La detención de un reconocido productor  tras un procedimiento en una finca de Salta, lleva al sector al replanteo del sistema tabacalero, el cual debe abordar nuevas estrategias, entre ellas la mecanización de la producción.

DDHH y AFIP cargan contra el sector tabacalero

Jujuy. 10.03.2014

El sector viene soportando demasiados problemas generados desde todos los niveles que constituyen la coyuntura de la producción tabacalera como economía regional; Gobierno, Industria y Entidad Gremial.

En este sentido los procedimientos que vienen realizando representantes de los DDHH, la AFIP, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la Policía Federal Argentina, en las provincias de Salta y Jujuy, con productores detenidos, hacen que todo el sistema tabacalero demande desarrollar una estrategia para refundar la arquitectura de la actividad.

La entidad gremial, que llevó adelante los convenios de corresponsabilidad gremial y apoyó durante 10 años varios programas para erradicar el trabajo infantil en las fincas, no obtuvo sin embargo las metas propuestas que superen informalidades ancladas en cuestiones de tradición laboral, dejando una vez más estigmatizada a la actividad a pesar de los esfuerzos que  realizan los productores, que castigados por el Gobierno Nacional, entre otros actores responsables, ya que hace tres meses que no envían las transferencias (FET) que les corresponden por ley, cuyos fondos son depositados por la industria mes a mes; incumplimientos que no poseen el rigor de las multas y las detenciones que padecen los productores, quienes están en una situación de subsistencia, pero que sin embargo se ocupan de mantener el nivel de empleo en una zona de probada vulnerabilidad social.

El sector ahora está obligado a realizar una convocatoria para debatir ideas y propuestas que consoliden una plataforma que permita conservar y proyectar la actividad.

Las inconsistencias probadas de los Poas (Programas Operativos Anuales) que se gestionan para cumplir con los términos de la ley 19800 ante la Unidad de Reconversión del Área Tabacalera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, deben ser repensados en términos y propósitos, integrados a un plan director que permita la sinergia hacia objetivos de recomposición de todo el esquema tabacalero.

Hasta ahora no hubo un uso adecuados del porcentaje del 20% para erradicar ciertas debilidades sociales que cuestan superarlas. De ninguna manera es aceptable el trabajo infantil; pero también sería importante que haya mecanismo para realizar tareas relevamientos sociales de inclusión de los pobladores rurales en políticas inclusivas del gobierno. Esta franja de pobladores están absolutamente excluidos de los programas habitacionales, como desplazados de los servicios convencionales para el desarrollo humano, encontrando muchas veces en las fincas la posibilidad de atender las necesidades familiares, a la vez de encontrar trabajo, oferta escasa en una provincia empobrecida.

Hace unas semanas el Titular Ejecutivo del  PROSAP, Jorge Neme firmó un acuerdo por 119 millones de pesos para financiar un proyecto productivo entorno a la actividad del Ingenio La Esperanza.

En esa oportunidad el propio Gobernador Eduardo Fellner alertó que en esa subregión de la provincia el desempleo llega al 30%, informe adjuntado por el Banco Mundial, uno de los financista del Proyecto que se ocupó de referenciar a esa comunidad y periferia como un centro de vulnerabilidad social preocupante, justamente allí hubo numerosos saqueos durante el conflicto policial de diciembre pasado que termino con 14 víctimas fatales en toda la argentina.

Sin embargo, parecería que el Dpto. de El Carmen, donde se lleva adelante una actividad que el propio gobierno pondera como la economía más mayor impacto social que posee Jujuy, y la vende en sus discursos como modelo distributivo, no cuenta con la asistencia logística, ni financiera para superar las debilidades que el estado ahora condena.

Inclusive las paritarias acordadas entre la patronal y los obreros rurales fueron desconocidas por el gobierno nacional, fijándolas por debajo de las disposiciones del Estatuto del Peón, medida que llevó a la UATRE a tomar medidas de fuerza en diciembre pasado.

Es decir, hay varios incumplimientos y violaciones por parte del estado nacional, por lo cual un camino de construcción desde el diálogo para redefinir procedimientos sería el paso aconsejable para las entidades involucradas.

La presión fiscal permanente que se ejerce sobre el sector y ahora la persecución desmedida, ya que podrían tomar metodologías más amigadas con la crisis económica que ha desfinanciado a los productores, los cuales están sin transferencias, sin precio por su producción ya entregada, enfrentando una inflación que no se detiene, con el agravante de haber quedado afuera de los beneficios de la devaluación, amén de no sentirse representados por la entidad gremial, al menos en Jujuy, la cual ante el hecho sucedido en Salta, donde el productor acusado es jujeño, pone su principal mecanismo mediático -que pagan los productores-, a defenestrar  las muestras de solidaridad de sus propios asociados, promoviendo la profundización de la grieta en el sector.

Este proceder, está generando un pedido de audiencia inmediato al Ministro de la Producción de la Provincia para su pronta intervención en todas las variables que desde la cartera pueda atender, para reconstruir el presente de tan importante sector económico, el cual habiendo sido señalado como el mayor generador de empleo, después del estado provincial, ante esta situación de presión fiscal, deberá recurrir a la mecanización de su producción, entre otras políticas de reducción de costos, para dejar de ser un cultivo intensivo, produciendo otro lamentable éxodo de trabajadores jujeños a los grandes centros urbanos, además de profundizar la vulnerabilidad social en la provincia.