Prico Noticias, 8 de enero del 2026 // La decisión del gobierno venezolano de excarcelar a un grupo “considerable” de ciudadanos venezolanos y extranjeros llega envuelta en un lenguaje cuidadosamente elegido: “gesto unilateral”, “convivencia pacífica”, “prosperidad” y “unión nacional”. La comunicación no la hizo un actor marginal: la anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la presentó como una medida soberana, no como producto de negociaciones con “sectores extremistas”.
Pero en 2026 la semántica es parte del combate. Porque el hecho político mayor es otro: Venezuela atraviesa una transición tras la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos, un episodio que ya encendió condenas internacionales y protestas en distintos países. En ese tablero, la liberación de detenidos funciona como movimiento táctico: busca bajar presión interna, recomponer legitimidad mínima y ofrecer al mundo una imagen de “apertura” sin ceder el control del timón.
El argumento oficial —según TeleSUR y lo recogido por El País— insiste en que la excarcelación pretende “consolidar paz” y abrir un clima de coexistencia “más allá de diferencias políticas, religiosas o sociales”. Ese encuadre no es casual: es una señal hacia adentro del chavismo y hacia afuera del mercado. Hacia adentro, implica administrar tensiones con sectores duros del poder real, como el entorno de seguridad y aparato político que aún conserva influencia y capacidad de desestabilización; hacia afuera, intenta evitar que la transición se lea como simple ocupación y saqueo, y presentarla como “normalización”.
Ahora bien, una pregunta corta ordena el resto: ¿qué cambia cuando una potencia asume control operativo sobre el corazón energético de un país? Cambia todo. Cambia el significado de “soberanía”, la credibilidad de las instituciones multilaterales y la conducta de las élites latinoamericanas, que pasan a operar en modo supervivencia: alinearse, no discutir, y administrar costos sociales. La liberación de presos, entonces, no es solo un gesto humanitario: es parte del rebranding de una transición bajo tutela.
El propio El País aporta un dato que vuelve a poner la lupa donde duele: en Venezuela habría alrededor de 820 presos políticos, según la ONG Foro Penal, y el universo de detenidos (según otras organizaciones) podría superar los 1.000 en determinados momentos del ciclo represivo. En ese marco, liberar “un número significativo” —sin detallar aún el listado completo— puede aliviar dramas familiares y bajar tensión, sí. Pero también puede leerse como una palanca de gobernabilidad: cuando el poder cambia de manos (o se redefine su centro), se liberan fichas para negociar estabilidad interna y recomponer clima social.
Hay un segundo nivel, más áspero: la transición no se está jugando solo entre gobierno y oposición. Según el Financial Times, la figura de Diosdado Cabello encarna un polo duro que promete confrontación, mientras la presidenta interina Delcy Rodríguez adopta un tono más pragmático y orientado a sostener acuerdos, especialmente energéticos. Esta fractura —paloma negociadora vs. halcón de aparato— vuelve más entendible la excarcelación: bajar asperezas internas y ampliar el margen de maniobra del ala que busca “estabilizar” (aunque sea a precio de tutela).
Y ahí aparece el punto central del cambio de época: el mundo entra en una fase donde el poder se mide menos por discursos y más por capacidad de control material (energía, rutas, finanzas, datos). La liberación de presos funciona como “señal de civilidad”, pero el tablero duro se mueve en otro carril: petróleo, sanciones, logística, puertos, contratos. Incluso quienes condenan la intervención la explican, paradójicamente, con la misma palabra: petróleo. En Sudáfrica, por ejemplo, manifestantes y autoridades denunciaron que la captura de Maduro respondió al objetivo de controlar reservas y exportaciones energéticas.
En América Latina esto es un quiebre psicológico. Porque deja un mensaje disciplinador: la política doméstica ya no alcanza para sostener soberanía económica si la estructura financiera y energética queda expuesta. Y por eso la épica que se intenta construir desde Caracas —“convivencia”, “liberación”, “paz”— convive con una épica contraria: la del hegemon que impone reglas, define transiciones y marca el precio del orden.
Lo novedoso, incluso para un mundo acostumbrado a hipocresías, es la naturalización. Se discute si los liberados eran “políticos” o “delincuentes”, si el gesto es genuino o cosmético. Pero el hecho disruptivo es que la región observa —en tiempo real— una transición con control externo como variable explícita, y se pregunta: ¿quién sigue? ¿cuál es el límite? ¿quién lo fija?
De cara a Sudamérica, el impacto doméstico será directo: más alineamientos, menos autonomía de decisión; más “prudencia” en discursos, más dureza en la economía real para sostener programas fiscales; y una reconfiguración del negocio energético y minero donde los países periféricos competirán por capital con una debilidad estructural mayor. Venezuela, con esta excarcelación, no solo busca descomprimir: busca comprar tiempo para reorganizar poder interno mientras el nuevo orden le redefine el afuera.
La liberación de presos puede ser una buena noticia humana y, a la vez, una radiografía brutal del tiempo histórico: la convivencia como necesidad, la soberanía como disputa, y la política como administración de daños. En el nuevo orden americano, la épica no la escribe quien promete: la escribe quien controla.
