La negociación por el precio del tabaco argentino dejó al descubierto una de las tensiones más profundas del sistema agroindustrial nacional: la desconexión entre el eslabón productivo y la lógica especulativa de una industria que no quiere soltar su rentabilidad, aún a costa del quebranto del productor.
En Jujuy, donde la economía tabacalera es la columna medular de la actividad privada en la provincia, la situación es crítica. La industria ofreció una actualización de precios muy por debajo del umbral de sustentabilidad, ignorando tanto la inflación acumulada como los costos reales de una campaña que fue dura, costosa y en muchos casos financiada con deuda.
Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, no dudó en poner el cuerpo y la palabra para exigir un precio justo. Gracias a su gestión, y presión de su par salteño esteba Amat, al menos se logró que la industria comience a pagar de inmediato parte de lo entregado, evitando el colapso de muchos pequeños productores. Pero eso no resuelve el núcleo del conflicto: la brecha entre lo que cuesta producir y lo que quieren pagar.
Mientras la industria tabacalera goza de la eliminación de retenciones a las exportaciones, beneficio otorgado por el gobierno nacional, se niega a distribuir ese margen de mejora hacia los sectores productivos. Esa decisión desnuda una lógica rentista, insostenible y socialmente irresponsable.
Por su parte, el gobierno provincial de Jujuy intentó interceder, pero sin éxito, mostrando los límites de su influencia en un mercado donde debería ser garante de equilibrio, no un testigo silencioso. Además, debe asumir su parte: revisar urgentemente la presión tributaria sobre la producción primaria. No se puede exigir a la industria sin al mismo tiempo generar condiciones fiscales que protejan al eslabón más débil de la cadena.
El tabaco jujeño no necesita limosnas, necesita coherencia, razonabilidad y compromiso real con la cadena de valor. Negarse a reconocer los costos productivos es, en definitiva, condenar a muerte al modelo que sostiene a vastas zonas rurales de la provincia.
El precio del tabaco no es una cifra: es el espejo de una política económica. Y, por ahora, ese espejo devuelve una imagen distorsionada, donde el que produce queda siempre del lado más roto.
Conclusiones clave:
- La oferta de la industria es incompatible con los costos reales de producción.
- La postura de la Cámara de Jujuy, en cabeza de Pascuttini, tiene fundamento técnico y legitimidad social.
- La industria debe redistribuir sus beneficios fiscales para fortalecer toda la cadena.
- Los gobiernos deben alinear su política fiscal a favor del productor.
- Sin coherencia y sustentabilidad, la cadena tabacalera colapsará por dentro.
Pero más allá del tecnicismo económico, lo que se impone es una lectura política más cruda: la baja oferta de la industria no es solo un error de cálculo, sino una maniobra premeditada que propicia el quiebre de la actividad. Esta estrategia de asfixia pone en jaque a cientos de pequeños productores, facilita la concentración del negocio y abre la puerta a un nuevo ciclo de dependencia estructural. Si la cadena de valor se rompe desde abajo, lo que sigue no es eficiencia, sino devastación social.
Frente a esto, los gobiernos de Salta y Jujuy no pueden limitarse a ser simples mediadores neutrales. La omisión es complicidad. Si no intervienen con medidas firmes —tanto de presión política como de acompañamiento financiero— estarán siendo funcionales a una estrategia de vaciamiento rural que solo beneficia a los grandes jugadores. La defensa del tabaco no es solo sectorial: es una cuestión de soberanía productiva.
En una economía nacional en retroceso, donde el esfuerzo del sector primario mantiene a flote regiones enteras, la sustentabilidad no puede seguir siendo un discurso vacío. Necesita precios reales, coherencia en la cadena de valor y un Estado que no sea solo árbitro, sino defensor activo de su producción.
La dignidad rural no se negocia a la baja. Y en Jujuy, al menos, todavía hay quienes se plantan para recordarlo.