En Perico, hay una institución que no se negocia: la Cooperativa Telefónica. Y hoy, frente a una operación maliciosa que busca forzar su conducción y manipular la voluntad de los socios, corresponde hablar con claridad, firmeza y fundamentos. No todo vale en democracia. Y mucho menos en nombre de ella.
Durante las últimas semanas, un grupo reducido de asociados —representantes del triste pasado y de las ruinas en las que quedó la Cooperativa— intentó imponer una convocatoria a asamblea extraordinaria con fines destituyentes. Lo hicieron elevando un petitorio al Consejo de Administración, el cual fue analizado y rechazado formalmente por el síndico de la entidad, por improcedente, infundado y carente de legitimidad estatutaria.
Las supuestas firmas presentadas no fueron verificadas ni respaldadas por documentación, y además se encontraban en un anexo ambiguo y reutilizado para distintos propósitos desde hace más de tres meses. Es decir: ni claridad, ni legalidad. Aun así, lejos de respetar los mecanismos institucionales, optaron por avanzar de manera unilateral y publicar un edicto en un medio provincial, en un claro intento de confundir a la opinión pública y fabricar un hecho consumado.
Pero la ley no se interpreta: se cumple. Y la doctrina cooperativa es precisa respecto a los caminos que deben seguirse en casos como este. Cuando un grupo de socios desea promover una asamblea extraordinaria, y el Consejo de Administración la rechaza, el paso siguiente es solicitar a los órganos de fiscalización —INAES o autoridad provincial— que evalúen la situación y, si corresponde, intimar al Consejo a convocarla; en este caso las autoridades provinciales les notificaron que la Asamblea Extraordinaria que pretenden convocar es NULA. Nada los contuvo. Ignoraron los canales legales, violaron los principios cooperativos y actuaron por fuera del derecho, pues hasta ahora no comunicaron la suspensión del acto ilegal.
Consejo de Administración: firmeza ante la ilegalidad
Frente a esta maniobra temeraria, el Consejo de Administración con su Presidente Beatriz de los Ángeles Carmona actuó con celeridad y determinación: respondió mediante carta documento, elaboró actas notariales, e informó a los organismos correspondientes sobre el accionar antijurídico de los disidentes. Esta es la respuesta que se espera de una conducción seria: no prestarse al juego de los oportunistas que extrañan seguir medrando de la Cooperativa para saciar ambiciones económicas egoístas.
Hoy, el Consejo se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones, trabajando en la recuperación institucional, el saneamiento económico, la mejora de los servicios y la participación genuina de los asociados. Se gobierna con transparencia y diálogo, no con artilugios ni asambleas paralelas sin sustento.
No es política, es la ley
Los mismos que provocaron el colapso de la cooperativa ahora vuelven a escena intentando imponer condiciones por fuera del marco legal. Disfrazan su estrategia de participación, pero lo que los guía es el oportunismo y la nostalgia por un tiempo en que las cuentas no cerraban y el control brillaba por su ausencia. Esto no es una disputa ideológica: es legalidad contra ilegalidad.
Perico merece una cooperativa ordenada, no un retorno al caos
Esta editorial no es solo una defensa jurídica. Es una defensa moral e institucional. Es un mensaje claro para los asociados: la Cooperativa Telefónica no está sola, y su conducción está dispuesta a defenderla con todas las herramientas que el orden jurídico ofrece.
Porque la legalidad se honra. La legitimidad se defiende. Y la dignidad no se arrodilla ante el pasado.