La Justicia le puso freno al látigo libertario: suspenden el DNU de Milei que cercenaba el derecho a huelga

Una jueza laboral encendió la mecha de un nuevo conflicto institucional: la magistrada Moira Fullana suspendió los artículos más polémicos del DNU 340/2024 de Javier Milei, que buscaban restringir severamente el derecho a huelga en casi todos los sectores de la economía. El fallo, resultado de un amparo presentado por la CGT, no solo representa un revés judicial para el gobierno libertario, sino que abre interrogantes inquietantes sobre el futuro inmediato de la flexibilización laboral que impulsa el oficialismo con furia privatizadora.

Los artículos suspendidos —el 2 y el 3 del DNU— consideraban «servicios esenciales» a actividades tan amplias como el transporte, la educación y la administración pública, lo que en los hechos anulaba la posibilidad de ejercer el derecho constitucional a la protesta laboral. La jugada de Milei fue clara: convertir casi todo el aparato estatal y privado en «esencial», para que nadie pueda parar. Una trampa libertaria disfrazada de orden público.

La jueza Fullana no compró el argumento. Recordó que el Congreso está sesionando normalmente, lo que desactiva la excusa de «necesidad y urgencia» que el Poder Ejecutivo utilizó para saltear el debate legislativo. En su fallo, fue contundente: «Se impone la configuración de una situación de grave perturbación económica, social o política, que represente el máximo peligro para el país. Y eso, en este caso, no se verifica.»

Es decir, el DNU fue un decreto sin urgencia, pero con urgencia de disciplinar. Y la justicia laboral, por ahora, no lo toleró.

El trasfondo es más profundo: Milei sigue intentando mover todas las causas sindicales al fuero Contencioso Administrativo, más permeable a sus intereses. Pero esta maniobra quedó expuesta y rechazada. El Poder Judicial laboral, históricamente protector de derechos laborales conquistados, resiste.

¿Qué viene ahora?

Esta suspensión no es definitiva, pero sienta un precedente feroz. Si el DNU 340 cae en su totalidad, se le desarma una de las piezas centrales del andamiaje antisindical y de ajuste que el gobierno de La Libertad Avanza quiere imponer. El revés también reconfigura el escenario parlamentario: el Congreso, obligado ahora a intervenir, podría tener la última palabra, y no será fácil para el oficialismo reunir los votos necesarios.

El dilema libertario queda expuesto: ¿Puede avanzar un proyecto de flexibilización sin respaldo político, social ni jurídico? Hasta ahora, los jueces, los sindicatos y hasta algunos bloques opositores comienzan a decir que no.

En paralelo, se reaviva el debate sobre la deriva autoritaria del gobierno de Milei, que se ha acostumbrado a gobernar a puro decreto, intentando blindarse con narrativas de guerra y enemigos internos. Pero ni siquiera la doctrina del «Estado mínimo» puede justificar la anulación de derechos consagrados como la huelga, pilar histórico de la democracia argentina.

En este contexto, la pregunta ya no es si la flexibilización laboral avanzará. La verdadera pregunta es: ¿hasta dónde llegarán las banderas libertarias antes de estrellarse contra la Constitución?

Por lo pronto, la justicia le dijo no al látigo, y sí al derecho a luchar.