La Desidia de Gallardo es más nefasta que la pandemia

28 de octubre del 2020 // La Sra. Julia Cari, quien perdió a su esposo Gregorio Martinez, empleado municipal de la ciudad de La Quica, abatido este último por el COVID19, expuso públicamente, en radio Klaxxon, el injusto drama económico que padece su familia.

La viuda, aún no fue beneficiada por disposiciones administrativas vigentes, ni por la ordenanza que impartió el CD; ambas normativas tienden a mitigar las consecuencias de las pérdidas humanas que el COVID19 está generando en la sociedad.

En el caso de los empleados fallecidos por esta infección, se establece el reemplazo del mismo por un familiar directo. Sin embargo, pasaron tres meses y la viuda, ya no encuentra recursos para seguir sosteniendo a sus cinco hijos, uno de los cuales dejó sus estudios para tomar el cargo del padre y asumir los compromisos familiares.

La Sra. Julia Cari, también expresó su decepción con uno de los gremios al cual estaba afiliado el extinto “Goyito” ya que los delegados hacen oídos sordos a los derechos de la familia Martinez. Al parecer, el Intendente, quien se comprometió a no soltarle la mano a la Julia Cari, está especulando con ceder la vacante para saldar una de sus cuentas políticas -sospechan-.

Julia Cari, comentó sobre el sentido común de las normas dictadas para proceder al reemplazo, comentando la actitud del Intendente de la capital de la provincia, quien ordenó en solo días, cuando sucedieron hechos similares en el municipio que preside, buscar a los familiares de los fallecidos para dar inmediata cobertura laboral.

Sin embargo, el Intendente de La Quiaca Blas Gallardo, a quien se dirigió públicamente con respeto, tras agotar los pasos administrativos, hasta la fecha no resolvió aplicar la ordenanza creada para subsanar el inminente deterioro familiar.

La inhumanidad del jefe comunal, manifiesta síntomas siniestros, ya que para un hombre de cualquier procedencia política, la preservación de la familia como célula base del tejido social es incuestionable, más aún para aquellos que dicen representar a la Justicia Social.

En otras comunidades, los concejales, dictaminaron ordenanzas para que se protejan las familias de los que lamentablemente fallecieron por COVID19, otorgando contemplaciones y desde luego el reemplazo laboral por un familiar directo, aun cuando las DDJJ no fueron firmadas por los titulares por la irrupción de la pandemia; estas normativas salieron con dispositivos de suspensión en caso de incumplimiento del jefe comunal.