Justicia degradada: el ocaso moral de un sistema cooptado por el poder

Argentina atraviesa una de sus etapas institucionales más oscuras. La reciente y contundente decisión del Senado de rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema no solo representa una dura derrota para Javier Milei y su proyecto autoritario, sino que expone con crudeza la profunda crisis ética, moral e institucional que atraviesa el sistema judicial argentino. Un sistema que hace tiempo dejó de responder a los intereses del pueblo para convertirse en una maquinaria al servicio de las corporaciones y la impunidad.

La maniobra, por donde se la mire, era un intento descarado de blindaje. Lijo, juez federal señalado por su connivencia con operadores políticos y su historial de “dormir” causas sensibles, representa lo más rancio del «Partido Judicial»: ese entramado de poder que hace negocios con las causas y transa con todos los gobiernos. García-Mansilla, un académico ultraconservador con perfil ideológico afín al mileísmo, completaba la jugada. Milei buscaba imponerlos sin el mínimo consenso democrático, forzando una Corte adicta para poder avanzar con su agenda de demolición institucional.

Pero esta vez, la política le dijo no. Con 42 votos negativos y solo 39 afirmativos, el Senado impidió lo que habría sido un atentado a la credibilidad de la Justicia. Lo que se evitó no es menor: instalar para las próximas décadas a figuras funcionales a los intereses del poder económico y al autoritarismo libertario. La derrota no es solo de Milei, es también de Mauricio Macri, quien tejió esta movida como parte de su regreso silencioso al control del Poder Judicial, y de un sistema corporativo que quiere una Corte sumisa, que no investigue, que no moleste.

El episodio desnuda un drama estructural: el descrédito total del sistema de justicia en la Argentina. Con causas judiciales que duermen en Comodoro Py según conveniencia, jueces que gozan de fueros como si fueran inmunidad para delinquir, y operadores mediáticos que arman expedientes por encargo, la Justicia se ha convertido en una parodia de sí misma. No solo no es justa: es cómplice, es selectiva, es parte del problema.

La reacción del Senado marca un límite institucional saludable, pero también revela la desesperación de un oficialismo dispuesto a colonizar todos los resortes de poder. El rechazo a los pliegos también expresa el repudio social a una lógica de impunidad sostenida por décadas, y que ahora Milei pretendía perpetuar en nombre de una supuesta “nueva política”.

Este hecho debería ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, hace falta algo más que rechazar pliegos: se necesita una reforma profunda y radical de la Justicia. Una democratización real, que incluya concursos transparentes, participación ciudadana, fin de los privilegios y del blindaje de los magistrados. No podemos hablar de república cuando el Poder Judicial es el más opaco, antidemocrático y elitista de los tres poderes.

El problema no es solo Lijo, ni García-Mansilla. El problema es una matriz judicial corrupta, misógina, elitista y entregada a los intereses de una minoría poderosa. Que el Senado haya dicho “no” es una victoria momentánea. Pero la verdadera batalla es otra: recuperar la Justicia como un derecho, no como un privilegio. Y esa pelea recién empieza.