La Cámpora envuelta en el escándalo de coimas con las DJAI
egún confiaron a LPO fuentes del sector importador, la práctica se había generalizado y consistía en cobrar una coima del 10 por ciento a grandes importadores que requerían varios cientos de millones de dólares mensuales. Pero a las Pymes que necesitaban autorizaciones para montos chicos, de algunos miles de dólares mensuales, el peaje era del 15 por ciento «porque si no, no es guita», argumentaban los funcionarios a cargos del sistema.
Este medio había revelado que después de la primera vuelta electoral, y ante la inminencia de una derrota, desde el Ministerio de Economía habían empezado a agudizar esta práctica, con un aumento grosero de autorizaciones de importación, obviamente con su consiguiente pago extra. Necesitados de productos y frente a la futura devaluación, a los empresarios le cerraba el pago del 10 o 15 por ciento extra y, por ende, aceptaban el mecanismo ilegal.
En el ministerio que conducía Axel Kicillof argumentaban que ellos habían dispuesto un sistema online sin contacto con los importadores para terminar con las discrecionalidades de la época de Moreno. Sin embargo, lo real es que no había contacto con aquellos que no aceptaban el pago de las coimas. Con los que se resignaban, el contacto sí existía.
Las fuentes del sector importador aseguran que las maniobras se veían con claridad en los locales comerciales. Por ejemplo, en el mercado de las notebooks, en general siempre se veían determinadas marcas con muchos modelos, otras con pocos y otras que directamente no lograban ingresar sus productos. Algo similar ocurría en el sector de la ropa, con las mismas empresas pudieron entrar toda su mercadería y otras como Polo o Hermes que directamente abandonaron el mercado argentino.
Tan perverso era el sistema que cuando se acercaban fechas de mucho consumo como el Día de la Madre, Navidad u otras, desde la Subsecretaría de Comercio Exterior empezaban a pisar todas las autorizaciones para obligar a los empresarios, desesperados, a negociar. Lo mismo cuando detectaban que una firma estaba por lanzar algún producto nuevo.
La trama fina del negociado
Los empresarios que sufrieron en carne propia el sistema sostienen que las maniobras provenían de la Subecretaría de Comercio Exterior que hasta el 9 de diciembre condujo Paula Español, una economista que respondía a Kicillof y Augusto Costa. Pero en el kirchnerismo niegan que la funcionaria estuviera al tanto de este esquema, una respuesta habitual ante este tipo de denuncias.
Una fuente explicó que la subsecretaria había montado un círculo de funcionarios afines que sostenían su gestión y estaba integrado por Matías Ginsberg, Andrés Tavosnanska y Matías Alfie, asistidos por las tres «secretarias» de Español, de nombres Georgina, Tamara y Paula.
Lo cierto es que las fuentes explican que en realidad el mecanismo lo llevaban adelante eran gestores que tenían la llave para conseguir que la Subsecretaría de Comercio Exterior habilitara las autorizaciones para importar. A través de ellos era la única forma de conseguirlas. Lo que nadie tiene claro es para quién trabajaban esos gestores, aunque las sospechas son todas en la misma dirección.
En la época de Moreno, el papel de los gestores en algunos casos lo cumplían integrantes de un gremio de estatales cercano al “súper secretario”. En aquella época, cuentan los empresarios, la “tarifa” era del 7 u 8 por ciento extra.
La sospecha de los empresarios es que las autoridades máximas no podían no estar al tanto porque en el último año el sistema se había degenerado y abarcaba prácticamente todos los sectores, era casi estructural.
Tanto era el desbande que a las empresas multinacionales estaban cada vez más complicadas para esconder esos pagos extras –que se efectivizarían a través de consultoras- en sus propios balances, lo que podría producirle serios inconvenientes a los ejecutivos locales.
Furiosos, varios de esos empresarios analizan con demandar a los funcionarios implicados y pedir a la Justicia que investigue el patrimonio de algunos responsables de la Subsecretaría de Comercio Exterior y el Ministerio de Economía.
