para la gente, se administra la pobreza para perpetuarse en el poder.

La historia de la humanidad ha demostrado que no hay régimen eterno, que incluso los feudos más sólidos terminan cayendo cuando el pueblo deja de creer en sus amos. En Jujuy, el oficialismo ha construido un modelo de sometimiento político y económico basado en la dependencia absoluta de los municipios, el control del aparato judicial y la manipulación sistemática de las elecciones. Pero este año, con el adelantamiento de los comicios, la sociedad tiene en sus manos una herramienta inesperada para desafiar el orden impuesto. Si no se aprovecha ahora, ¿cuándo?

Un feudo con ropaje institucional

La estructura de poder jujeña no se diferencia demasiado de los feudos medievales. El Ejecutivo, dominado por el radicalismo que encabeza Gerardo Morales, maneja los destinos de la provincia con una concentración absoluta del poder político y económico. Los municipios, en lugar de tener autonomía, son simples delegaciones administrativas de la Casa de Gobierno, donde los intendentes solo pueden gestionar lo que el gobernador permite. El sistema de coparticipación es una herramienta de sometimiento, no de desarrollo: el que se alinea con el poder central recibe fondos, el que no, se ahoga en la falta de recursos.

La Justicia, lejos de ser un contrapeso real, opera como un blindaje institucional para el oficialismo. Los jueces que se atreven a desafiar el statu quo son rápidamente apartados, y aquellos que garantizan la impunidad del régimen son promovidos o premiados. No es casual que en Jujuy las causas por corrupción contra funcionarios oficialistas sean prácticamente inexistentes, mientras que los opositores y manifestantes son perseguidos con una rapidez judicial que contrasta con la lentitud habitual del sistema.

El Legislativo, por su parte, funciona como un apéndice del Ejecutivo. La mayoría oficialista aprueba sin objeciones las leyes que necesita el gobernador, mientras que la oposición, fragmentada y debilitada, carece de herramientas reales para frenar los avances del modelo feudal. El concepto de “debate legislativo” es apenas un trámite administrativo en un sistema donde la discusión real no existe.

El control electoral: la clave para la perpetuidad

Cada dos o cuatro años, Jujuy realiza elecciones. Hay candidatos, campañas, urnas y votos. En apariencia, todo funciona dentro de los marcos de una democracia moderna. Pero la realidad es que el sistema está diseñado para que nada cambie en lo esencial.

El adelantamiento electoral de 2025 no es una respuesta a una demanda social, sino una maniobra táctica para sostener el poder. Se busca desorientar a la oposición, evitar que se organicen alternativas fuertes y asegurar que el oficialismo controle el aparato estatal al momento de la votación. No es la primera vez que se adelantan elecciones en la provincia; la táctica es clara: sorprender al electorado con tiempos cortos para impedir la consolidación de cualquier espacio de recambio real.

Pero esta vez, el contexto es diferente. La sociedad jujeña está cada vez más desencantada. La crisis económica ha golpeado con fuerza, y hasta los propios militantes del oficialismo empiezan a cuestionar la falta de renovación y las obscenas diferencias de privilegio entre la cúpula gobernante y la base militante. Mientras los jefes políticos presumen sus riquezas, sus viajes y su estatus, la militancia de base sigue igual o peor que hace una década, esperando el recambio generacional que nunca llega, viendo cómo los mismos nombres ocupan los mismos espacios de poder sin dejar lugar a nuevas figuras.

¿Y si esta vez el plan no funciona?

El adelantamiento electoral, que en el papel es una estrategia para consolidar el dominio oficialista, podría convertirse en una oportunidad para quebrar el sistema. Para eso, la ciudadanía debe comprender que tiene en sus manos la capacidad de cambiar el destino de la provincia.

El poder real no está en el gobernador, ni en la legislatura, ni en los jueces afines al régimen. El poder está en la gente, si la gente decide ejercerlo. Pero para eso, es necesario despertar del letargo, entender la manipulación a la que ha sido sometida la provincia y utilizar el voto como una herramienta de emancipación y no como un trámite resignado.

El oficialismo cuenta con el aparato estatal, con los medios aliados, con los fondos públicos y con un entramado de poder diseñado para perpetuarse. Pero si la sociedad jujeña decide votar con inteligencia, sin miedo y sin resignación, la maquinaria del feudo puede empezar a crujir.

Conclusión: el último bastión del feudalismo en Argentina

Jujuy es, probablemente, la última provincia argentina donde el poder sigue operando con lógica feudal, disfrazado de modernidad democrática. Pero la historia ha demostrado que no hay régimen que dure para siempre.

El adelantamiento de elecciones, que busca proteger a los poderosos, puede ser el error estratégico que permita a los ciudadanos recuperar el control de su destino. Solo hace falta que la gente se anime a desafiar el sistema, a mirar más allá de las promesas vacías y a entender que votar no es solo un derecho, sino un arma de liberación política.

Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién?