Redacción Perico Noticias // En un país donde los ciudadanos sufren la presión tributaria constante e incesante, el verdadero escándalo no está en la aplicación de tasas ilegales, sino en la cobardía de los supuestos defensores del pueblo y de los representantes de los consumidores, quienes permanecen en un cómodo silencio mientras los municipios extorsionan legalmente a sus habitantes. La reciente batalla judicial en San Pedro de Jujuy, que resultó en un fallo adverso al municipio por intentar cargar tasas en las facturas de electricidad, solo es un ejemplo más de una tendencia generalizada de abuso institucional.
El Caso de San Pedro de Jujuy: Una Batalla Ganada, pero una Guerra Perdida
En la ciudad de San Pedro, el municipio sufrió un revés judicial cuando intentó imponer una tasa sobre las facturas de electricidad, siguiendo una práctica común en varias localidades de Jujuy y del resto del país. Aunque la justicia declaró ilegal esta medida, el daño ya está hecho: los ciudadanos siguen cargando con el peso de una administración incapaz de generar recursos por vías legítimas y que opta por el camino fácil de gravar servicios esenciales.
Pero la pregunta que surge es: ¿Dónde están los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores en esta lucha? ¿Dónde está la oposición política, cuyo deber es cuestionar y resistir estos atropellos? El silencio de estos actores no es solo preocupante; es un acto de complicidad pasiva con un sistema que asfixia a los ciudadanos para sostener un aparato estatal ineficiente.
El Caso Caputo y la Tasa Vial: Una Mirada Nacional
Este fenómeno no es exclusivo de Jujuy. Luis Caputo, desde su posición en el gobierno nacional, denunció a los municipios del Gran Buenos Aires que aplican la «tasa vial» en la carga de combustibles. Esta práctica, que debería haber sido erradicada hace años, sigue siendo defendida por intendentes que ven en los ciudadanos un cajero automático para financiar sus déficits. La tasa vial, al igual que las tasas aplicadas en las facturas de electricidad y otros servicios esenciales, es un mecanismo disfrazado de recaudación que, además de ser inconstitucional en muchos casos, es profundamente inmoral.
Caputo ha iniciado una ofensiva en la Corte Suprema contra esta práctica, pero el hecho de que sea necesario recurrir al más alto tribunal del país para frenar estas medidas habla del grado de descomposición del sistema político y administrativo en todos los niveles de gobierno.
La Decepción de un Estado Desesperado
El caso de San Pedro y los municipios que imponen tasas en servicios esenciales reflejan la incapacidad de los gobiernos locales para encontrar soluciones reales a sus problemas financieros. En lugar de buscar maneras de fortalecer la economía local, atraer inversiones o promover el desarrollo privado, optan por la vía más sencilla: cargar más impuestos sobre una ciudadanía que ya está agotada.
Este modelo es insostenible. La presión tributaria no solo es económica, sino también emocional, desgastando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y alimentando el hastío hacia un sistema político que parece incapaz de reformarse.
El Futuro de la Resistencia Ciudadana
En un contexto donde el Estado no encuentra otra salida que la presión fiscal, y donde los supuestos representantes del pueblo no cumplen con su deber, la pregunta inevitable es: ¿Qué puede hacer la ciudadanía? La respuesta está en la organización y en exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno.
El fallo en San Pedro debería ser un precedente para que otras comunidades se levanten contra estas prácticas abusivas. Pero para que esto suceda, es necesario que los líderes sociales y políticos encuentren el coraje de enfrentarse a un sistema que privilegia el interés de los funcionarios por encima del bienestar del pueblo.
Un Llamado a la Acción
Es hora de que la ciudadanía deje de esperar que alguien más la defienda. Los municipios, asfixiados por sus propias ineficiencias, seguirán intentando cargar sus errores sobre los hombros de los ciudadanos. Pero la verdadera tragedia no es el abuso, sino la falta de una resistencia efectiva. Si los defensores del pueblo, las asociaciones de consumidores y la oposición política no están a la altura, entonces el cambio deberá surgir desde la base, con ciudadanos organizados que digan basta a esta opresión fiscal disfrazada de tasas y servicios.
El tiempo de las excusas terminó. Ahora, es el momento de exigir un gobierno que esté a la altura de las necesidades de su gente, y no un Estado que vive de gravar hasta el último respiro de sus ciudadanos.
