La casta busca eternizarse: el adelantamiento de elecciones en Jujuy como estrategia de supervivencia del feudo radical

Redacción Perico Noticias // La confirmación del adelantamiento electoral en Jujuy al 11 de mayo no es un hecho aislado ni responde a razones administrativas o de gobernabilidad, sino a una maniobra política orquestada por el exgobernador Gerardo Morales, quien sigue manejando los hilos del poder desde las sombras. Con esta jugada, el radicalismo busca evitar una derrota catastrófica en 2025, en un intento desesperado por mantener su hegemonía en una provincia que ha sido empobrecida de manera sistemática por el propio régimen que la gobierna desde hace más de dos décadas. Morales, ahora con aspiraciones de regreso en 2027, pretende asegurarse que su estructura de poder no colapse antes de tiempo, blindando su legado de impunidad y saqueo institucional.

En Jujuy, el modelo de concentración de la riqueza no responde al mérito ni a la inversión privada, sino a la afinidad consanguínea y a la distribución discrecional de los recursos públicos. La provincia se ha convertido en un laboratorio del feudalismo moderno, donde las instituciones están cooptadas por un esquema de control total de los tres poderes. Este adelantamiento electoral no solo busca ganar tiempo ante la evidente pérdida de apoyo social del radicalismo, sino también evitar que la oposición tenga margen suficiente para organizarse y capitalizar el descontento popular. Se trata de una medida que no responde a la necesidad del pueblo, sino a la desesperación de una casta que se aferra al poder a cualquier costo.

El plan de Morales y su círculo íntimo ha sido claro desde hace años: crear una pobreza funcional, estructural y diseñada, con el fin de someter a los municipios y a sus intendentes a una dependencia absoluta del Ejecutivo provincial. Con la ausencia de la coparticipación, han mantenido a los gobiernos locales como meras delegaciones administrativas, sin autonomía financiera ni capacidad real de desarrollo. Esta política ha generado un éxodo sin precedentes, con más del 53% de la población concentrada en el Gran Jujuy, un reflejo de la ausencia de oportunidades en el interior provincial. Las nuevas generaciones, en lugar de proyectar su futuro en sus propias comunidades, se ven forzadas a migrar a barrios marginales de la capital o a buscar alternativas en otras provincias, mientras las riquezas del suelo jujeño son explotadas por los mismos que condenaron a la provincia al atraso.

La desigualdad en Jujuy no es un accidente, sino un diseño maquiavélico. Se trata de un dibujo perfectamente estructurado para que las asimetrías internas solo permitan la existencia de un régimen político y económico exclusivo, basado en la perpetuidad del poder y la destrucción de cualquier alternativa real de cambio. Este modelo feudal no se sostiene solo con el radicalismo, sino que cuenta con falsos opositores que garantizan la estabilidad del sistema, una red de complicidades que atraviesa la justicia, la legislatura y hasta sectores del empresariado que han sabido beneficiarse de este esquema perverso. La convocatoria a elecciones anticipadas es otra demostración de que el régimen no tiene límites en su intento por aferrarse al poder.

La brutalidad del ajuste fiscal impuesto en Jujuy contrasta con la opulencia impune de la clase política provincial. Mientras la ciudadanía es acorralada por impuestos, tasas y una asfixia económica sin precedentes, la legislatura se otorga dietas millonarias sin ningún tipo de transparencia, como si vivieran en una provincia ajena a la realidad social que padecen los trabajadores, comerciantes y productores jujeños. Este modelo de «austeridad» solo se aplica para el pueblo, porque en el círculo de poder la fiesta continúa. Las promesas de una nueva matriz productiva han sido un fracaso rotundo, dejando a la provincia atrapada en el rezago y la dependencia. El supuesto desarrollo del litio, vendido como la gran apuesta de futuro, se ha convertido en un saqueo desenfrenado que expulsa comunidades originarias y depreda el medio ambiente, mientras los beneficios quedan en manos de corporaciones extranjeras y empresarios ligados al poder.

Los demás emprendimientos estatales, muchos de ellos creados bajo el paraguas de Sociedades del Estado (SE), han sido convertidos en empresas privadas mediante maniobras legislativas inconstitucionales, burlando cualquier control y sumergiéndolos en un triángulo de opacidad financiera donde los fondos públicos desaparecen sin dejar rastro. Este esquema de corrupción y saqueo ha permitido que el poder se perpetúe sin alternancia real, con una estructura diseñada para que cualquier disidencia sea silenciada o neutralizada antes de que pueda amenazar el status quo.

El adelanto de las elecciones es la última gran apuesta del régimen radical para sostenerse en el poder antes de que el malestar social termine por rebasar sus límites. Sin embargo, este escenario también abre una oportunidad única para que la oposición, la disidencia y todos aquellos que buscan una provincia libre de este modelo feudal converjan en un espacio común. Jujuy está en un punto de inflexión, y las elecciones del 11 de mayo no pueden ser solo un cambio de nombres dentro del mismo esquema de siempre. El pueblo jujeño debe asumir la responsabilidad de dar la batalla política e intelectual para recuperar la provincia de las garras de una casta parasitaria que ha drenado la vida de sus ciudadanos por demasiado tiempo.

Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién?